La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Chrysallis, asociación de familias de infancia y juventud Trans, y Fundación Triángulo, quieren que la Ley Trans y LGTBI cumpla con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2019, en la que se establece que los menores tienen derecho a modificar su nombre y sexo, siempre que demuestren madurez y estabilidad.
Así se lo ha trasladado al PSOE en una reunión que estas entidades han mantenido este jueves en el Congreso, para explicar a los socialistas las posibles mejoras que se pueden aplicar a la norma durante su tramitación en la Cámara baja. El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros permite la rectificación del sexo de forma autónoma a partir de los 16 años, mientras que los menores de 14 y 15 años lo podrán hacer, pero asistidos por su padre, madre o tutor legal. En estos dos casos no hay tampoco evaluaciones psicológicas o médicas, ni hormonación.
Mientras, entre los 12 y los 14 años la situación cambia porque se necesita una aprobación judicial y el juez puede pedir las pruebas que considere necesarias. En ambos casos, la rectificación se podrá ratificar dos veces en tres meses y será un proceso reversible en los seis meses siguientes.
Pero, además de la ampliación de esta medida, las organizaciones LGTBI piden también la apertura del cambio registral de sexo a las personas extranjeras, con independencia de su situación administrativa; y también medidas para garantizar el reconocimiento en la documentación de las personas no binarias.
«SORPRESA» ANTE LA REAPERTURA DEL DEBATE
Tal y como han explicado las organizaciones, durante en el encuentro han trasladado al PSOE su «sorpresa y perplejidad» por los intentos, en este momento preelectoral, de reabrir un debate que se cerró en 2021, cuando las entidades LGTBI y el Gobierno llegaron a un acuerdo para que el texto fuera aprobado en Consejo de Ministros.
Han recordado que, entonces, «se hizo un gran esfuerzo de cesión, pacto y de contención», para que el texto final del Proyecto de Ley fuese aprobado por el Ejecutivo, por lo que, a su juicio, «no cabe la posibilidad de que se dilate o se alargue su tramitación, como están solicitando algunas organizaciones ultraconservadoras».
La presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, ha recordado lo «mucho» que costó «desbloquear la ley» el año pasado. Es por eso que está «segura» de que «el PSOE va a respetar el acuerdo alcanzado». «Además, muchos de estos derechos ya están reconocidos en múltiples comunidades autónomas y su balance ha sido muy positivo para el colectivo de esas regiones», ha explicado. Las organizaciones, de hecho, se han mostrado «confiadas» tras el encuentro de que el principal partido en el Gobierno va a «hacer honor a la palabra dada y lo pactado, sin perjuicio de explorar las mejoras en el texto».
«Confiamos en que tras varios años de trabajo consensuado con el gobierno y tras dialogar con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, está ley será realidad. Es de justicia que así sea», ha declarado José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo. Por su parte, Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, ha recordado que «los derechos humanos de la infancia y juventud Trans no pueden retroceder en lo ya avanzado, sino que este proceso tiene que enriquecerse, asegurando que la infancia trans forma parte del presente y el futuro de esta sociedad».
