El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado este lunes que el Gobierno «no escuche» ni «atienda» la propuesta «sensata» y «asequible» que le ha presentado Alberto Núñez Feijóo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha destacado que Europa ya está advirtiendo de las «consecuencias» de no «desatascar» este asunto. Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión con el equipo económico del partido para analizar el plan fiscal del Gobierno, al ser preguntado si el PP va a mover ficha para desbloquear esa renovación. Este fin de semana, la ministra portavoz Isabel Rodríguez, pedía a los ‘populares’ salir de la «rebeldía constitucional» y tomar este mismo lunes una decisión de desbloquear el CGPJ.
Bravo ha asegurado que el PP presentó una propuesta como se comprometió Alberto Núñez Feijóo en su reunión con Pedro Sánchez en Moncloa para avanzar en «independencia del Poder Judicial» y con propuestas que, en su opinión, «cualquiera de la calle que las escuche, le parecerá bien». «Es verdad que no entramos en un cambio de cromos porque entendemos que el cambio tiene que ser más profundo, de independencia real», ha manifestado, para quejarse de que el Gobierno no haya aceptado la propuesta judicial del PP.
DICE QUE SU PROPUESTA VA EN LÍNEA CON LO QUE DICE EUROPA
Aunque ha señalado que su partido está «abierto a solucionar los problemas» del país, ha afirmado que la posición del PP es «clara», como se recoge en el documento que enviaron a Moncloa. «La hemos planteado por dos veces y las dos veces el PSOE la ha desechado», se ha quejado.
Según Bravo, por parte del PP es «difícil» hacer algo más «si la otra parte no quiere escuchar o no quiere atender». «Creo que nuestra propuesta es sensata y en línea con lo que dice Europa. Y Europa incluso está advirtiendo de las consecuencias que puede tener no ser capaz por parte del Gobierno desatascar este problema», ha avisado.
El vicesecretario de Economía del PP ha reiterado que Alberto Núñez Feijóo ha realizado un planteamiento «lógico, sensato y asequible para intentar desbloquear esta cuestión», después de que el órgano de gobierno de los jueces lleve más de tres años y medio caducado.
