martes, 29 noviembre 2022 03:56

Más allá de la sequía: el regadío ilegal vacía los acuíferos del sur hasta en 6 metros de media en diez años

A finales de agosto, la laguna más grande del Parque Nacional de Doñana se convertía en un secarral. Era la última consecuencia visible de la peor sequía meteorológica registrada en España en los últimos 27 años. La falta de lluvias y el calor se ensañaron especialmente con aquellas regiones que, por sus condiciones climáticas y su actividad humana, veían mermados sus recursos hídricos desde hacía años.

No es sólo la sequía. El regadío y la sobrexplotación son las causas principales del agotamiento de los acuíferos de nuestro país, según cuentan los expertos a este medio.

“La contaminación por nitratos [fertilizantes] y la sobrexplotación –extracción de agua de un acuífero por encima de su capacidad de recarga– son los mayores problemas a los que se enfrentan algunos acuíferos en España”, subraya Enric Vázquez-Suñé, experto en aguas subterráneas e hidrología del Instituto de Diagnósticos Ambientales y Estudios del Agua (IDAEA) del CSIC. Es entonces cuando el estrés hídrico provocado por la sequía hace estragos.

Entre 2011 y 2020, el nivel del agua subterránea de las demarcaciones de la mitad sur de la Península descendió entre 1 y 6 metros de media. Se trata de las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y cuenca Mediterránea Andaluza. También la gaditana cuenca del Guadalete y Barbate ha descendido, si bien de esta sólo se han podido analizar los dos últimos años de este periodo. Así lo evidencia el estudio realizado por Moncloa.com de los datos de la Red Piezométrica centralizados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) en el decenio 2011-2020 y que miden la cantidad y calidad del agua de los acuíferos de todas las demarcaciones hidrográficas del país.

El mapa del agua en España no sigue las delimitaciones territoriales habituales, sino que atiende a razones más orgánicas, vinculadas generalmente al surco de un río importante. La cuenca del Guadalquivir es la más grande del sur de España y abarca todas las masas de aguas superficiales y subterráneas que brotan del río que le da nombre desde su nacimiento en la sierra de Cazorla (Jaén) hasta su desembocadura en Cádiz, recorriendo a su paso las provincias andaluzas de Jaén, Granada, Córdoba y Sevilla.

De las 62 masas de agua subterránea de la cuenca del Guadalquivir se han podido analizar 52; de las cuales 49 presentaban un balance negativo: de media contenían tres metros menos de agua en 2020 que en 2011.

Que los niveles de agua de una cuenca desciendan no es necesariamente un fenómeno anormal, sobre todo teniendo en cuenta que la escasez de agua se alarga en esta región desde 2018. “Explotar los acuíferos en momentos de sequía no es, en principio, una aberración ecológica”, defiende Fermín Villarroya, profesor jubilado de hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid. Pero con la sequía, explica Villarroya, “hace disminuir las aguas superficiales y, por tanto, los embalses y las presas, así que explotamos más los acuíferos”.

De esta manera, los niveles del agua bajo tierra descienden. Es una práctica que, según el hidrogeólogo, no debería ser problemática siempre que se dejen de explotar cuando vuelvan las precipitaciones. Pero las lluvias cada vez son más escasas y la demanda de agua se mantiene firme e incluso ha aumentado en determinadas regiones.

Doñana es el paradigma de esta falta de recarga de agua. Tres de las cinco masas subterráneas–La Rocina, Almonte y Marismas- que alimentaban el Parque Nacional fueron declaradas en junio de 2020 “en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo” por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A 30 de septiembre de 2022, el organismo confirmaba a este medio que, junto a la masa Aljarafe Norte, continúan en mal estado.

Aquel diagnóstico evidenció las consecuencias de las extracciones no autorizadas de agua y ponía el foco en la necesidad de un mayor control de esta práctica ilegal. Según la información del MITECO, durante 2019 se detectaron y denunciaron en Doñana al menos 379 hectáreas de riego no autorizado y se cerraron 116 pozos ilegales.

Las sustracciones no autorizadas de agua se producen a lo largo y ancho del país. Es lo que podría estar pasando en algunas regiones de la cuenca hidrográfica Mediterránea Andaluza, la franja de tierra que acompaña el litoral mediterráneo entre la bahía de Algeciras (Cádiz) y el sur de Murcia. En el área limítrofe entre Málaga y Granada se vienen extendiendo desde hace décadas los cultivos de regadío. Esta transformación comenzó en 1989 con el Plan Guaro, que permitió la conversión de secano para el cultivo de frutas subtropicales –principalmente aguacate y mango- y que ha continuado ampliándose hasta nuestros días. Cultivos que, además, demandan una gran cantidad de agua.

Esta demarcación fue la que sufrió un mayor descenso en los niveles de agua de sus acuíferos en el periodo estudiado: seis metros de media en diez años. Compuesta por 46 masas de agua, la disponibilidad de datos ha permitido analizar 41. Todas ellas vieron un descenso en sus niveles de agua subterránea entre 2011 y 2020.

También los acuíferos de la cuenca del Guadiana han experimentado descensos en sus niveles medios: alrededor de 4,5 metros menos sobre el nivel del mar. En este territorio se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, señalado por el MITECO y por diversos colectivos ecologistas como otro de los puntos negros de la sobreexplotación de sus acuíferos. “Los pozos ilegales aquí son un problema de sobra conocido”, denuncia Alberto Fernández, miembro del patronato de ese parque nacional y del Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Señala la infradotación de las confederaciones como principal escollo para luchar contra estas prácticas. “Es como si pones a la policía a luchar contra los ladrones y les das espadas de madera”, denuncia. “También tiene que haber un mayor apoyo de los jueces a la autoridad fluvial”.

Las aguas de la Región de Murcia, pertenecientes en su mayoría a la cuenca del Segura, habrían sufrido un descenso similar. En 2017, WWF y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) estimaron en más de 12.000 las hectáreas de regadío no autorizados en el Campo de Cartagena.

Tras ser consultada, a 14 de septiembre de 2022, la Confederación del Segura afirma que ninguna de sus aguas se encuentra en situación de sobrexplotación. Añade que el estado de cuatro de las 45 masas de agua subterránea que componen la cuenca ha mejorado, si bien la escasez de datos de los piezómetros disponibles de esta cuenca ha imposibilitado el análisis de la tendencia de sus acuíferos por parte de este periódico.

Por su parte, las masas de agua de las cuencas del Tajo y del Ebro incrementaron sus cotas en 0,6 y 3 metros de media respectivamente.

Los vacíos de información de la Red Piezométrica pueden alargarse durante meses o años debido a “fallos técnicos o incluso a falta de presupuesto de las confederaciones, explica Alberto Fernández al ser preguntado al respecto. Esta carencia de datos ha obligado a la reducción del periodo de estudio de los datos en la cuenca gaditana del Guadalete y Barbate (2018-2020), de las cuencas Cantábricas Oriental y Occidental (2016-2020 y 2011-2016), Galicia Costa (2013-2020) y Miño-Sil (2011-2020) en Galicia y la cuenca del Duero (2012-2020), al noreste del país y del Júcar en el Levante valenciano (2019-2020).

Estas últimas, situadas en la mitad norte de la Península, son las que han experimentado balances más positivos o estables entre 2011 y 2020. “En la España húmeda, los niveles piezométricos tienden a estabilizarse debido a los manantiales, unos aliviaderos naturales donde los acuíferos vacían agua una vez se colman”, ahonda Villarroya. Otra explicación para la subida del nivel del agua en los acuíferos es que dejen de estar explotados.

En cualquier caso, las medias siempre suponen una generalización que tiende a ocultar matices. Por eso, en términos de sobrexplotación, Viçent Acuña, investigador y coordinador del área de Recursos y Ecosistemas del Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA) recuerda que “no sólo es el sur” el que sufre sobrexplotación. “En la cuenca del Ebro se usa más de la mitad de agua fósil – agua que tiene más de mil años bajo tierra- y en el Guadiana, el Júcar y el Guadalquivir es el pan nuestro de cada día. Eso es un problema a largo plazo”, subraya.

Al ser preguntadas por los niveles de sobrexplotación de sus masas de aguas subterráneas, sólo siete de las 16 confederaciones consultadas han respondido. Únicamente las confederaciones del Guadalquivir, Júcar y de Baleares han confirmado tener alguna de sus masas de agua en mal estado cuantitativo.

Cerrar el grifo al regadío ilegal

Los hijos de Francisco Navas, agricultor de regadío jubilado de Ciudad Real, preparan la segunda siembra del año. Cultivan la tierra que antes cultivó su padre y que antes trabajó su abuelo. Apenas 10 hectáreas dedicadas a la producción de frutas que en la última década se han vuelto menos rentables. “Ahora tienes que invertir más para cultivar, pero vendes por el mismo precio”, critica Navas.

La sequía ha limitado aún más la producción de estos agricultores de la cuenca del Guadiana. “Hay muchos que han sembrado menos hectáreas porque no había bastante cupo de agua para regar toda la tierra que tenían”, explica Navas. Y asegura: “No se derrocha nada de agua, están todas muy controladas”. Para explotar de forma sostenible un recurso natural finito todos tienen que cooperar: de un mismo pozo riegan varios agricultores que se alternan los días o las horas de riego.

Por eso, Navas cree que la sobrexplotación que se da en algunos acuíferos de la cuenca no se debe a los pequeños agricultores que explotan uno o dos productos al año “y que realmente viven de la tierra”, sino a “los grandes terratenientes, que alquilan 200 o 300 hectáreas a otros que las explotan”. Abunda: “El señor que ha pagado por esas tierras tiene que sacar todo el provecho que pueda. Se le ha dado titularidad de agua a muchas personas que en realidad no viven del cultivo”. Además, critica que haya gente que se haya pasado al regadío de forma irregular. “En todos los sitios hay gente con más poder que otros”, lamenta.

Actualmente, hay en España 3,8 millones de hectáreas de regadío, de acuerdo con los datos de la encuesta oficial sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE). Cereales, olivos, viñedos y cítricos crecen en parcelas que se concentran en Andalucía, las dos Castillas, Extremadura y la Región de Murcia y que en términos nacionales suponen el 80% del consumo total de agua en España en un año, según datos del INE.

¿Cómo se calcula el agua que necesitan estos cultivos? Cada cinco años, las 17 demarcaciones hidrográficas que gestionan el consumo de agua en España establecen sus planes hidrológicos. Estos regulan los usos del agua en función de los recursos disponibles en cada territorio y de las predicciones de lluvia para ese periodo. En el caso de la agricultura, el divisor son las hectáreas de regadío autorizadas en el territorio.

“Las grandes captaciones de agua superficial y subterránea para regadío están bien controladas”, detalla el investigador Acuña. Pero advierte: “Luego hay otras no declaradas que sacan más agua de la debida”.

Abuso del agua en la agricultura más sequía: cóctel explosivo

El regadío ilegal supone la principal causa del agotamiento no natural de los acuíferos del país, según los científicos y las organizaciones ecologistas consultadas. Sin embargo, no existe un dato claro sobre el número de hectáreas irregulares existente en España. “Tradicionalmente se dice que es de un 10%, pero creo que es más. Lo veo en el campo”, asegura Santiago Martín Barajas, ingeniero agrónomo y activista de Ecologistas en Acción.

En el informe “El robo del agua: cuatro ejemplos flagrantes del saqueo hídrico en España”, la organización WWF estimó en más de 88.000 hectáreas a la extensión del regadío ilegal en España. Es decir, que no existe control sobre el agua que se extrae de los acuíferos para regarlos.

Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), contradice las estimaciones de los ecologistas. “Exageran”, alega. “Si hubiera hectáreas ilegales, somos los primeros que los denunciamos”.

Para Navas, la generalización también es peligrosa. “El regadío, si no sobrexplota los recursos de agua, es bueno porque da de comer y de vivir a muchísima gente. Lo que hay que hacer es controlar. Un señor con 2000 hectáreas no puede regar 1500”.

En 2021, el SEPRONA investigó más de 1.500 infraestructuras de extracción ilegal de agua – perforaciones y sondeos ilegales- e impuso más de 2.300 infracciones administrativas en la gestión de los recursos hídricos en el marco de la operación Mizu II, si bien no concreta cuántos pozos ilegales o hectáreas de regadío ilegal han sido detectadas en España en los últimos años.

“El regadío ilegal no se esconde, simplemente hay que perseguirlo”, defiende el ecologista Barajas, quien señala la responsabilidad de las consejerías de agricultura, MAPA y MITECO en la lucha contra la sobrexplotación. Por el momento, los ecologistas reclaman “que no se amplíe ni una hectárea de regadío más” , además de “reducir las que ya tenemos”.

Ninguna de las 16 confederaciones hidrográficas consultadas – sólo cinco de ellas respondieron- ha confirmado tener planes para aumentar este tipo de cultivo. Sin embargo, las autoridades competentes de algunas regiones de España llevan años tratando de regularizar cientos de hectáreas de regadío, como ocurre en Doñana o en la Confederación Hidrológica del Segura. Desde Bruselas, vigilan con atención estos movimientos, y amenazan a España con sanciones si no protege el Parque Nacional de Doñana.

La Confederación Hidrológica del Guadalquivir, encargada de regular el uso del agua en esta zona, recalca que en la cuenca “no se han otorgado nuevas concesiones para riego desde 2005”, y que todas las ampliaciones pendientes –8.500 hectáreas entre Córdoba y Ciudad Real y otras tantas aún por definir- se planificaron antes de esa fecha.

La Confederación Hidrográfica del Duero, en vías de aprobar su nuevo plan hidrológico, está negociando la ampliación de más de 10.000 hectáreas de regadío en La Armuña.

“Las aprobaciones de nuevas superficies no son técnicas, son políticas. Y los problemas vienen de ahí”, critica Viçent Acuña. “Si hubiera una transición masiva a técnicas de regadío más eficientes, quizá se podrían ampliar las hectáreas, pero con las usadas hoy es absurdo”, amplía.

El Gobierno español ha recogido el guante y ha convertido esta tarea en uno de los objetivos de financiación de los Fondos Next Generation. A través de la línea de actuación de digitalización del regadío, incluido en el PERTE de Digitalización del Agua, y financiados con 200 millones de euros, España busca mejorar la eficiencia en el uso del agua para la agricultura. Andrés Campos, de FENACORE, defiende que la modernización del regadío es la única vía para combatir la sequía. “Nos queda un millón de hectáreas por modernizar”, recuerda.

Según sus cálculos, alrededor de un 10% del agua destinada al regadío se desperdicia debido a las malas condiciones de las infraestructuras hidráulicas y a técnicas obsoletas como el riego a manta. La digitalización se materializaría entonces en “la instalación de sensores en el suelo, de satélites para entender el nivel de agua que necesita la planta”, explica el investigador Acuña.

Con la certeza científica del aumento de las temperaturas y hasta la aplicación de estas medidas, las opciones que quedan por delante son claras: “No explotar tanto, explotar en sitios más favorables y proponer medidas compensatorias”, recomienda el experto Vázquez-Suñé. Y esperar a que la lluvia vuelva a inundar los acuíferos de Doñana.

*NOTA METODOLÓGICA: Se han utilizado las muestras de cotas de 1.946 piezómetros sobre el nivel del mar tomadas en los septiembres entre 2011 y 2020 y centralizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En los pocos casos en los que no existían datos de septiembre se han utilizado los de agosto u octubre. Debido a la falta de datos disponibles, se han excluido de este estudio la cuenca hidrográfica del Segura y las demarcaciones de cada isla canaria. Este es un trabajo periodístico que no pretende sustituir el criterio científico.