El Gobierno parece que empieza a levantar esa permisividad que tanto coste ha tenido para el reciclaje en el país. Que Ecoembes es una sociedad anónima sin ánimo de lucro formada por las principales empresas productoras de envases de plástico es algo que está claro. Que los informes de Greenpeace en los que aseguran que Ecoembes solo recicla el 30% de lo que le corresponde se acercan más a la realidad que lo que le gustaría a estas compañías, también. Pero el hecho de que el Gobierno haya abierto la veda para atacar las posiciones de esta sociedad anónima sin ánimo de lucro por ejercer una posición «de abuso» dado que tiene el monopolio del reciclaje en el país no se lo esperaba ni Coca-Cola ni ninguna otra empresa generadora de plásticos. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha tomado cartas en el asunto y ha abierto un expediente sancionador a Ecoembes. Y razones no le faltan.
No sabemos si ha sido la salida de Mariano Bacigalupo, marido de la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o que directamente el Gobierno ha abierto la veda, pero lo cierto es que la CNMC ha abierto un expediente a Ecoembes por supuestas conductas constitutivas de un posible abuso de posición de dominio. Esta decisión, aplaudida sobremanera en los sectores ecologistas, tampoco es que haya cogido por sorpresa a los integrantes de estas compañías. Sabían que no reciclaban lo que debían y sabían que ejercían un monopolio lo suficientemente asfixiante como para que acabara por haber problemas. Pero lo que ha detonado este expediente tiene que ver con la guerra que mantienen algunas comunidades autónomas y el propio Gobierno con esta sociedad anónima sin ánimo de lucro por la introducción de nuevos sistemas de reciclaje que amenazarían la posición predominante de Ecoembalajes España, S.A.
Ecoembes se resiste porque es un negocio redondo. Ganan mucho dinero, no reciclan lo que deben y, puesto que es una sociedad anónima sin ánimo de lucro, se desviven por el gasto en publicidad para campañas de greenwashing a la par que contratan a algún ecologista de salón para que acompañe su discurso presuntamente verde. El problema vino cuando políticos con decisión como el presidente de Alianza Verde, Juan López de Uralde y otros ecologistas de reconocido prestigio como Julià Álvaro empezaron a meter el dedo en el ojo de Ecoembes proponiendo en sedes parlamentarias otros modos de reciclaje que amenazaban el «chiringuito» que se había montado Ecoembes a raíz de la ley europea que promovió su nacimiento «obligado».
Ecoembes se negó desde un principio a, por ejemplo, introducir sistemas como el de depósito, devolución y retorno, ese por el cual te dan algo de dinero por cada botella de plástico que deposites en una máquina. Lo hizo por diversas razones, pero según detallan algunas fuentes, la principal era porque permitiría a otras empresas diversificar el mercado del reciclaje en España poniendo en relieve una amenaza real para el monopolio de Ecoembes. Que ahora la CNMC se haya lanzado a abrirles un expediente sancionador tiene mucho que ver con ese monopolio y con ese abuso de una posición de poder que han mantenido a lo largo y ancho de los años que llevan de existencia como sociedad.
El Gobierno tiene más armas que las compañías, al menos en apariencia, para poner fin a una vergüenza nacional que Greenpeace y otras asociaciones internacionales han destapado: España solo recicla en torno al 30% de los envases que generan las empresas y estas mismas compañías, que por ley están obligadas a hacerse cargo de estos residuos plásticos, han esquivado la norma de forma elegante durante años. Ahora el Gobierno ha puesto este expediente sobre la mesa como advertencia: si se sigue por este camino y siguen haciendo lobby para que no entren otros sistemas como el SDDR, esto puede ir a más. Y claro, Ecoembes solo ha intentado que esta noticia tenga la menor repercusión posible.
EL COMUNICADO DE LA CNMC
La CNMC ha iniciado un expediente sancionador contra Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), gestor del único del Sistema Integrado de Gestión de residuos de envases plásticos en España (SIG), por supuestas conductas constitutivas de un posible abuso de posición de dominio.
Se trata de prácticas contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC) y al artículo 102 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Concretamente, la CNMC investiga la tramitación desde, al menos, el año 2004 de un procedimiento de subastas ejecutado de forma arbitraria, que no garantizaba su transparencia ni la trazabilidad e integridad de las ofertas presentadas. Además, investiga el establecimiento de barreras de acceso para participar y resultar adjudicatario en dichas subastas, que no estarían justificadas por razones técnicas, medioambientales o económicas
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La investigación tiene su origen en la denuncia presentada por PET Compañía para su Reciclado, S.A.U. contra Ecoembes y en la información reservada llevada a cabo por la Direccion de Competencia, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 49 de la LDC.
