Los obispos españoles han mostrado su «inquietud» por la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que se encuentra en tramitación parlamentaria, por su «imposición de la teoría queer», y han ofrecido su ayuda frente a lo que consideran la «perversión de una legislación ideológica».
«Son muchos los testimonios de familias, madres, jóvenes y adolescentes que han sufrido las consecuencias que produce la llamada teoría queer o teoría del gender. A todos ellos queremos mostrar nuestro apoyo y ayuda y tenderles la mano para iluminar la perversión de una legislación ideológica», subrayan los prelados en una nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
Los obispos advierten de que la ley Trans contiene en su articulado «elementos realmente preocupantes de imposición de la teoría queer, teoría que cuestiona radicalmente la identidad sexual de las personas, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social».
Además, les preocupa «la implicación directa de la Administración y de los poderes públicos en la promoción de los postulados de la ideología de género», la cual consideran que es «el fundamento» de esta nueva ley.
A juicio de los obispos, es «llamativo» que se haya incrementado «considerablemente» el número de adolescentes que piden cambiar de sexo «sin presentar una auténtica disforia de género», sino «como manifestación de inestabilidades afectivas propias de esa edad». En este sentido, añaden, citando estudios científicos, que «más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo, cuando pasan la adolescencia, no siguen pidiendo el cambio».
Los prelados critican la «despatologización de la transexualidad» pues, según precisan, «se identifica con favorecer una intervención médica, pero sin criterios médicos, sino con criterios subjetivos del paciente».
«Despatologizar significaría poder solicitar y aplicar tratamiento médico e incluso quirúrgico de forma arbitraria, obligando al personal sanitario a obedecer los deseos de los pacientes, aunque ello conlleve graves riesgos para la persona. Estamos ante un ejemplo claro de irracional dogmatismo ideológico», subrayan.
En esta línea, denuncian que «se niega la posibilidad de tratamiento psicosexual e incluso la necesidad de obtener un diagnóstico de las personas con trastorno de identidad de género, confundiendo el diagnóstico médico con un intento de anulación de la personalidad».
Los prelados no creen que la reasignación de sexo hormonal y quirúrgico solucione la situación y piden «valorar bien los tratamientos y explicar las secuelas, los efectos secundarios y las complicaciones de los mismos».
En concreto, en el caso de los menores, recomiendan una «serena reflexión» y que ninguna decisión que se tome tenga carácter irreversible. Asimismo, piden que se respete «la libertad de conciencia y de ciencia» de los profesionales del ámbito educativo, sanitario, función pública, judicatura, cultura y medios de comunicación.
Ante lo que califican como «horizonte de colonización ideológica», los prelados remarcan que «la antropología adecuada muestra que la persona es la unión de cuerpo y alma» e invitan a una «reflexión».
En todo caso, los obispos aseguran la «acogida» de la Iglesia hacia las personas con «disforia de género», a quienes «les asiste el derecho a ser respetados y a ser tratados con los medios lícitos puestos a disposición por la medicina para conseguir el nivel de salud física, psíquica y relacional más alto y satisfactorio que sea posible, en los límites de su condición».
Por otro lado, los obispos también muestran su «preocupación y rechazo» a la nueva ley del aborto y enumeran algunos aspectos «reprobables» como: «promulgar el aborto como un derecho, el atentado a la igualdad que supone permitir el aborto de los discapacitados hasta los cinco meses y medio, la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, la obligatoriedad de que los médicos que rechacen realizar abortos tengan que inscribirse en un registro de objetores de conciencia o la eliminación del período de reflexión antes de abortar y de la información sobre alternativas al aborto».
