Tras tres meses de silencio absoluto, la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska apareció por fin ante el Congreso de los Diputados, para ofrecer su justificación sobre lo ocurrido en la valla de Melilla, el pasado 24 de junio, donde fallecieron al menos 23 personas a consecuencia de las actuaciones de los organismos de seguridad de Marruecos y España.
Tras el testimonio del ministro, Amnistía Internacional emitió un comunicado en el cual condenan las declaraciones ofrecidas por el funcionario y el hecho de que haya pretendido justificar la actuación de los cuerpos de seguridad tanto de España, como de Marruecos, así como la falta de una investigación imparcial e independiente, que permita esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió.
«Los intentos de Marlaska de justificar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y marroquíes, asegurando que fue una entrada irregular violenta injustificable, son muy preocupantes. Por un lado asegura que somos un país solidario y acogedor, pero es difícil defender algo así cuando se ven las imágenes de los sucedido. Además, el derecho de los Estados para controlar sus fronteras del que habla el ministro no justifica ese desproporcionado uso de la fuerza con el que actuaron los agentes, y las aseveraciones de que se garantizó el acceso a procedimientos para personas vulnerables son directamente falsas, cuando sabemos que hubo devoluciones en caliente», señala el comunicado del organismo internacional.
El ministro del Interior aseguró que no en Melilla no hubo una masacre y reconoció que ciertamente se hicieron devoluciones en caliente. Su intervención la comenzó dando el pésame a los familiares de las personas que fallecieron, que según las autoridades son 23, pero las ONG de derechos humanos aseguran que fueron por lo menos 37 las víctimas. También expresó su solidaridad con los funcionarios de los cuerpos de seguridad, tanto españoles como marroquíes.
Amnistía señaló que habían pedido información sobre diferentes temas relacionados con lo ocurrido en Melilla y sobre los acuerdos de cooperación entre las autoridades españolas y marroquíes, que le permite a las fuerzas del país africano actuar en el territorio español, así como datos sobre la cantidad de extranjeros y solicitantes de protección internacional que fueron expulsados el día de los hechos.
Otra de las críticas que la organización internacional lanzó al ministro del Interior es que no dio información sobre el material antidisturbios y gases lacrimógenos que se utilizaron en el procedimiento que se efectuó en las áreas adyacentes a la valla el día que fallecieron los migrantes, que en su mayoría eran de Sudán y que permanecieron en el Barrio Chino mientras las fuerzas de seguridad actuaban.
«Han pasado casi tres meses desde lo que ha supuesto la mayor tragedia en la Frontera Sur en los últimos 30 años sin que la respuesta del gobierno español haya sido la adecuada. Una tragedia que no solo no debe repetirse nunca más, sino que no puede quedar impune”, expresó la organización a través de su página web.
Entre las omisiones de Grande-Marlaska frente a los diputados, estuvo las explicaciones sobre el por qué los funcionarios uniformados actuaron contra las personas que ya estaban neutralizadas en el piso, amontonadas durante muchas horas, sin ofrecerles ningún tipo de atención médica, a pesar de que muchos presentaban heridas ocasionadas por la revuelta.
Desde julio pasado Amnistía Internacional ha insistido en la necesidad de que se haga una investigación imparcial sobre los hechos y la necesidad de que las autoridades españolas se comprometan para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, pues lo ocurrido el pasado 24 de junio ha sido catalogado como la peor tragedia migratoria del país, durante los últimos 30 años.
El organismo señala en su escrito que tras las informaciones que han logrado recabar durante los casi tres meses desde que ocurrieron los hechos, han logrado detectar hasta ocho tipo de violaciones de derechos humanos por parte de los organismos de seguridad de Marrueco y españoles.
Entre las violaciones cometidas por los cuerpos de seguridad mencionan el hecho de las expulsiones sumarias y colectivas que ocurrieron durante esos días en la frontera de España con Marruecos, los malos tratos que sufrieron las personas que estaban bajo custodia policial, así como la violación a la integridad física, sumado al trato cruel, inhumano y degradante reflejado en las imágenes donde se exhibieron a las personas en condiciones de hacinamiento de las personas que estaban bajo custodia de las autoridades marroquíes, y sobre todo, la violación del derecho a solicitar asilo por pate de estas personas, en un procedimiento que se hiciera con todas las garantías que consagran las leyes locales y tratados internacionales.
Además, hacen referencia a la violación del derecho a que se haga una investigación veraz, oportuna, así como el derecho a la libertad personal que establece que se les debe dar protección a todas las personas que sean detenidas o que enfrenten internamientos arbitrarios por parte de los organismos de seguridad.
El ministro intentó justificar la actuación de los organismos de seguridad marroquíes asegurando que el día de los hechos, aproximadamente a las 8:30 am había 1700 personas, separadas en dos grupos y que estaban excesivamente violentos. Explicó que supuestamente un grupo se enfrentó a los funcionarios marroquíes, repeliendo la acción policial con palos y piedras, mientras que el otro grupo forzaba la pare del vallado para ingresar a España.
