Todo parece indicar que el Ejecutivo está completamente decidido a aprobar la reforma del Código Penal para promover la abolición de la prostitución, a pesar de que las trabajadoras sexuales se han movilizado para argumentar el por qué no es una buena idea. El colectivo acusa directamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de gastarse más de 200 millones de su presupuesto en «atender» a estas mujeres, pero se niega a sentarse con ellas para escuchar los argumentos que tienen contra la ley impulsada por el PSOE.
Las trabajadoras sexuales han logrado que las reciban los representantes del Partido Popular, del PSOE, de los grupos independentistas catalanes y hasta la exdiputada de Vox, Macarena Olona, y han planteado sus argumentos del por qué consideran un error pretender abolir la esclavitud en España, pues aseguran que, entre otras cosas, esto las condenaría a la clandestinidad y las empujaría a atener que salir a la calle para continuar trabajando, sin ningún tipo de seguridad.
El colectivo lleva meses manifestando a las puertas del Congreso de los Diputados y frente a las sedes de los principales partidos políticos, pues aseguran que tras meses de discusiones sobre los cambios que pretenden hacer en la ley, las cifras utilizadas por los políticos en nada se corresponden con la realidad de lo que significa para ellas ejercer este oficio.
Esta misma semana las trabajadoras sexuales han denunciado que detrás de la abolición que plantea el Ejecutivo están las mafias de las Organizaciones No Gubernamentales que se dedican a la «reinserción» y el «rescate» de las mujeres que se dedican a la prostitución, que reciben múltiples subvenciones por parte del Estado, y precisamente a través del Ministerio de Igualdad, con el argumento de que es para ayudar a las trabajadoras sexuales, cuando la realidad, según lo dicho por las mismas trabajadoras, es que todo es parte de un negocio donde las verdaderas afectadas no reciben la atención debida por parte del Estado o de estas organizaciones.
En julio de este año el Ejecutivo aprobó un presupuesto de 12.9 millones de euros como parte de un plan de inserción sociolaboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en situación de prostitución, que de acuerdo con lo señalado en la propia página web del ministerio que dirige Irene Montero, espera alcanzar a 30 mil mujeres, hasta 2026.
Estos recursos serían gestionados a través de diversas organizaciones que supuestamente se encargan de dar atención a estas mujeres, pero la realidad, según aseguran las propias trabajadoras sexuales, quienes se dedican a ellos muy pocas veces tienen conocimiento de los programas desarrollados para la atención por parte del Estado, pues lejos de ser un apoyo, las estigmatizan e ignoran sus verdaderas inquietudes.
A principio de septiembre el despacho de Irene Montero anunció la creación de otro programa que denominaron «Plan Camino», que de acuerdo con la ministra de Igualdad, sería la primera política pública estatal dirigida a las víctimas de explotación sexual y de la trata de personas, cuyo propósito, según el organismo, es «reparar la vida de estas personas».
Sin embargo, recientemente la ministra Montero logró que le aprobaran más de 100 millones para la realización de un estudio para la estimación del número de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, cuando la realidad es que el propio Ministerio del Interior tiene estudios relacionados con este tema, donde ha quedado demostrado que hay más víctimas de trata y explotación laboral en el sector del campo que en los locales donde se ejerce la prostitución.
Según las cifras señaladas por las propias trabajadoras sexuales, en el país hay 230 mil personas que se dedican a la prostitución, aproximadamente, de los cuales el 20% serían hombres y personas transexuales.
«A nosotras que no nos vengan a hablar de reinserción, que nosotras no somos ningunas delincuentes. Nosotras tenemos un trabajo como lo puede tener cualquier otra persona y lo hacemos por gusto, que no vengan a decir que estamos obligadas o explotadas, porque explotación es estar en un trabajo de secretaria ganando mil euros al mes, que no alcanzan para vivir», expresaron las trabajadoras sexuales que acudieron al encuentro con la ex diputada de Vox, Macarena Olona.
Para el colectivo de trabajadores sexuales la última alternativa será hacer pública la lista de los políticos que han sido sus clientes, en el caso de que el PSOE y los demás partidos políticos decidan continuar con la iniciativa de la reforma de los artículos del Código Penal que busca abolir la prostitución, pues aseguran que por lo menos 90% de quienes hoy están en la política española alguna vez han sido clientes de prostitutas.
Es por ello que han hecho un llamado a la ministra Montero para se siente a conversar con ellas y debatan los temas que consideran verdaderamente importantes y sobre los que ellas necesitan que se legisle, como los derechos laborales, la seguridad social para trabajadoras sexuales y otros temas que consideran más importantes que la abolición.
