José Manuel Entrecanales afronta otro hundimiento de Acciona tras la «visita» de la UCO a una de sus sedes

La UCO ha entrado en la sede de Acciona y de otras compañías para registrarlas a fondo y buscar pruebas enmarcadas en el caso Azud. La empresa de José Manuel Entrecanales ya tenía dificultades para limpiar su imagen, pero después de esta nueva andanza con la Unidad Central Operativa ha quedado claro que el idilio entre Acciona y los gobiernos autonómicos y municipales no acaba siempre en buen puerto. Los registros han tenido lugar en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana. Y este registro no solo afecta negativamente a la imagen de la empresa, sino que también toca al PSOE y al Partido Popular y a las presuntas mordidas que se llevó en su momento. La operación de la UCO, que ha sido publicada por Levante-EMV, se ha producido tras prorrogar la juez 30 días más el secreto parcial de cinco piezas separadas.

Acciona queda una vez más tocada a nivel de imagen, pero no parece importarle mucho a los directivos de la compañía. Esta empresa del IBEX no ha tenido reparos a la hora de trufar titulares, pero menos a la hora de tener trato con las administraciones públicas. Ver a Acciona ganar un concurso público es el pan de cada día. Pero verla registrada por la UCO era algo que no habían experimentado hasta ahora. Tenía que ser la corrupción de la Comunidad Valenciana la que llegara a esta conocida empresa que puedes ver incluso serigrafiando los camiones de la limpieza. Este idilio de Acciona con las administraciones municipales especialmente es el que la ha llevado a esta situación.

El juez ha puesto la lupa en el supuesto pago de sobornos a cargos públicos municipales a cambio de adjudicaciones de contratos y de favores urbanísticos. Son muchos los ayuntamientos de la Comunidad que están afectados, pero también son muchas las empresas que la UCO se ha visto obligada a registrar. Otra de las registradas ha sido Aquamed, aunque hay más. Pero el caso de Acciona ha sido el más sonado por el peso de la empresa a nivel nacional. No deja de ser una compañía con una altísima cifra de negocio que ha superado con creces los 8.000 millones de euros.

En el caso de Acciona, la razón por la que la Guardia Civil ha llamado a las puertas de su sede en la Comunidad Valenciana es porque apareció en los papeles incautados al antiguo responsable de las finanzas del PSOE valenciano, José María Cataluña. Lo que buscan son pruebas de esos supuestos sobornos, pero de momento no se ha avanzado más en lo que se ha encontrado o dejado de encontrar. Todo esto ha sido un duro golpe para la compañía que parecía remontar en bolsa y ahora ha empezado lo que podría ser una caída prolongada, aunque habrá que esperar a ver cómo de duras serán las consecuencias para la empresa fundada en 1997.

Acciona teme, según fuentes cercanas a la empresa, que este tipo de noticias acabe por perjudicar los criterios de los ayuntamientos a la hora de conceder o no un contrato público a esta empresa. No hay que olvidar que Acciona se ha convertido en una compañía experta en conseguir concesiones públicas. Y que eso se ponga en riesgo podría tener una repercusión importante en la empresa, tanto a corto como a medio plazo. El volumen de negocio con dinero público que maneja Acciona no es baladí, pero puede que experimente otro descenso debido a estos titulares recientes.

EL CASO AZUD

El caso Azud es una trama de corrupción que nace en el Ayuntamiento de Valencia. Aunque afecta sobretodo a la etapa del PP de Rita Barberá, es decir, entre 1999 y 2013, son muchos los cargos políticos que han salido salpicados de este entramado que ahora ha llevado a los registros de empresas como Acciona. El punto central de la trama es el empresario Jaime Febrer, quien presuntamente sobornaba a políticos del PSOE como el que fuera portavoz socialista Rafael Rubio a cambio de su silencio, concesiones de contratos públicos o cualquier prebenda. Esta trama lleva años siendo investigada, pero ha sido ahora cuando han entrado a registrar las sedes de algunas empresas como Acciona.

El caso Azud son macroproyectos urbanísticos, concesiones de todo tipo y más de 60 imputados. Por no hablar de las empresas que han caído. Hasta ahora, quedan pendientes algunos datos, pero con lo que se lleva investigado ya hay 290 tomos en papel y siete discos duros de 3 TB cada uno.