La exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se ha opuesto a la prórroga de la investigación abierta por el presunto encubrimiento de los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido: «Con su dilación y su repercusión mediática justifica los fines de determinadas acusaciones, sabedoras de que no existe ninguna actuación ilícita pero que instrumentalizando adecuadamente el proceso, pueden alcanzar sus fines».
Así se desprende del escrito de alegaciones, que ha remitido el letrado de Oltra al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tras la petición de prorrogar seis mes más las actuaciones contra ella y otros investigados en este procedimiento.
En primer lugar, Oltra se opone a la prórroga al alegar caducidad de la instrucción. Al respecto, recuerda que las diligencias previas se iniciaron en mayo de 2021; en septiembre se sobreseyeron provisionalmente las actuaciones; y en diciembre se ordenó la reapertura de la causa, que se hizo en enero de 2022.
En base a estas fechas, el letrado valora si los plazos de instrucción quedan suspendidos por el sobreseimiento de la causa. Y al respecto se refiere a la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento, que además de prolongar el plazo de instrucción a un año, elimina el sobreseimiento como causa de paralización del cómputo.
En cualquier caso –añade–, aunque se contase el periodo, habrían transcurrido más de 12 meses de instrucción, periodo máximo previsto en la norma. Con lo que se opone a la prórroga. «Teniendo en cuenta este criterio, el plazo máximo de instrucción de la causa habría finalizado el 27 de mayo de 2022, por lo que no procedería acordar ningún periodo de prórroga más», alega.
Subsidiariamente, el letrado se refiere en su escrito a la necesidad o no de nuevas diligencias: «La práctica de las diligencias de investigación van encaminadas a esclarecer la naturaleza de los hechos, así como a determinar la participación de las personas que pudieran estar implicadas en los mismos. Ahora bien, ese criterio no puede ser ilimitado o abierto, hasta el punto de adentrarnos en una causa prospectiva que puede terminar en una causa general contra una determinada persona, donde la finalidad no es en sí lo que se investigue, que no llevaría a ningún lado, sino el propio aspecto temporal del proceso».
Y sobre este último punto, el abogado asegura que en la causa, con su dilación y repercusión mediática, «se justifican los fines de determinadas acusaciones, sabedoras que no existe ninguna actuación ilícita pero que instrumentalizando adecuadamente el proceso, pueden alcanzar sus fines», asegura.
«Y esto –añade– no lo decimos nosotros, lo dice la propia querellante, Cristina Seguí, partícipe en la causa como acusación popular a través de la asociación GobiernaTe, en uno de sus tweets: ‘El magistrado que dirige la investigación de Mónica Oltra y su Manada ha propuesto prolongar la instrucción por un periodo min de 6 meses. Orgullosa de haber puesto fin a sus aspiraciones políticas apartando a esta gente peligrosa de la vida pública. Demostrado: SÍ SE PUEDE'», se reproduce en el escrito.
Con todo, el letrado asevera: «Después de más de un año de instrucción se nos escapa qué diligencias no se han practicado y que puede dar de más el relato fabulado que ha sustentado las querellas presentadas contra todos los investigados, extremos que justifican nuestra petición de no interesar ninguna prórroga más, y todo ello sin perjuicio que pudiera practicarse las diligencias acordadas con anterioridad al cierre de la misma», señala.
