Los familiares de María Auxiliadora Delgado Tabosky, ciudadana española, y Juan Carlos Marrufo Capozzi, ciudadano italiano, viajaron hasta España, para solicitar, una vez más, al Gobierno de Pedro Sánchez, que intercedan para que sean liberados, pues están detenidos desde marzo de 2019, tras haber sido vinculados por el régimen de Nicolás Maduro de haber participado en el atentado que sufrió el mandatario de Venezuela el 4 de agosto de 2018, cuando explotaron dos drones, cargados con explosivos, en medio de un desfile militar, a muy pocos metros del lugar donde se encontraba el dictador venezolano.
Osman delgado, padre de la detenida, aseguró que recientemente se habían reunido con Antonio García Roger, subdirector general de Países Andinos del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien los recibió y confesó que desde España se habían hecho todas las gestiones necesarias para abogar por los detenidos, pero que no habían recibido ninguna respuesta por parte de la dictadura venezolana.
«Es una situación muy compleja, porque se han ensañado contra ellos. Están detenidos injustamente, porque no han podido vincularlos con los hechos que se les atribuyen y además de eso, han sido torturados por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano», expresó el padre de la detenida en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la abogada Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Casla Institute.
A Delgado y a su esposo les imputaron los delitos de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir, solo por ser ella la hermana de Osman Delgado Tabosky, señalado de ser uno de los presuntos implicados en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, perpetrado con los drones cargados de explosivos. Este es el argumento que utilizó el régimen venezolano para detener a la pareja, pues hasta este momento no han logrado determinar ninguna vinculación de los detenidos con lo sucedido aquel 4 de agosto de 2018.
El 6 de mayo de 2019 la Fiscalía solicitó que se les aplicara a los detenidos una medida cautelar menos gravosa que la privación de libertad, y un tribunal ordenó su liberación y la orden de que se presentaran periódicamente ante el juzgado.
En octubre de ese mismo año las autoridades simularon que los iban a dejar en libertad y en medio de un operativo engañoso simularon que los iban a dejar en libertad mientras una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) los detuvo de nuevo para trasladarlos hasta Caracas, donde fueron nuevamente presentados ante un tribunal donde les volvieron a imputar, pero esta vez por los delitos de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado, en grado de frustración homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración, y desde entonces permanecen privados de libertad, sin haber sido juzgados y sometidos a constantes torturas.
«A María Auxiliadora y a su esposo Juan Carlos Marrufo les han diferido la audiencia en 28 oportunidades. Los días que son llevados a los tribunales los dejan en los sótanos, llenos de ratas, sin comer, sin acceso al baño durante todo el día, y al final, por la noche, les notifican que las audiencias han sido suspendidas, después que los tienen todo el día en esas condiciones», explicó la abogada Tamara Suju.
Delgado es una de las tres personas de nacionalidad española que están presos en Venezuela y por las que el Gobierno español no ha podido lograr ningún tipo de beneficio en favor de ellos. Los otros dos españoles presos en Venezuela son Jorge Alayeto y Ángela Expósito. A Alayeto lo vinculan con el asalto a un fuerte militar en Venezuela y fue presentado ante un tribunal militar, a pesar de ser un civil y a Expósito la sentenciaron a 24 años de prisión por el mismo caso que mantienen encarcelada a María Auxiliadora Delgado y a su esposo Juan Carlos Marrufo.
Suju denunció, una vez más, lo que ya ha sido reconocido por diversos organismos internacionales, y es el constante patrón de torturas a las que el régimen venezolano somete a los presos políticos, que son encerrados en los calabozos de las sedes policiales, aislados y maltratados física y psicológicamente, además de ser víctimas del retardo procesal y de la violación de los derechos humanos por parte de los funcionarios del Estado.
La abogada destacó que Delgado no tiene ninguna esperanza ante la justicia venezolana y que tanto ella como muchos otros de los presos políticos venezolanos han tenido hasta pensamientos suicidas, porque saben que mientras esté el régimen de Maduro en el poder, será imposible librarse de la prisión y de las torturas a las que son constantemente sometidos.
«Hay que transmitirle a las personas y al Gobierno español lo que sienten estos presos político, las cosas que les pasan por la cabeza, porque saben que no hay manera legal de salir de esta situación, porque el régimen tiene una política de represión constante contra sus presos políticos», dijo la directora del CASLA Institute.
