El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha recordado este sábado que reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ‘Ley Mordaza’ por sus detractores, es una «obligación» porque forma parte de los compromisos del Gobierno de coalición por ello, avisa, «no hay justificación» para que su tramitación no se desbloquee en el Congreso antes de fin de año.
Así lo ha explicado en una entrevista al programa Parlamento de RNE, en la que admite que dejar esta tarea para 2023 la haría más complicada «por el calendario de país», en referencia a las citas electorales del año que viene que arrancarán en mayo con las municipales y autonómicas.
Santiago, uno de los ponentes de la reforma que tramita el Congreso basándose en una propuesta del PNV, destaca que las formaciones del Gobierno y sus aliados parlamentarios han trabajado «muy intensamente para recuperar los derechos que fueron recortados en 2015» con la reforma impulsada por el PP.
Según ha detallado, ya «son muy pocos los aspectos» pendientes de acuerdo y, en cuanto se cierren se podrá convocar la ponencia para retomar una tramitación que lleva meses ‘congelada’. «Es urgente que lo mas pronto posible se cierre todo este trabajo y activar la ponencia en este periodo legislativo», ha apuntado.
«Después de tres años de legislatura y siendo la recuperación de las libertades públicas un acuerdo del Gobierno de coalición lo que corresponde es cerrarlo este año y no hay justificación para que no sea así», ha incidido.
Los puntos en los que aún no hay acuerdo tienen que ver con «los aspectos que más sanciones han provocado» y que, a su juicio, se han utilizado de forma «más arbitraria». En concreto, ha mencionado «todo lo que tiene que ver con el concepto de desobediencia o faltas de respeto a los agentes», la utilización de material antidisturbios, como las pelotas de goma, o «cuestiones relacionadas con el consumo de drogas blandas».
Según Santiago, «no es normal que en España se hayan impuesto 85.000 sanciones por faltas de respeto a la autoridad utilizando una norma que es muy subjetiva» porque «no tiene bien precisado qué es una falta de respeto» y puede influir «el tono» con el que un manifestante se dirige a un agente.
«Hay que precisar para que no haya utilizaciones arbitrarias», aduce, abogando por «equilibrar el necesario respeto a las Fuerzas de Seguridad» sin limitar el ejercicio de derechos. «No se pueden limitar porque lo decida un agente de la autoridad, son cosas complejas que por eso se está tardando en resolver», explica.
Eso sí, admite que en este debate hay que tener también en cuenta las opiniones de los «funcionarios que están encargados de hacer cumplir la ley». «Los profesionales de la seguridad hacen bien su trabajo garantizando el pleno cumplimiento de los derechos de los ciudadanos», ha añadido Santiago.
