La ciudadanía y los profesionales sanitarios unirán fuerzas este sábado en una manifestación por el centro de Madrid en defensa de una Sanidad Pública, universal y para revertir el desmantelamiento de servicios y un modelo sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que lleva a que la salud madrileña «agonice».
La protesta está convocada por una treintena de entidades sociales, profesionales de la sanidad y del ámbito de la ciencia, organizaciones sindicales y vecinales, plataformas profesionales de la salud y asociaciones de usuarios, y cuenta con el apoyo de los partidos de la oposición madrileña PSOE, Más Madrid, Podemos e IU.
Arrancará a las 18 horas de la plaza de Neptuno bajo el lema «Por una sanidad madrileña pública, universal y de calidad» para finalizar en la zona de Sevilla, donde se procederá a la lectura de un manifiesto en el que se responsabilizará al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de hacer que el sistema sanitario madrileño «agonice» y reclamar un refuerzo de los «mermados» servicios de salud pública.
Una gran protesta ciudadana que dará continuidad a las múltiples manifestaciones y concentraciones llevadas en los últimos años en la que se unirán usuarios de la Sanidad Pública y profesionales que servirá para calentar motores de cara a la huelga indefinida convocada a partir de las 8 horas del próximo día 25 para denunciar el nuevo modelo a atención de la urgencia extrahospitalaria en la región.
El objetivo de la protesta es revertir un modelo sanitario impulsado por el Gobierno regional que, según los convocantes, beneficia al sector privado en el ámbito sanitario, en detrimento del bien común. «No podemos permitir que la sanidad se convierta, como la vivienda, la energía, las residencias o tantas otras áreas básicas en un negocio privado donde prime el beneficio empresarial sobre la salud de las personas», advierten los convocantes.
Frente a una sanidad madrileña que «agoniza» por culpa un modelo que desmantela la Sanidad Pública, se pedirá aumentar de manera «urgente» la financiación en materia de Sanidad y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales.
En este sentido, se denunciará que la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid está infrafinanciada, siendo una de las comunidades que menos recursos dedica por habitante de España y de Europa, mientras la presidenta Ayuso apuesta por una «política de regalos fiscales».
«Unos Presupuestos cada vez más insuficientes, inversiones desequilibradas en el ámbito hospitalario, abandono de la atención primaria y de proximidad, el maltrato a los profesionales y su fuga hacia regiones con mejores condiciones laborales, están deteriorando a pasos agigantados la atención sanitaria que se ofrece a la ciudadanía en los centros públicos e incrementando de forma exponencial las listas de espera», lamentan.
Un refuerzo presupuestario especialmente importante en Atención Primaria, con el objetivo de alcanzar el 25% del gasto sanitario, que debe alcanzar al menos la media nacional, situada en el 6,9% del PIB (Madrid es la última con un 4,7%). Así, ven imprescindible también mejorar las condiciones laborales del personal y poner fin a la temporalidad laboral «para conseguir que trabajar en la sanidad pública madrileña resulte atractivo».
Todo ello apoyado en un plan para acabar con las listas de espera que acumulan 900.000 personas y con una espera media de entre 15-20 días para ser atendido por su médico de familia y que en muchos casos se queda en una atención telefónica.», y recuperar las citaciones presenciales.
En su manifiesto, los convocantes también exigirán acabar con las privatizaciones y externalizaciones de los servicios, fomentando su reversión a la gestión pública directa, así como retirar la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria, «toda una declaración de intenciones para futuras privatizaciones». «Parece que para el Gobierno de Madrid la sanidad pública universal ha dejado de ser un valor para convertirse en un obstáculo, y su infrafinanciación, abandono y deterioro, una oportunidad de negocio», han subrayado.
En este punto, apuestan por reforzar los «mermados» servicios de salud pública, dotándolos de plantillas suficientes para el desarrollo de su funciones. Para ello, los convocantes consideran necesario aumentar la transparencia económica y mejorar el diagnóstico de la situación y la coordinación entre Consejerías para una mejor atención sociosanitaria en las residencias de mayores.
En línea con las demandas de los profesionales sanitarios que han motivado la huelga por el modelo de atención extrahospitalaria, los convocantes exigirán la reapertura de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que funcionaban antes de la pandemia y el mantenimiento de los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y las Unidades de Atención Domiciliaria (UAD) «respetando las condiciones laborales de sus profesionales y garantizando la calidad de atención que recibe la ciudadanía».
Esto se debe apoyar en un nuevo Plan de Urgencias y Emergencias, paralizado desde 2016, y una nueva Ley de Ordenación Sanitaria que sustituya a la LOSCAM de 2001, así como en un incremento del número de camas hospitalarias de media y larga estancia.
De forma paralela, apuestan por apostar por el uso racional de medicamentos y un control riguroso de este gasto, que según remarcan supone un desvío anual de casi 1.500 millones de euros.Finalmente, también ven necesario garantizar la atención a la salud sexual y reproductiva, la interrupción voluntaria del embarazo o la calidad de los cuidados paliativos, entre otras demandas.
