Ciudadanos ha preguntado al Gobierno si cuenta con un plan de contingencia ante la posibilidad de que el veto de la contratación pública a las empresas del llamado ‘cártel de las constructoras’ acabe afectando a la obra pública por falta de empresas con capacidad suficiente. Esta es una de las preguntas trasladadas por la formación ‘naranja’ en el Congreso de los Diputados tras la última respuesta del Ejecutivo en la que aplazaba la decisión de prohibir contratar con estas empresas a que la decisión fuera firme.
En este sentido, insiste en preguntar si aplicará esta prohibición cuando esta sea firme, si es así por cuánto tiempo y si tiene pensado mantener este castigo en la futura Estrategia Nacional de Contratación Pública. El Gobierno avanzó en su anterior respuesta que esta estrategia, que plantea aprobar próximamente, incluirá medidas dirigidas a fomentar la competencia y a evitar prácticas contrarias a la misma.
Asimismo, el Ejecutivo plantea modificar la Ley de contratos del sector público para regular un procedimiento a seguir por las mesas y órganos de contratación en caso de apreciar indicios de prácticas irregulares, respecto a lo cual Cs pregunta por los plazos que maneja el Gobierno para esta reforma.
SANCIONES POR MÁS DE 200 MILLONES
Todo ello después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunciara la imposición de multas por un total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas –Acciona, Dragados (Grupo ACS), FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr– por alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.
En su resolución, el supervisor determinó la prohibición a estas empresas de contratar con la Administración. Sin embargo, el Ejecutivo en su respuesta indica que la aplicación de esta prohibición procederá en los términos previstos en la Ley de Contratos y de acuerdo con la jurisprudencia reciente, «de tal modo que es imprescindible esperar a que las resoluciones sean firmes». Las compañías y sanciones impuestas por Competencia el pasado julio son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).
Según el supervisor, estas seis compañías se reunían semanalmente desde 1992 y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. Estas licitaciones afectaban a infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras.
