Dos asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), han advertido de que si se reforma la sedición y se acaban rebajando sus penas, los «potenciales delincuentes» tendrían menos reparos para cometer este delito.
En declaraciones, la presidenta de APM, María Jesús del Barco, ha señalado que reducir los castigos para la sedición supone que «se rebaja la exigencia» de cumplir la ley. Del Barco ha criticado que el debate abierto con la postura favorable del Gobierno a esta reforma y la insistencia a que se realice por partidos como ERC sea «únicamente por interés político», algo que «no debe ser nunca motivo para reformar el Código Penal».
«No veo un clamor social y curiosamente quienes lo piden son los partidos que tienen en sus filas a los condenados por sedición», ha asegurado la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces.
En su opinión, no existe «en Cataluña ni en el resto del país una necesidad social de rebajar las penas de sedición», pero sí «los intereses de quien lo propone y del que parece que lo va a aceptar».
Al ser preguntada si hay que equipararse con Europa a la ahora de castigar la sedición, Del Barco ha desmentido que otros países tengan una pena menor. «Todos tienen mecanismos de defensa de su orden público y en muchos casos más duras que España», ha dicho.
HAY QUE TENER CUIDADO CON LAS COMPARACIONES
Por su parte, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de AJFV, no entiende que se vea necesario homologar solo la sedición a como está regulada en otros países, ya que «la comparación no se puede hacer solo con ese delito, sino con el conjunto del Código Penal».
«No parece razonable fijarse solo en ese dato sin tener en cuenta la correlación o la proporcionalidad que tiene que existir entre los distintos delitos de tu Código Penal», para que lo más grave no se castigue igual que lo más leve, ha argumentado. Así, ha esgrimido que si se plantea equiparar en solitario un delito, al final podría tener una pena similar a otro con el que no guarda ninguna relación.
En declaraciones, Fernández Vaquero ha recordado que «una de las finalidades que tienen las condenas es hacer que las personas potenciales delincuentes se repriman antes de cometer el delito», lo que en Derecho se llama «prevención general».
Por lo tanto, el portavoz de AJFV ha incidido en que «cuanto más bajas la pena, lógicamente la prevención general puede ser menor».
Desde FJI, su presidente, Fernando Portillo, ha llamado la atención también sobre este punto, asegurando que las comparaciones con el Derecho europeo tiene que hacerse «de forma muy cuidadosa», puesto que se basan en principios que son «distintos muchas veces».
El presidente de esta asociación dice desconocer hasta qué punto existe «de verdad» una voluntad social de modificar la sedición. «España deber regular su Código Penal de acuerdo con su realidad social, no con la de Alemania, Italia o Bélgica, que pueden ser muy distintas y donde no sé si existen problemas de independentismo en sus regiones y si, de existir, cómo los han atajado», ha subrayado.
Además, ha lamentado que «se mezclen churras con merinas» al pretender desde partidos políticos vincular un cambio de la sedición con que prosperen o no las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó en 2018.
«La reforma puede estar bien o mal, pero no puede depender de la renovación del CGPJ», ha expresado, para recriminar la «subasta» de nombres que él ve en la negociación del órgano de los jueces.
DECLARAR LA INDEPENDENCIA NO ES SOLO SEDICIÓN
Por otra parte, estas tres asociaciones judiciales coinciden con Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en descartar que una modificación de este delito no desarmaría al Estado frente a acontecimientos como el ‘procés’ independentista catalán.
Ascensión Martín, portavoz de JJpD, ha preferido no hacer ningún comentario relacionado con este debate hasta que el texto legal de la reforma se haga público, pero no sin antes resaltar que «si el Parlamento la aprueba, como jueces tendrán que aplicarla».
Martín ha hecho hincapié en que la sedición es un delito «muy concreto», pero que hay «otros» que pueden aplicarse ante hechos como el referéndum y la declaración de independencia en Cataluña.
Desde APM, Del Barco ha incidido en que un menor castigo para quien cometa sedición no invalida el mecanismo que existe para mantener el orden público y el orden constitucional: «La ley».
Para AJFV, aunque se acabe reduciendo las penas relativas a la sedición, «las herramientas legales serían las mismas». Eso sí, «con una capacidad menor de prevención», ha reiterado Fernández Vaquero.
Y a juicio de FJI, una separación forzosa de parte del territorio conllevaría no solo sedición, sino otros delitos penales. «Las conductas de este tipo suelen ser pluridelictivas, suelen englobar distintos hechos delictivos y no solo el de sedición, que en todo caso es un delito muy grave que nos afecta», ha precisado Portillo.
