martes, 6 diciembre 2022 02:17

El bróker de la presunta criptoestafa de Algoritmhmics afianza 1 millón de euros y pide al juez su libertad

Javier Biosca, el principal investigado por la presunta estafa con criptomonedas cometida por el grupo empresarial Algoritmhmics, ha depositado la fianza de un millón de euros fijada por el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, al que ha solicitado que le ponga en libertad.

En un escrito, la representación de Biosca ha instado al responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 a que su salida de la cárcel sea «inmediata» y no se requiera «la comparecencia» de su fiador o su representante legal.

Fue el pasado mes de julio cuando el juez acordó el reingreso en prisión provisional de Biosca con una fianza de un millón de euros. El magistrado tomó esa decisión después de que tanto sus antiguos abogados como su fiador advirtieran al instructor de que sospechaban que podía huir.

Abascal justificó esa medida señalando que su primer fiador, que había depositado el millón de euros de fianza que permitió a Biosca salir de la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 29 de junio, pidió expresamente a la AN que se la devolviera.

PROBLEMAS CON SU FIADOR

Fue el fiador quien avisó de que había intentado contactar con Biosca pero le había sido «totalmente imposible», pues el teléfono del bróker «estaba apagado continuamente». Por eso, acudió al domicilio de Biosca, donde «no había nadie desde el 4 de julio». Los vecinos, según contó, le indicaron que «en esa fecha había habido un traslado de muebles».

El bróker, por su parte, compareció por videoconferencia desde Sevilla negando al juez de la AN que hubiese intentado huir. Si no había podido ser localizado, aseguro entonces, es porque su fiador llamó a un teléfono distinto al que normalmente él utiliza.

Biosca está acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público, delitos que habría perpetrado a través de la empresa Algoritmhmics Group captando desde 2019 a inversores particulares que querían obtener altos intereses en el mercado de las criptomonedas. El perjuicio rondaría los 500 millones de euros y habría más de 750 perjudicados.