La renovación del Consejo General del Poder Judicial se ha quedado en nada. El PSOE lo lamenta, aunque ha iniciado una caza de brujas interna para ver quién puso encima de la mesa el tema de la sedición. El PP, sin embargo, está de fiesta. Desde ambos partidos aseguran que solo quedan dos meses para llegar a un acuerdo. Si pasa diciembre, no habrá renovación hasta después de las elecciones. El Partido Popular se ha aferrado a un tecnicismo para tumbar la negociación, pero el PSOE ha visto cómo sus propias disputas internas y la negociación de los Presupuestos han interferido en un tema clave para ellos. Los socialistas buscan culpables. El PP celebra haber encontrado una excusa para aguantar el resultado. Pero la desidia se ha apoderado de todos los partidos mientras que la euforia impera entre los vocales del CGPJ.
El Consejo General del Poder Judicial ya veía inminente una renovación que no ha llegado. Los partidos no solo están en desacuerdo por la reforma del delito de sedición, sino porque han visto que las formas a la hora de alcanzar el acuerdo no han sido las esperadas. El PSOE acusa al Partido Popular de haber dinamitado la negociación a propósito porque dejaron creer a Félix Bolaños que dirían «sí» este viernes. Sin embargo, la realidad que se palpa en Génova es que todos dan saltos de alegría por haber conseguido una excusa «creíble» a sus ojos para no renovar el Consejo General del Poder Judicial. La reforma del delito de sedición es algo que han puesto sobre la mesa los partidos independentistas de forma indirecta en un momento complejo para el Gobierno por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Pero también ha sido una excusa perfecta para que el PP se enroque. Y en esta dinámica más de un socialista se pregunta por qué se puso sobre la mesa la reforma de este delito cuando se podría haber omitido.
El PSOE ha iniciado una caza de brujas interna para ver quién ha sido tan torpe como para dejar que se ponga la idea de la reforma del delito de sedición en medio de la negociación del nombramiento de vocales. Algunos están visiblemente irritados, según ha podido comprobar MONCLOA.com, por el hecho de que se haya llevado con tanta torpeza. Estas mismas fuentes detallan que se podría haber evitado que este tema se pusiera encima de la mesa. E insisten en que tienen que buscar culpables porque no se ha sabido separar la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial con las de los Presupuestos Generales del Estado. Y mientras, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, celebra que puede seguir cumpliendo la doctrina Arnaldo a rajatabla.
El problema es que ambos partidos tienen claro que no tienen mucho tiempo para ponerse de acuerdo. El PSOE sabe que juega en desventaja porque el PP ya no tiene problemas en no cumplir los plazos marcados por la Constitución para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y sabe que los «gurús» en materia de justicia del partido (Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional, entre otros) aconsejan encarecidamente al líder del PP que no renueve dada la cercanía de las elecciones generales. El Partido Popular tiene la sartén por el mango en cualquier escenario, pero todo pasa por aguantar el resultado hasta diciembre de este año.
Voces fundadas tanto del PSOE como del PP entienden que la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas (para mayo de 2023) bloquearía por completo cualquier opción de renovación a partir de enero. Y el que en diciembre se vayan a celebrar previsiblemente las elecciones generales dejaría un año muy tranquilo para el PP en materia de renovación del CGPJ. Si no se renueva antes de diciembre, el CGPJ se prevé bloqueado hasta 2024.
LA DOCTRINA ENRIQUE ARNALDO
Ya se conoce como la «Operación Arnaldo». Y lleva tiempo puesta en marcha. No es ajena a la judicatura la estrategia del Partido Popular para conseguir conservar su mayoría en el Tribunal Constitucional. El PP tiene claro que hará todo lo que esté en su mano para mantener ese «último bastión», pero aún quedan pasos que dar después del órdago que ha planteado Carlos Lesmes. Aún así, la dimisión del presidente del Tribunal Supremo no necesariamente tiene que echar por tierra los planes del Partido Popular, que pasan por llegar a las elecciones generales sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. La «Operación Arnaldo» arrancó con una serie de filtraciones a los medios de comunicación para atacar directamente a Lesmes y relacionarle con el PSOE. Pero queda mucho que publicar ahora que Lesmes ha puesto contra las cuerdas a los populares.