El Partido Popular, con motivo de la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación convocada este miércoles, ha solicitado al Ministerio de Educación y Formación Profesional reorientar el borrador presentado sobre la nueva prueba de acceso a la Universidad con el objetivo de que sea única para toda España.
Asimismo, ha pedido incluir en los puntos del día la aportación financiera del Ministerio para la aplicación del Real Decreto 800/2022 de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Educación Secundaria.
También reclama que estas reuniones vuelvan a ser presenciales, porque, a su juicio, «el futuro de los jóvenes no puede dilucidarse por videoconferencia» cuando ya se ha superado la pandemia.
Respecto a la prueba para el acceso a la universidad, las comunidades gobernadas por el PP han destacado que las pruebas de evaluación únicas «son esenciales tanto para permitir el acceso a la universidad como para la admisión a estudios concretos, pero hoy no son homogéneas para todos los estudiantes según donde se examinen».
Por tanto, consideran que «se está produciendo una ruptura en el sistema al no cumplir con equidad y eficiencia su tarea de evaluación».
En este sentido, las comunidades autónomas del PP señalan que hay pruebas diferentes, con distinta estructura o bloques de contenidos, y con diferentes criterios de corrección, según cada comunidad, «con las demoledoras consecuencias que esto puede producir».
«La dificultad del examen no puede depender del lugar donde viva el estudiante. Y esto no va a variar con la propuesta del Gobierno, que solamente pretende imponerla sin tener en cuenta las aportaciones de CCAA que representan a más de la mitad de los estudiantes españoles», han señalado.
A su juicio, es necesaria la creación de un distrito único universitario en el que el estudiante pueda elegir de acuerdo con la nota obtenida, no solo la universidad en la que cursará sus estudios superiores, sino la propia titulación, «por ser este un aspecto esencial para su futuro personal y profesional».
Además, consideran que una prueba única «tendría ventajas añadidas como referencia en la evaluación y análisis del sistema educativo español en su conjunto» y responde a la necesidad de homologar el sistema educativo con el resto de países. Así, han destacado el sistema que siguen países como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal o Finlandia.
«El Estado social y democrático de Derecho no puede aceptar que la Educación sea un factor de desigualdades territoriales que afecten a los jóvenes que acceden a la universidad», han advertido los populares, destacando que la iniciativa presentada por el Gobierno «no parece dar respuestas para eliminar estas desigualdades».
Por todo ello, el PP propone implantar, en coordinación con las comunidades autónomas, una prueba única de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el territorio español, cuyas condiciones básicas serían fijadas por el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas y a los órganos de representación universitarios, de acuerdo con las competencias que le otorga la Constitución Española.
Al ver que el Ministerio «no es receptivo a ninguna de las propuestas aportadas», el PP advierte de que, de cara a la próxima reunión del 8 de noviembre, si no hay ninguna aproximación del Departamento que dirige Pilar Alegría a sus propuestas entenderá que el Gobierno «las excluye» y «decide contar únicamente con las CCAA gobernadas por el PSOE y los nacionalistas», por lo que «se desvincularán de esta propuesta» y todas las consecuencias, en desigualdades y diferencias, que traerá la prueba que pretende el Gobierno «serán de su responsabilidad exclusiva».
FINANCIACIÓN PROFESORES FP
Las comunidades gobernadas por el PP también han pedido al Ministerio que financie el coste de la integración de los profesores técnicos de Formación Profesional en el cuerpo de Educación Secundaria.
En este sentido, asumen que por principio de lealtad institucional, cuando una norma estatal supone un mayor gasto para la administración a la que le corresponde el desarrollo y ejecución de esa competencia, «se debe dotar económicamente a dicha administración».
«Máxime, en este caso, cuando la propuesta del Ministerio pretende tapar un error del Gobierno al declarar a este cuerpo como profesionales a extinguir», apuntan los populares.
