El PSOE se ha vuelto a dividir sobre la estrategia a seguir con la renovación del CGPJ. Hay una versión oficial que aboga por convencer al Partido Popular de que ceda y renueve los vocales sin mayoría absoluta, con los tres quintos del Congreso y el Senado. Y otra, cada vez mayor y más intensa, que quiere que el PSOE deje a un lado ese «buenismo» y dé un golpe encima de la mesa previa conversación con Bruselas para renovar de forma puntual el Consejo General del Poder Judicial con una simple mayoría absoluta. Esto haría partícipes de la renovación a los mismos que dieron la investidura a Pedro Sánchez o los mismos que apuestan por los Presupuestos Generales del Estado dejando fuera al principal partido de la oposición. Pero este sector socialista lo tiene más o menos claro.
Los socialistas empiezan a estar cansados de los vaivenes del Partido Popular. Al menos un sector importante en el que se incluyen más de tres ministros y ministras. Hay quien cree que el PP está manteniendo una falsa esperanza de renovación cuando tienen la decisión tomada. De hecho, los que ven que ahora se filtran nuevas pretensiones de renovación por parte de los populares están «convencidos» en su mayoría de que son distracciones para que se acerque el periodo electoral. El CGPJ sigue en funciones, tiene una situación realmente anómala con un presidente del Consejo y otro del Supremo y una querella en ciernes que podría ahondar en la crisis institucional. El PSOE cree que es urgente aplicar medidas drásticas para renovar un Consejo que lleva desde diciembre de 2018 en la misma posición.
El sector progresista que quiere renovar a golpe de mayoría absoluta entiende que no se puede consentir que el Partido Popular bloquee por intereses políticos una institución como el Consejo. Tanto es así, que creen que se acabó el periodo de escucha a los conservadores. Es cierto también que no quieren ir a las bravas. Antes quieren hablar con Europa y llegar a una solución que cuente con el visto bueno de Bruselas para tener una defensa cuando lleguen los ataques del Partido Popular y las acusaciones de haber «reventado» la separación de poderes. El problema de hacer una reforma de este calado es que directamente implica que el poder legislativo elige el judicial con la misma mayoría que elige el Ejecutivo. Y desde el PSOE hay ciertas resistencias.
La realidad en torno a la renovación del Consejo es compleja. Tanto, que Pedro Sánchez quiere darse un par de meses para ver si reencauza la situación. Hay quien cree que realmente el PP solo tiene el problema de el nombre de algunos vocales. Lo de la reforma del delito de sedición lo ven algo menos e insisten en que consideran que el PP tiene intención de renovar el Consejo. Sin embargo, el PSOE vive una auténtica guerra interna porque hay quien ya ha perdido la paciencia. Sea como sea, los socialistas que quieren renovar tampoco lo quieren hacer a las bravas: quieren respetar el cupo conservador para evitar miradas indiscretas y críticas fundadas.
Ahora mismo, los ánimos están muy caldeados en Ferraz. No solo por la renovación del Consejo, sino por otras cuestiones clave como es la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. ERC ha metido mano y ha sido capaz de condicionar los PGE con cuestiones como la sedición y mezclar con ello la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una buena parte del PSOE entiende que es más que necesario acabar con este cruce de relaciones y con este entresijo de pactos e influencias que tiene en el centro a los independentistas.
El Consejo General del Poder Judicial sigue con su hoja de ruta. Los vocales son ajenos a la pelea política y ya incluso tratan de mirar los nombramientos del Tribunal Constitucional, algo que le daría algo de oxígeno al PSOE. Pese a que para el Partido Socialista sea una victoria a medias, acabar con el plan de Enrique Arnaldo es una satisfacción añadida que nadie se esperaba. Los vocales del Consejo juegan su propio partido y esta y no otra podría ser la única vía que podría empujar, a ojos del PSOE, al PP a cumplir con lo que dicta la Constitución en materia de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
