El Gobierno de Castilla La-Mancha prefiere que sus funcionarios sigan manteniendo un horario de lujo, sin demasiado ritmo de trabajo. Emiliano García-Page ha decidido contratar a una empresa para llevar a cabo la labor que deberían desempeñar los trabajadores públicos. Así, este Ejecutivo contrató a GEACAM para desempeñar las funcionar que son competencia de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto y ha manifestado que la intervención de una empresa pública en la tramitación de expedientes de incidencias o sanciones es nula de pleno derecho. Es decir, que todo lo que tenga que ver con esta empresa no es aceptable. De esta forma, ningún trabajo que haya llevado a cabo GEACAM sirve de nada, dado que se trata de una empresa que está llevando a cabo el trabajo de los funcionarios.
La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha no ha dudado en denunciar dicha cuestión. Así, este organismo ha exigido a la Consejería de Agricultura regional que declare nulos de pleno derecho los expedientes de incidencias y sanciones. Asimismo, quieren que se proceda de inmediato al pago de las ayudas retenidas. Además, la Unión de Uniones de Castilla La-Mancha ha tenido el conocimiento de que la Consejería de Agricultura está desviando el trabajo que deben realizar los funcionarios de la Administración hacia la empresa GEACAM para su tramitación, algo que es «absolutamente ilegal», destacan.
De esta forma, la sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de pleno derecho de una sanción administrativa en cuya tramitación no se hizo otra cosa que usar los escritos preparados por una empresa pública (incoación, informes, propuestas de resolución). Es decir, todas las actuaciones llevadas a cabo por personal de GEACAM, personal ajeno a la Administración, es nulo de pleno derecho y, por derivación, lo son las resoluciones que dicta la Consejería de Agricultura.
el tribunal supremo ha dictaminado que las funciones llevadas a cabo por geacam son nulas
Y es que, el Tribunal Supremo ha concluido en su sentencia que «la tramitación de los procedimientos sancionadores incoados por las Administraciones Públicas han de ser tramitados por el personal al servicio de tales administraciones sin que sea admisible que, con carácter general, de permanencia y de manera continua, pueda encomendarse funciones de auxilio material o de asistencia técnica a Entidades Públicas Empresariales. En estos casos la resolución administrativa es nula de pleno derecho”.
Este mismo Tribunal ha manifiestado que «en la medida que los procedimientos administrativos son los medios a través de los cuales las Administraciones Públicas desarrollan su actividad pública y ejercen sus potestades, y estas han de realizarse preceptivamente por funcionarios públicos, cabe concluir que los procedimientos administrativos han de tramitarse por funcionario público, lo cual constituye la regla básica en materia de tramitación de procedimientos administrativo».
Además, afirman que «la tramitación de los procedimientos administrativos, en cuanto constituyen la actividad indispensable, técnica y ordinaria de las Administraciones queda reservada para los funcionarios públicos integrados en los respectivos órganos que tienen asumida las competencias correspondientes». Es la propia Administración la que debe aportar al expediente todo cuando sea relevante, en pro y en contra de él, lo cual requiere un grado de preparación, profesionalidad y objetividad que, según han explicado desde la asociación, solo en los funcionarios cabe presumir.
Desde la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha destacan que sorprende que Emilio García-Page sea ahora el principal valedor de la privatización de la Consejería de Agricultura. Desde dicho organismo explican que en vez de ampliar la plantilla de ingenieros agrícolas y veterinarios se dedican a destinar dinero a GEACAM para que haga el trabajo que deben realizar los funcionarios de la Administración. De esta forma, la Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha hace un llamamiento a todos los miembros de dichos colectivos de la región para que tengan conocimiento de tal nulidad.
Lo que está claro es que a los funcionarios de Castilla La-Mancha se les ha acabado el chollo, ya no podrán dejar que otros lleven a cabo su trabajo, sino que tendrán que desempeñar sus competencias. Y es que, después de que el Tribunal Supremo haya dictado que todo lo llevado a cabo por la GEACAM ha sido declarado nulo, estos trabajadores tendrán mucho más trabajado de lo normal. Ya no podrán relegar sus funciones, a partir de ahora tendrán que realizar su actividad, el trabajo para el que fueron contratados.
Los trabajadores públicos de ninguno de los territorios de España están dispuestos a llevar a cabo una gran actividad. Quieren seguir manteniendo su ritmo de trabajo conforme se encuentra actualmente. Por este motivo, los funcionarios están tan indignados con que el Tribunal Supremo haya decidido que nada de lo llevado a cabo por esta empresa sea válido, ya que ahora tendrán que recuperar todo este trabajo que no han llevado a cabo.
