El Gobierno ha tirado la toalla. El PSOE sabía que era una empresa difícil, pero no que habría actores que aparecerían de la nada para condicionar la esperada renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los últimos acontecimientos han dinamitado las pocas conversaciones que aún se mantenían entre el PP y el PSOE. Ya cuando ERC condicionó el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la reforma del delito de sedición, en Ferraz comenzaron a tener ciertos problemas. Pero ahora que lo han llevado al Congreso, el PP se ha visto con las manos liberadas para decir «no» a la renovación del CGPJ. Desde Ferraz ya dan por hecho que no habrá nuevos vocales (que están en funciones desde 2018). El PP lo celebra mientras en el PSOE se repite el mismo comentario una y otra vez: «Sánchez ha preferido los Presupuestos antes que el Consejo».
El delito de sedición se reducirá de 15 a cinco años la pena máxima gracias a la presión de ERC con este asunto clave para aprobar los PGE. La negociación ha sido a espaldas de todos los demás partidos excepto de Unidas Podemos y el PSOE se ha visto obligado a elegir entre la sedición o el CGPJ. Los rumores de que el PP no cedería por mucho que el PSOE colgara en el perchero la reforma del delito de sedición ha influido sobremanera en el giro que ha dado Ferraz. El PSOE ha renunciado, tal y como confirman fuentes del partido, a la renovación del CGPJ porque no estaba dispuesto a condicionar los Presupuestos y porque no se fían de que el PP vaya a cumplir su palabra. Ahora mismo, el PSOE entiende que no se volverá a hablar de renovación hasta las generales.
Es una batalla perdida, aseguran desde el Partido Socialista. La presión de Isabel Díaz Ayuso y la efectividad de la misma ha hecho que desde el entorno de Pedro Sánchez tiren la toalla con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tanto es así, que el Partido Popular como los vocales del CGPJ están de celebración. La sensación de que esta situación se prolongará durante varios meses más impera en los partidos, pero desde el PSOE dan alguna que otra aclaración más. Fuentes de Ferraz deslizan que el hecho de que la influencia de Isabel Díaz Ayuso esté detrás del bloqueo del CGPJ ha sido clave para que el PSOE renunciara por completo a la renovación del CGPJ y se haya centrado en complacer a ERC para sacar adelante los Presupuestos.
El CGPJ vive una situación complicada, pero el sentimiento de resignación es generalizado tras ver que los partidos políticos siguen pendientes de sus intereses partidistas antes que del sentido institucional. La dimisión de Carlos Lesmes puso en relieve que era necesario un cambio, pero las conversaciones entre el PP y el PSOE dejaron claro que solo era un intento fallido más. En el PSOE, las mismas fuentes entienden que hay muchos dirigentes dentro del PP que están más que dispuestos a renovar el CGPJ. Estos socialistas aseguran haber tenido conversaciones con sus homólogos populares en las que han reconocido que la razón por la que tumbaron las conversaciones fue por las llamadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
LA REFORMA
El Gobierno ha propuesto derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión –frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente– e inhabilitación de 6 a 8 años –frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual–, según recoge la proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos.
El texto consigue esta rebaja tras eliminar el artículo 544 del Código Penal –que define el delito de sedición– y modificar el artículo 557 para dar lugar a lo que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denominó «desórdenes públicos agravados».
Así, la proposición señala que «serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios».
