Uno de los pilares fundamentales de Ada Colau y Barcelona en Comú es la lucha por la transparencia y el buen gobierno, con agentes imparciales que supervisaran las malas prácticas del Gobierno, pero los hechos de los últimos años demuestran que el partido ha ido
retrocediendo en aras de acabar con la opacidad de las administraciones públicas hacia la
ciudadanía.
En el año 2015, se creó la Oficina de Transparencia del consistorio barcelonés con
el objetivo de garantizar la transparencia, el buen gobierno y evitar posibles casos de corrupción o malas praxis en el ámbito municipal, pero cuatro años más tarde, Colau optó por desmantelar el área de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, liquidando esta oficina.
En la actualidad, las funciones de este organismo han sido absorbidos por la Dirección de
Análisis, que cuelga del Área de Agenda 2030, Transición Digital, Coordinación Territorial y
Deportes, en manos de la socialista Laia Bonet y que se encarga de gestionar el buzón ético a
través de denuncias anónimas y realiza recomendaciones de buen gobierno.
Desde la disolución de esta oficina, hace ya tres años, y el recorte de sus funciones para pasar a
depender de la Dirección de Análisis del consistorio, hay acumuladas, a día de hoy, un total de
2.402 expedientes, de los cuales 2.006 pertenecen a denuncias a través del buzón ético, 306
son referentes a actuaciones en investigaciones, y los 36 restantes perteneces al comité ético,
según datos del Ayuntamiento, que asegura que solo el 10% de dichos expedientes están
pendientes de resolución.
En reiteradas ocasiones la oposición ha recriminado al Gobierno esta falta de transparencia.
Elisenda Alemany, portavoz adjunta de ERC, llegó a declarar en una comisión municipal que
“han desmantelado un área sin liderazgo ni recursos para fiscalizar el buen gobierno de la
institución. Con 2.400 expedientes acumulados, es difícil saber si este Ayuntamiento tiene
garantías para detectar casos de irregularidades o malas prácticas”.
Oficina polémica
Si nos remontamos a los inicios de la creación de la Oficina de Transparencia, en realidad esta ya nació plagada de controversias. En noviembre de 2015, Jaume Asens, el responsable por aquel entonces del área de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia presentó la creación de este ente municipal, que se erigía como pionero en territorio nacional para fiscalizar la actividad de un Ayuntamiento. Un organismo que debía estar compuesto por 56 funcionarios municipales y que, a día de hoy, solamente está formado por cuatro personas. Se trata de dos técnicos superiores especializados en Economía, un letrado y un administrativo, según detalló la concejal socialista Laia Bonet en una comisión municipal.
Una de las principales polémicas fue el método de elección de dichos funcionarios ya que
paradójicamente no fue muy transparente. De hecho, nunca transcendió la información de
cómo se había realizado dicho proceso de selección, cosa que choca un poco con la idea de
transparencia que promulgaba el Ayuntamiento.
La oficina se creó con un sesgo muy marcado, ya que el consejo asesor fue presentado como un grupo de expertos independientes, pero los miembros que lo formaron fueron ni más ni menos que personajes como el exdiputado de la CUP David Fernández, la activista de derechos digitales de XNet Simona Levi o el miembro de la plataforma anticapitalista Auditoria Ciudadana por la Deuda, Enric Pons.
En el corto historial de existencia de la Oficina de Transparencia pasaron dos directivos en apenas tres años. En un inicio, su primer responsable fue Joan Antoni Llinares, un admirador acérrimo a Ada Colau y sus políticas, como así lo demuestran las redes sociales. Llinares fue director del Palau de la Música Catalana después de que reorganizara y auditara la institución tras el estallido de las corruptelas del caso Palau. Su trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona consistía en desarrollar la política de transparencia municipal, creando el buzón ético y de buen gobierno.
Su paso por Barcelona terminó a mediados de 2017, cuando se trasladó a Valencia para ocupar el cargo de director de la Agencia Antifraude, dejando el departamento de transparencia del Ayuntamiento en manos de su número dos, Silvia Vèrnia, también con claras sintonías con la alcaldesa de Barcelona, puesto que participaron juntas en la redacción del informe “Emergencia Habitacional en el Estado Español”, publicada por la ONG donde trabajó Ada Colau antes de lanzarse a la política.
No obstante, a principios de 2018, Vèrnia decidió abandonar el proyecto para ir también con Llinares a la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana como directora de Prevención, Documentación y Formación. Desde su marcha del Ayuntamiento, la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas no ha vuelto a tener ni director ni la estructura que se definió en 2015.
Más opacidad en los organismos controlados por Barcelona en Comú
La falta de transparencia no solo ocurre en el propio Ayuntamiento, sino que, en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), liderada también por Barcelona en Comú, hay una clara carencia de transparencia. Algunos ejemplos que demuestran esta insuficiencia es la
publicación de gasto en campañas publicitaria del AMB, que lleva desactualizada desde el año
2017, o la gestión patrimonial que tiene la administración metropolitana, de los cuales no hay
datos de los dos últimos años.
En paralelo, otra de las iniciativas que teóricamente organiza cada año Barcelona En Comú para justificar el pago al partido de los excedentes de los salarios de los cargos públicos del grupo político, es el programa de La Filadora. Se trata de un programa que dota económicamente cada año a iniciativas de la sociedad civil escogido por un jurado compuesto en parte por miembros del partido. El problema es que la web de esta iniciativa carece de información actualizada. De hecho, no hay previsión de convocatoria para el 2022, puesto que, a pocas semanas de finalizar el año, aun no se han publicado las bases ni la fecha de presentación de los proyectos.
Tampoco hay previsión de realizarlo en 2023, dado que tanto las redes sociales como la página
web del programa llevan desde un año sin actualizarse. La última edición que sí se celebró fue
la del 2021 con un presupuesto dotado de 105.000 euros para siete iniciativas sociales.
