Con el argumento de hacer justicia a la memoria histórica de las víctimas del fanquismo, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa, de manera acelerada la nacionalización de miles de extranjeros, cuyos padres o abuelos eran españoles, a través de la entrada en vigencia de la Ley de Nietos, publicada el pasado 25 de octubre. Pero pese a la urgencia del Ejecutivo para darle celeridad a estos trámites en algunos países de América Latina, todo parece indicar que están queriendo dejar por fuera a los venezolanos.
Hasta el pasado 8 de noviembre las autoridades del Consulado General de España en Caracas anunciaban que habían recibido por lo menos 100 expedientes de venezolanos que intentaban gestionar la nacionalidad española y anunciaban que se habían aumentado las citas disponibles hasta en 10%, pero mientras que en países como Chile y Argentina ya han sido procesados cientos de expedientes y muchas personas han recibido la nacionalidad, en el país caribeño el procedimiento lento.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez este procedimiento con el que buscan nacionalizar, de manera expedita, a un gran número de ciudadanos extranjeros, descendientes de españoles, con los venezolanos las intenciones son completamente diferentes, pues desde el partido de Gobierno tienen más que claro que los venezolanos no cuentan para sus intenciones de ganar votos a partir de estos procedimientos, pues saben que la mayor parte de los ciudadanos del país suramericano adversan las políticas socialistas, a consecuencia de toda la crisis que han padecido desde que llegó Hugo Chávez al poder, en 1998 y que han sido continuadas por el dictador Nicolás Maduro.
De hecho, en las redes sociales del Consulado de España en Caracas, han sido muchas las consultas que los ciudadanos han dejado a las autoridades, para que los orienten sobre cómo tramitar la documentación necesaria para volverse españoles, a partir de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, o mejor conocida como Ley de Nietos. Se supone que a partir de la aprobación de este texto legal, los ciudadanos extranjeros, y en este caso, los venezolanos, tendrán dos años para presentar sus expedientes para solicitar la nacionalidad española.
Quienes se encuentren en el país suramericano y deseen iniciar el trámite, deben consignar los documentos necesarios, junto a la planilla que ha puesto a disposición de todos el Consulado y presentarlo personalmente en la sede, tras solicitar una cita. Pero es tan evidente lo que sucede con los venezolanos, que en cambio en las redes del Consulado de España en la capital chilena hasta se jactan de que ya han sido concedidas las primeras nacionalidades, de manera express, en apenas 20 días.
Con el trámite de las nacionalidades a partir de la Ley de Memoria Histórica está sucediendo absolutamente lo mismo que con el otorgamiento de las residencias por razones humanitarias que desde el año 2019 venían otorgando las autoridades españolas a los ciudadanos venezolanos que llegaban al país para solicitar protección internacional, pues aunque en el principio el procedimientos era mucho más expedito, durante el último año todo este trámite se ha rechazado y son cada vez más los venezolanos cuyas solicitudes de protección internacional son rechazadas y que tampoco reciben la residencia por razones humanitarias.
De acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior, en lo que ha transcurrido de 2022, por lo menos 38.073 ciudadanos venezolanos han presentado ante las autoridades la solicitud de protección internacional, de los cuales solo 14.732 han recibido la residencia por razones humanitarias, lo que quiere decir que apenas al 38,6% de los venezolanos han sido favorecidos con este procedimiento.
La estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez es cada vez más clara, pues están en campaña electoral y trabajando en función de mantenerse en el poder, ofreciendo beneficios a ciertos sectores de la sociedad que les puedan significar, de vuelta, votos para los comicios municipales y autonómicos que se celebrarán en mayo, pero sobre todo para las elecciones generales que serán en noviembre de 2023, como los jubilados, funcionarios y ahora a extranjeros que puedan nacionalizarse para votar por ellos.
La aplicación de este beneficio legal alcanza hasta a tres generaciones hacia atrás y mientras la ley aprobada establece que era para hijos y nietos de exiliados, tras la publicación de la Ley, el Ministerio de Justicia sacó una instrucción adicional en la que se establece que la nacionalidad española debe dispensarse a todos los hijos y nietos de españoles que hayan emigrado del país, sin distinguir que deba tratarse expresamente de personas cuyos antepasados hayan sido víctimas de algún tipo de persecución política.
