La ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se encuentra trabajando en la concesión de subvenciones dentro del sector agrario. En concreto, al impulso de la «erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras» en varios municipios españoles. Una medida con la que la ministra podemita parece buscar el voto favorable de los trabajadores del sector agrario. Un sector que ya se convertía, hace unos meses, en la gran apuesta de Yolanda Díaz, que no dudaba en «defender» los derechos de los trabajadores del campo, recibiendo a cambio el rechazo de parte del sector ante las «insinuaciones» de la ministra de Trabajo.
A apenas unos meses para la celebración de los comicios nacionales de 2023, los principales partidos políticos, así como sus representantes, han comenzado a lanzar sus particulares propuestas de cara, no sólo a cumplir con los compromisos adquiridos en las últimas elecciones, sino a «conquistar» el voto ciudadano de cara a la próxima cita de los españoles con las urnas. Una estrategia de la que Ione Belarra ha querido formar parte, centrando una de sus principales propuestas en el campo español.
Así pues, la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030 no ha dudado en «utilizar» las arcas públicas españolas para seducir a los trabajadores del sector agrario, a través de la concesión de subvenciones que impulsen «la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras». Eso sí, lo ha hecho centrándose en dos municipios andaluces: Lepe y Moguer, en Huelva, los cuales ostentan una población de menos de 30.000 habitantes.
EL PLAN DE IONE BELARRA PARA DEFENDER A LOS TRABAJADORES
«En el año 2020, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos publicó una Declaración […] alertando de la especial vulnerabilidad de la población inmigrante y, más concretamente, de las personas que viven en asentamientos irregulares en la provincia de Huelva, estimando que esta situación afecta a entre 2.300 y 2.500 personas» destaca el documento oficial hecho público por el Ministerio de Ione Belarra.
Palabras con las que, desde el departamento de Ione Belarra, se ha justificado la intervención del Gobierno en estos ayuntamientos, donde se ha adve4rtido de «las duras condiciones de vida de estos asentamientos, lejanos a suministros de agua potable y carentes de electricidad y sistemas de saneamiento adecuados […] con grandes dificultades para poder acceder a una vivienda en alquiler y al resto de servicios públicos básicos».
Así pues, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, tal y como destacan los documentos oficiales, invertirá 2.628.600 euros en 2022 para acabar con esta situación de los trabajadores temporeros de Huelva. En concreto, las subvenciones se asignarán en dos lotes: «un total de 1.810.600 euros para programas de realojo e inclusión social que realice el Ayuntamiento de Lepe», y «un total de 818.000 euros» para estos mismos programas en Moguer.
Subvenciones que se destinarán, entre otros, a los gastos directamente relacionados con la puesta a disposición de inmuebles para alojar a estas personas trabajadoras residentes en asentamientos regulares, la construcción de estos alojamientos, o la compra de inmuebles, o su adecuación, para estos trabajadores.
YOLANDA DÍAZ, LA GRAN «SEÑALADA»
Más de dos millones de euros que Ione Belarra destinará de las arcas públicas del Estado a favorecer a estos trabajadores del campo andaluz, y que sin duda, ayudarán a la causa de la ministra podemita de cara a las elecciones generales de 2023, en las que presumiblemente, Podemos presentará a Ione Belarra como candidata nacional, de no encontrarse una imagen más destacable dentro del partido.
Una estrategia para conquistar el «voto del campo» que «enfrenta», en términos electorales, a Ione Belarra, con la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya se movilizaba en 2020 en busca del voto del sector agrario para su proyecto político, cada vez más lejos de la formación morada. Una estrategia que, sin embargo, no parecía funcionarle a Díaz.
Y es que, si bien la ministra de Trabajo ponía en valor la labor del sector durante algunos de los momentos más duros de la pandemia, lo cierto es que sus actuaciones acababan enfureciendo al sector agrario. En concreto, las instrucciones de Yolanda Díaz a los inspectores de Trabajo para que persiguieran condiciones de «esclavitud laboral o prácticas semejantes» en las campañas agrícolas de verano.
Acusaciones que no gustaban en el sector, que acusaba a la ministra de señalarles y «estigmatizarles» de forma pública. Un enfado que ahora se ha multiplicado debido a las pretensiones de Yolanda Díaz de establecer un precio máximo a los productos del sector, ante la crecida del IPC. Un evidente malestar del sector agrario ante las actuaciones y las palabras de la ministra de Trabajo que, ahora, podría hacer que los trabajadores, especialmente aquellos que se verán beneficiados por las subvenciones, giren su intención de voto hacia Ione Belarra.
