La incidencia delictiva de los últimos meses ha hecho que desde el Ministerio del Interior se tome la decisión de reforzar los dispositivos de seguridad en las áreas donde operan las bandas juveniles, con la intención de reducir los hechos de violencia que se registren, al menos hasta el 15 de enero del próximo año.
De acuerdo con los registros del Ministerio del Interior, durante los nueve primeros meses del 2022 en todo el país se han cometido 12.359 delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias. Las dos víctimas más recientes de las que se ha tenido conocimiento, en la ciudad de Madrid fueron dos jóvenes que resultaron heridos por arma blanca, la madrugada del lunes, en el área de Villaverde, al sur de la capital española.
Se trata de dos jóvenes de 19 y 25 años, respectivamente, que fueron agredidos de manera simultánea, en localidades muy cercanas, según informaron los servicios de emergencia a través de las redes sociales. Según la información aportada por los organismos de seguridad, el pronóstico médico de estas personas era reservado y grave, pues recibieron heridas en el área de la espalda y el hemitórax, la espalda y la mandíbula.
Según la Confederación Española de Policías (CEP), esta organización ya había hecho esta solicitud al despacho del ministro Fernando Grande Marlaska, pues aseguran que los delitos por lesiones y riñas tumultuarias se han incrementado en más de 48% en comparación con el año pasado y en comparación con los últimos siete años, por lo que esperan que con esta medida se pueda dar un primer paso para controlar las incidencias de este tipo en todo el país.
«No es la solución. Pero es lo mínimo que se podía hacer y que CEP lleva tiempo reclamando a la DGP y a Interior, la última vez por escrito el 16 de noviembre y recordando que la llegada de las Navidades supondrá una nueva ventana de oportunidad» señalaron los miembros del sindicato policial a través de un boletín que compartieron.
El Ministerio del Interior señala que habrá un aumento de la presencia preventiva policial, con unidades uniformadas en aquellos lugares donde se hayan detectado actuaciones o comportamientos violentos, así como en los lugares de reunión y ocio de los jóvenes durante los fines de semana y periodos vacacionales, implementando, además, dispositivos integrados por personal no irá uniformado.
Para los funcionarios de los cuerpos de seguridad españoles uno de los motivos de alarma de los últimos tiempos es el incremento en las agresiones que se llevan a cabo con arma blanca, sobre todo en los casos de agresiones de los grupos delictivos conformados por jóvenes, quienes al no tener acceso a las armas de fuego, utilizan navajas, cuchillos y machetes para agredir a sus víctimas en las revueltas.
«El aumento de la violencia en las calles es un hecho objetivo. Que las zonas de ocio y los grupos
juveniles violentos tienen mucho que ver en eso es otro hecho. Y que frente a todo ello es necesario tolerancia cero, también. Por eso es necesario un plan especial, con firmeza frente a todos aquellos que creen que la calle es suya. Interior acaba de anunciar que se activa esta iniciativa. Ya era hora y esperemos que no sea la última medida frente a los violentos porque hacen falta muchas más», señalaron los uniformados en su boletín.
Desde el despacho de Fernando Grande-Marlaska indicaron que habrá además un incremento en el número de inspecciones a locales y espectáculos públicos y de la presencia policial, a fin de controlar la venta de alcohol a menores o la permisividad al consumo de drogas por parte de los responsables de los mismos, así como un mayor control de la oferta minorista de drogas en lugares de ocio y en el entorno de los centros escolares, para desarticular puntos de tráfico minorista.
Otra de las medidas tomadas por el Ministerio del Interior, a propósito del reforzamiento de los dispositivos de seguridad, contempla el endurecimiento de los mecanismos de control para impedir la tenencia y el uso de armas blancas y otros instrumentos peligrosos que pueden ser susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, procediendo en su caso a su intervención.
La instrucción del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, establece también que las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tendrán la responsabilidad de trasladar estas directrices a los responsables de los servicios de seguridad privada, en sus respectivas demarcaciones, para establecer los canales necesarios y los modos de colaboración y de participación en las medidas y dispositivos que serán implementados.
Finalmente, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, impulsarán, coordinarán y asegurarán, en el marco de sus competencias, el cumplimiento y seguimiento de estas medidas policiales de especial intensificación señaladas. En aquellas comunidades autónomas que cuenten con cuerpos de Policía propios, darán traslado del contenido de esta instrucción a sus responsables, a los efectos y coordinación que estimen oportunos.
