Todo el movimiento que se ha originado a raíz de la intención del Gobierno de aprobar una ley que intentará abolir la prostitución, ha generado una ola de protestas de diversas organizaciones de trabajadoras sexuales que han intentado frenar esta iniciativa, impulsada por el PSOE, ha traído consecuencias nada positivas para quienes han dado la cara y liderado estas manifestaciones.
Una de las más afectadas por toda esta situación ha sido Susana Pastor, portavoz de un grupo de trabajadoras sexuales y directora de la organización ASTRA, quien ha denunciado que tras el acoso policial del que han sido víctimas ella, sus trabajadoras y los clientes, se ha visto en la necesidad de cerrar temporalmente el establecimiento, debido a la manera en la que los miembros de los cuerpos de seguridad han actuado desde mediados de noviembre.
En una conversación con Moncloa.com, Pastor indicó que los funcionarios se han presentado al local, tanto uniformados como vestidos de paisano, para solicitar los documentos de las trabajadoras y de los clientes, lo que ha generado incomodidad por parte de las personas que visitaban asiduamente el establecimiento, e infundían temor a las trabajadoras.
«Hubo una semana que la policía vino 50 veces a mi local. Se paraban afuera en un coche, vestidos de paisanos y le pedían a los clientes los documentos de identidad, lo que comenzó a molestar a varios y no entiendo por qué. Yo siempre me he llevado bien con la policía de Torrente -en Valencia- que es donde tengo mi negocio, pero no sé qué órdenes les están dando ahora que ha surgido todo este movimiento», expresó la portavoz de las trabajadoras sexuales.
Toda esta situación se originó a raíz de las protestas que han protagonizado las trabajadoras sexuales a las puertas del Congreso de los Diputados y en diversas regiones del país, donde han intentado frenar la iniciativa legal que pretende penalizar a quienes consuman cualquier tipo de prostitución, con el propósito de abolir esta actividad, bajo el alegato de que las mujeres que se dedican a ello son víctimas de trata de personas.
De hecho, la situación de acoso se ha agravado a raíz de que estas mujeres advirtieron que en el caso de que se aprobara la ley, ellas estarían dispuestas a publicar las listas de los políticos que han sido sus clientes, pues consideran que toda se trata de una artimaña moralista, que también ha sido impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, so pretexto de sus ideologías feministas.
La directora de ASTRA comentó que durante el último mes en los locales y pisos donde se ejerce la prostitución en la Comunidad de Valencia, han habido más de 500 revisiones policiales sin órdenes, lo que tiene a los dueños y a las chicas que trabajan en esos establecimientos con miedo, porque los funcionarios llegan de manera agresiva, sin identificarse, lo que las mantiene en alerta.
En el caso de su local, Pastor indicó que serían nueve las chicas que trabajan allí, más cuatro encargadas y dos personas que se encargan de la limpieza las que se han visto afectadas por el cierre, y que solo a dos de las trabajadoras las ha podido ayudar a conseguir trabajo en otros establecimientos, pues no sabe por cuánto tiempo más deba permanecer cerrado, por el acoso de los funcionarios policiales.
La líder de las trabajadoras sexuales reconoce que los funcionarios policiales solo reciben órdenes, pero no entiende el por qué asumen esta actitud, cuando ellas solo están defendiendo su derecho a trabajar en lo que ellas quieren y piden que haya una legalización de la prostitución, tal como la hay en otros países.
Las revisiones están ocurriendo no solo en Valencia; también la organización que lidera Susana Pastor ha recibido denuncias de situaciones similares en Murcia, Sevilla, Málaga, Benidorm y hasta en Madrid, mientras que en regiones como el País Vasco y Cataluña la situación es completamente diferente, porque los gobiernos locales han aprobado ordenanzas que le dan legalidad al ejercicio de la prostitución, y que al final, eso es lo que solicitan las trabajadoras sexuales; que se legisle sobre sus condiciones laborales para que puedan trabajar de manera legal y obtener todos los beneficios que obtiene cualquier trabajador.
La portavoz de ASTRA insiste en que las informaciones en las que se basan las autoridades para justificar la necesidad de abolir la prostitución, que son las estadísticas de que supuestamente 90% de las mujeres que se dedican a esta labor son víctimas de mafias que se dedican a la trata de personas, son falsas, pues ellas aseguran que en todo caso podría tratarse de un 10%, pero que el resto trabaja en esta área porque así lo prefieren, debido a los ingresos que perciben ejerciendo la prostitución, que en ningún caso podrían obtenerlos trabajando de cualquier otra cosa.
Sin embargo, Pastor advierte que no descansarán hasta que los miembros del Gobierno las reciban y escuchen cuáles son sus planteamientos, que al final son reclamos que las trabajadoras sexuales consideran justos para poder seguir ejerciendo su trabajo.
