Los inspectores de Hacienda denuncian que se quiere politizar la función pública y rebajar el nivel de los funcionarios

El Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible por meter la mano dentro de las instituciones del Estado y convertirlas a su antojo, desmejorando la calidad de los funcionarios que ocupan cargos dentro de la administración pública y esto ha sido la motivación de los inspectores de Hacienda, que, tras la protesta que protagonizaron el pasado miércoles a las puertas del Ministerio de Hacienda y Función Pública, han señalado que están decididos a frenar las intenciones del Ejecutivo.

Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), advirtió que insistirán hasta lograr que el ministerio dirigido por María Jesús Montero revierta la normativa que cambió el mecanismo mediante el cual los funcionarios pueden optar a ser promovidos en cargos internos, mediante la flexibilización de las pruebas que se realizan.

«El acuerdo se firmó el 3 y se conoció el 4 de noviembre y una de las cosas más graves es que reduce el nivel de exigencia hasta en 80%, pues se redujo el temario con el cual los funcionarios se deben preparar para optar a estos cargos y esto lo que generará es que tengamos funcionarios mucho peor formados y de peor calidad», expresó Pérez Goga en conversación con Moncloa.com.

El día de la protesta, los funcionarios de Hacienda consignaron ante el ministerio un total de 1500 firmas de los miembros del sindicato y de otros compañeros que se sumaron a la manifestación, pues consideran de gran gravedad lo que ha sucedido, pues demás de la premisa de reducir los temas que necesitan aprender los funcionarios, incluyeron en el proceso una fase de selección que consideran subjetivo y que por lo tanto podría prestarse para malas prácticas, como favorecer el nepotismo, el amiguismo y la politización de los cargos.

«No solo es que hayan eliminado el 80% del temario que deben aprenderse los funcionarios para la selección, sino que además crearon una nueva prueba que consiste en una valoración del trabajo realizado en el grado inferior, que parece ser un elemento completamente subjetivo, porque ya no dependerá de los conocimientos del funcionarios, sino de una valoración de su trabajo hecho por otra persona», explicó el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

Pérez Boga indicó que más del 75% de los funcionarios estarían en desacuerdo con estas nuevas medidas que fueron aprobadas por el Ministerio de Hacienda y que insistirán hasta que las autoridades tomen en cuenta sus consideraciones, porque han advertido que el acuerdo con los sindicatos mayoritarios se hicieron de manera unilateral y con la intención de procurar la promoción de ciertos funcionarios.

«El día de la protesta, además de las 1500 firmas que consignamos, dejamos una carta dirigida a la ministra María Jesús Montero, que fue recibida por una persona autorizada», dijo Pérez Boga. Entre los puntos que plantearon los funcionarios en la carta que entregaron, dirigida a la ministra, están el hecho de que consideran que existe una falta de diálogo, pues aseguran que no han sido tomados en cuenta todos los funcionarios del organismo antes de firmar el acuerdo.

Otro de los aspectos de la carta se refiere a lo que ellos consideran ha sido una falta de atención a las peticiones de participación por parte de los cuerpos superiores en el proceso de repensar la función pública, impulsado desde el ministerio en el año 2019, lo que ha impedido conocer y aportar sus ideas y propuestas para poder buscar soluciones eficaces y eficientes para estos procesos.

También hicieron referencia en el documento a la falta de transparencia que deriva de los futuros criterios de selección contenidos en el acuerdo que fueron firmados con los sindicatos mayoritarios, en el que priman, según los miembros de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, elementos subjetivos y de antigüedad, frente al prestigio y la objetividad de que gozan los actuales sistemas de selección.

Los funcionarios además rechazan, de plano, lo acordado, pues advierten que bajo el paraguas de la “modernización”, de la “democratización” y de la “agilidad” de las pruebas que se realizarán, «se atisba un ansia desmedida, manifestada hace años, por colonizar la administración -la parte política-, y sumar afiliados en puestos relevantes, con el solo objetivo de recuperar un peso sindical que veían peligrar en los últimos años», decía el texto consignado ante el Ministerio de Hacienda.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda advierte que, de no atender las peticiones del gremio, tomarán todas las medidas oportunas y a su alcance para evitar la muerte de una administración pública, profesional e independiente, en términos de injerencia política, y garante de la adecuada prestación de los servicios públicos del estado de bienestar.