El médico de familia acusado de 26 delitos de abuso sexual consumado y seis en grado de tentativa, P.F.G.H., ha reconocido los hechos en el primer día de la vista oral celebrada en el juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza y ha llegado a un acuerdo con 30 de las 32 víctimas.
A 13 de ellas ya las ha indemnizado en concepto de responsabilidad civil y el juez ha decidido que no acudan a declarar, como tampoco lo harán las otras 17 que no se han personado y son defendidas por el Ministerio Fiscal, para evitarles un mayor sufrimiento y tener que volver a recordar lo sucedido.
El acusado ha depositado 13.300 euros en la cuenta del juzgado para indemnizar a esas 17 mujeres, así como a las otras dos con las que no ha habido acuerdo, según ha expuesto durante la vista la abogada del acusado, Claudia Melguizo.
Las dos mujeres que siguen adelante con el juicio declararán el próximo 10 de enero, jornada en la que también intervendrán un médico forense y una psicóloga forense, a petición de una de las afectadas.
Los hechos que se juzgan tuvieron lugar entre octubre de 2020 y abril de 2021, cuando el acusado ejercía como médico de familia del Centro de Salud Parque Goya 2 de Zaragoza, perteneciente al Servicio Aragonés de Salud (Salud), si bien una de las víctimas es anterior, de mayo de 2020, y los hechos tuvieron lugar en el consultorio médico de la localidad zaragozana de Ricla.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, que el acusado ha reconocido, solo estaba habilitado para ejercer Medicina General, sin contar con titulación en Ginecología o en técnicas diagnósticas de mamografía, a pesar de lo cual se ofrecía a hacer exploraciones propias de estas especialidades a sus pacientes del centro de salud.
El mismo escrito expone que este individuo planteaba las mujeres hacerles exploraciones mamarias y ginecológicas y tocó los pechos y nalgas de varias de ellas, a la mayoría les dio abrazos, y también consta que a algunas les pasó la mano por la espalda, les decía que eran muy guapas, les trataba de ‘cariño’, les invitaba a fumar un cigarrillo en el sótano del centro o a tomar algo fuera del mismo.
El Ministerio Fiscal también le acusa por un delito de intrusismo por el que pide 12 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros, es decir, 7.200 euros en total. Por responsabilidad civil, solicitaba indemnizar a las 32 perjudicadas con 600 euros a cada una.
Por los 26 delitos de abuso sexual y seis en grado de tentativa pedía 60 años de prisión en total, cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad, cargo, empleo o función relacionada con la Medicina y cuatro años de libertad vigilada.
El titular del juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza ha recordado al acusado que se le considera autor de 26 delitos de abuso sexual consumado, seis de abuso sexual en grado de tentativa y un delito de intrusismo, a lo que el encausado ha respondido que reconocía los hechos.
A continuación, las defensas de 13 de las afectadas han informado de que ya habían sido indemnizadas y que renunciaban a testificar «para evitar un mayor sufrimiento y tener que volver a recordar lo sucedido», según han expuesto los diferentes letrados. También han renunciado al resto de pruebas que había planteado.
El Ministerio Fiscal también ha renunciado a los testimonios de las 17 mujeres a las que defiende «para que no revivan los hechos» y tras haber los reconocido el encausado y haber afirmado éste que asume las consecuencias. P.F.G.H. ha respondido, a preguntas del Ministerio Fiscal, que no tenía la titulación de Ginecología o de técnicas diagnósticas de mamografía, aunque ha matizado que estuvo interno tres años, durante la carrera, en el servicio de Obstetricia.
El Ministerio Fiscal sí han mantenido para la vista oral los testimonios de los cuatro agentes de la Policía Nacional que han intervenido en este caso, quienes han comparecido este martes y se han ratificado en sus informes y en los atestados.
Uno de los letrados de las dos mujeres que siguen adelante con el juicio ha aportado nuevos informes médicos y psicológicos, que han sido admitidos por el juez. Asimismo, los dos abogados que las defienden han pedido al encausado que reconociera los hechos narrados en sus escritos de acusación, como éste ha hecho, tras leer las conclusiones.
El abogado de una de ellas, Alberto Peiró, ha comentado, en declaraciones a los medios de comunicación, que se trata de un caso «de abusos sexuales reiterados» por parte de un médico de un centro de salud y, por eso, «hablamos de un cumplimiento efectivo que podría llegar hasta los nueve años, además de la inhabilitación».
Ha añadido que en su caso piden tres años de prisión por un delito consumado de abuso sexual, inhabilitación y una indemnización de 6.000 euros por los perjuicios sufridos ya que su defendida «se encuentra en tratamiento psicológico desde entonces».
Peiró ha dicho que su defendida no ha querido llegar a ningún acuerdo, sino celebrar el juicio y que el acusado pagara «con lo que determine el juez, conforme a la ley». Ha apuntado su petición va a ser que se cumplan los tres años de prisión que piden. «Nos vamos a oponer a una suspensión extraordinaria de su entrada en prisión» puesto que los hechos ocurridos «son suficientemente graves y reiterados en el tiempo».
Ha detallado que su defendida sigue en tratamiento, con medicación y acudiendo a los especialistas «para salir de la difícil situación en que se encuentra» por las acciones de este médico.
Asimismo, ha contado que acudió al centro de salud para solicitar una derivación a Psicología Clínica «porque se encontraba en una depresión, en medio de un proceso de divorcio», ocasión en la que el acusado «aprovechó para abusar sexualmente de ella» y «con la excusa de que le iba a dar un abrazo, le acarició el pelo, le tocó los pechos y la besó en la boca retirándole la mascarilla», algo que ocurrió en el otoño de 2020, «cuando todavía había restricciones por la pandemia» y los pacientes debía acudir solos a la consulta.
Por su parte, Olga Oseira, abogada de una de las mujeres que ha llegado a un acuerdo, ha apuntado que el acusado ha reconocido «todos los hechos». En el caso de su defendida, sufrió «tocamientos fuera de lo normal, unas exploraciones que no son las que se debe hacer por un especialista en Ginecología», si bien no ha querido aclarar en qué cuantía ha sido indemnizada, ni la petición de pena de prisión. «Se determinará el último día de la vista», ha apostillado.
La abogada del acusado, Claudia Melguizo, ha detallado que su defendido había depositado en la cuenta del juzgado 13.300 euros, con independencia de las indemnizaciones a las 13 víctimas que ejercen la acusación particular, que ya han sido abonadas, cantidad que servirá para las 17 mujeres defendidas por el Ministerio Fiscal y para las otras dos con las que no se ha podido llegar a un acuerdo.
En declaraciones a los medios de comunicación, tras la sesión de este martes, Melguizo ha expuesto que su cliente «ha reconocido todos y cada uno de los hechos, se ha mostrado muy arrepentido», además de que ha indemnizado extrajudicialmente a las víctimas que acudían como acusación particular «y ha consignado una cantidad importante en el juzgado en concepto de reparación del daño, de conformidad con las cantidades que solicitaba el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones».
El juicio continuará el próximo 10 de enero, a las 9.30 horas, jornada en la que comparecerán las dos mujeres que mantienen la acusación particular, así como un médico y una psicóloga forenses, además de que se emitirán las conclusiones de las partes –Ministerio Fiscal, acusaciones y defensa–, día en el que está previsto que finalice el juicio.
