Tras el descontento de los funcionarios de prisiones por los enunciados utilizados por el Ministerio del Interior en la prueba de admisión que se celebró el pasado domingo, donde se les señalaba de maltratadores y se les responsabilizaba de introducir sustancias estupefacientes a los centros de reclusión, la polémica ha derivado en el señalamiento contra el funcionario responsable de la realización de estos textos, que es, según los afectados, nada menos que José María Pérez Peña, quien preside el tribunal y responsable directo de haber elaborado las pruebas.
Los funcionarios señalan que este funcionario, que quiere gestionarse una línea directa en el Ministerio del Interior y en especial con el despacho del ministro Fernando Grande Marlaska, es uno de los más férreos censores dentro del cuerpo de funcionaros penitenciarios, que siempre trabaja en función de ponerles en entredicho y perjudicar su labor, frente a las autoridades superiores, todo con tal de congraciarse con este personaje, a quien tachan de abusivo.
Anteriormente este funcionario ocupaba un cargo dentro de la subdirección general de Inspección Penitenciaria, pero fue cesado. Sin embargo, se mantiene dentro de la institución y a través de los contactos que todavía tiene dentro del organismo, obra siempre en contra de los funcionarios que se encargan de la seguridad dentro de las prisiones de todo el país.
Fuentes ligadas al mundo penitenciario señalan que mientras tuvo cargos de relevancia dentro de la Subdirección general de Inspección Penitenciara, se encargaba de implementar la política de suspensión de los salarios de los funcionarios cada vez que lo consideraba oportuno, como una medida sancionatoria contra el personal, según lo veía conveniente cuando se presentaban situaciones de conflicto o irregularidades con el personal y los reclusos.
De hecho, fue uno de los mencionados en la polémica ocurrida a finales del 2021, cuando lo separaron de su cargo, tras hacerse público el hecho de que había suspendido a dos funcionarios de prisiones a quienes señalaron falsamente de haber agredido a la subdirectora de la cárcel de Villena, ubicada en Alicante.
De acuerdo con lo relatado con funcionarios de prisiones a Moncloa.com, este funcionario habría tomado la decisión de suspender del trabajo y del sueldo a dos custodios, que habían sido señalados por la subdirectora del penal de haberla agredido a las puertas de su casa. Al final, las investigaciones determinaron que todo había sido una mentira, pues la Guardia Civil logró demostrar que la supuesta agresión jamás había ocurrido, por lo que la decisión de Pérez Peña de actuar contra los funcionarios fue completamente injustificada.
Los funcionarios señalan que este era el tipo de actuaciones que regularmente tenía esta persona dentro de la institución, en la que siempre prefería señalar a los miembros de los cuerpos de seguridad de las prisiones, sin importarle jamás la presunción de inocencia, por lo que no les extraña que ahora en las pruebas de admisión tengan entre sus contenidos estos planteamientos en los que se refieren a una serie de conductas irregulares supuestamente cometidas por funcionarios de prisiones, suponiendo, una vez más, que todos ejercen mal su trabajo y no cumplen con las responsabilidades que le son atribuidas, como es la seguridad dentro de los centros de reclusión del país.
Para cuando este funcionario fue separado de su cargo, por haber suspendido a los de prisiones, se había elaborado un informe en el cual se le daba absoluto crédito a los señalamientos hechos por la subdirectora del centro de reclusión que se inventó la agresión, en lugar de investigar primero la veracidad de los hechos para posteriormente dictar las medidas que consideraran pertinentes contra los que resultaran responsables, y por el contrario, primero se procedió a sancionarlos, hasta que la mentira quedó en evidencia.
Dentro del mundo penitenciario, José María Pérez Peña es reconocido como un hombre con mucha trayectoria y conocimiento, pero que con tal de ganarse la simpatía de los mandos superiores, siempre se ha encargado de jugar contra los funcionarios, por considerar que con estas acciones ascendería dentro del organismo que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Las fuentes de prisiones señalan que en muchas ocasiones se empeñaba por congraciarse con el ministro, pues sabía muy bien que no era parte del séquito de los que más afecto recibían, por lo que se tomaba atribuciones que asumía que podrían ser bien vistas por Grande-Marlaska y que normalmente terminaban en regaños y llamadas de atención.
