La formación morada Podemos parece decidida a mantener su enfrentamiento con la Constitución española. Eso sí, en una posición destacada como partido en coalición dentro del Gobierno nacional, y a pesar de que los ministros podemitas hayan prometido sus cargos ante la Carta Magna. Una posición contra la Constitución que se ha podido ver de nuevo entre las filas moradas, tanto en la polémica ante la renovación de los principales órganos judiciales del país, como en la aprobación e implantación de las nuevas normativas de Podemos, como la conocida «Ley Trans» de Irene Montero.
Tras las últimas elecciones generales, y tras llegar a un acuerdo de coalición con el partido socialista, los principales líderes de Podemos alcanzaban el Gobierno de España, prometiendo sus cargos ante su Majestad el Rey Felipe VI. Un cargo de representación del Estado que, sin embargo, parece no haber sido suficientemente vinculante para que los podemitas decidieran abandonar su aparente desdén por algunos de los elementos de la Democracia española. En concreto, la Constitución, así como la figura del Rey y de la Casa Real que, a pesar del paso del tiempo, siguen siendo objeto de críticas por parte de la formación morada.
Algo que recordaban los propios podemitas hace apenas un año, cuando Unidas Podemos trasladaba al PSOE que, en su opinión, la Constitución española es un «traje viejo» que debe renovarse, apostando los morados por un estado «federal y republicano», así como consagrado al feminismo, el cuidado del medio ambiente y los derechos sociales.
PODEMOS SE CENTRA EN LA RENOVACIÓN JUDICIAL
Una situación de los podemitas, aparentemente contraria a la aplicación de la Constitución, tal y como está establecida actualmente y desde 1978, que ha llevado a los morados a mostrarse en más de una ocasión en contra de los dictámenes de la Carta Magna. Algo que sucedía hace apenas unos días, cuando era Llilith Vestrynge, la secretaria de Organizacion de Podemos, la que decidía devaluar el papel del Rey como figura constitucional española.
Así pues, ante la crisis que se vive actualmente con el Tribunal Constitucional, y ante el bloqueo de las instituciones judiciales como el Consejo General del Poder Judicial, la secretaria podemita no dudaba en destacar que el Rey no tiene «legitimidad democrática» para posicionarse ante la crisis judicial.
Palabras de la morada sobre las que el PSOE intentaba no pronunciarse. Algo que sí hace la propia Constitución española, que define que el monarca, de forma constitucional, sí tiene legitimidad para «moderar» las instituciones. Así pues, el Artículo 56 de la Carta Magna destaca que «el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones». Del mismo modo, el artículo 61 compromete al monarca a «desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución».
Situación polémica de los morados que también salpica a la propia renovación de los órganos judiciales, actualmente paralizada por la falta de acuerdo entre los principales partidos políticos. Y es que la formación morada no ha dudado en proponer la reforma de las mayorías judiciales, buscando los morados que el PSOE ceda para que los vocales sean escogidos por mayoría absoluta, y no por los tres quintos del Congreso. Un movimiento que ya se frenó en Europa y que podría acabar violentando el estado de derecho.
LA DISCRIMINACIÓN DE IRENE MONTERO, «CONTRA» LA CONSTITUCIÓN
Sin embargo, no son los movimientos de Podemos a favor de la reforma judicial lo único que aparentemente muestra la falta de relevancia que la Carta Magna tiene para la formación de Pablo Iglesias. Y es que también las nuevas normativas de los morados, como es el caso de la famosa Ley Trans de Irene Montero, parecen dejar a un lado lo estipulado por la Constitución.
Así pues, en el texto de la Ley Trans, el Ministerio de Igualdad dispone que se deben realizar «campañas de concienciación en el ámbito laboral para la integración sociolaboral de las personas trans». Un esfuerzo estatal, y especialmente de las arcas públicas del Estado, que estará centrado en las «oportunidades de empleo y fomento de la contratación» de este sector social, destacándose que los poderes públicos deben prestar una «particular atención» a este colectivo.
«Discriminación positiva» del departamento de Irene Montero que parece chocar frontalmente, una vez más, con la Constitución, que en su artículo 14 destaca que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Palabras con las que, una vez más, la formación morada parece demostrar que, a pesar de compartir Gobierno con el PSOE, la Constitución no es más que un «traje viejo» que buscan adaptar a sus nuevas políticas moradas, a pesar de que la Carta Magna ha predominado y legislado el país desde 1978.
