Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y magistrado del Tribunal Constitucional, ha tiene los servicios pagados. Su salida generó un auténtico agujero en el Gobierno porque dejó a ciegas al Ejecutivo que tenía la necesidad de ver cómo se movía el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno, previa mediación de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha premiado a Juan Carlos Campo con el Constitucional, pero con la ministra de Justicia, Pilar Llop, no se prevé ningún tipo de premio dada su gestión en el Gobierno.
La ministra de Justicia no tendrá previsiblemente ningún premio por su gestión. Durante meses, fue una de las candidatas para ir al Ayuntamiento de Madrid en lugar del puesto que ahora ocupa la ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto. El problema es que sus declaraciones y su nula capacidad de comunicación política, tal y como detallan fuentes del PSOE, dejaron claro que no era la mejor de las opciones. Esto, sumado a que fue incapaz de prevenir al Gobierno de la anunciada dimisión del expresidente del Supremo Carlos Lesmes y a que no consiguió tender ni el más mínimo puente con los vocales del Consejo General del Poder Judicial la dejaron una posición tan delicada que incluso sonaba su nombre como una de las posibles candidatas a dejar el Gobierno en la crisis de enero, aunque ahora han cambiado sensiblemente las intenciones de un Ejecutivo que sopesa incluso el adelanto electoral acompañado con la reforma de las pensiones.
El nombramiento de Juan Carlos Campo ha caído como un jarro de agua fría en el Ministerio de Justicia porque ven cómo Llop desaparecerá en el olvido. Tiene más posibilidades de tener otro puesto regalado como pago a sus servicios Irene Lozano que la ministra. Llop ha desaparecido del mapa político y ya no sale ante los medios de comunicación dado que no tiene ningún proyecto político entre manos ni ninguna promesa por parte de Moncloa. Llop está en una posición extremadamente delicada y solo ha visto cómo su predecesor Juan Carlos Campo se ha llevado uno de los premios más gordos de la judicatura, ser magistrado del Constitucional.
La ministra no tiene ni siquiera un hueco en la Comunidad de Madrid, aunque hay quien espera que pueda tenerlo más adelante como pago por los servicios prestados. Es una posición y un momento difícil para Llop porque desde el Gobierno ni siquiera la están dando protagonismo en un momento clave para las instituciones de la Justicia. El PSOE sigue su propia hoja de ruta orquestada desde la Moncloa y tiene una ministra de Justicia a la que no quiere dar galones.
LOS OTROS NOMBRAMIENTOS
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han elegido este martes por unanimidad en su segunda votación a los dos magistrados que les corresponde designar al Tribunal Constitucional: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y la magistrada jubilada del (TS) María Luisa Segoviano; ambos propuestos por el ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces, aunque Segoviano estuvo en un principio en la lista de 9 nombres de los progresistas.
El ala conservadora del CGPJ ha conseguido el respaldo para sus dos candidatos y, por ende, ha logrado dejar fuera a la opción del sector progresista, el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, en el momento de la votación cinco vocales del ala progresista –Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez– han manifestado que renunciaban a Bandrés «por sentido institucional».
Hasta ahora, el equilibrio de fuerzas en el CGPJ –con 8 vocales progresistas y 10 conservadores– había hecho imposible el acuerdo. En la votación del 20 de diciembre, los dos nominados por el sector mayoritario, Tolosa y Pablo Lucas, obtuvieron 10 votos, mientras que Bandrés logró 7, todos los que podía conseguir el bloque progresista porque el vocal Enrique Lucas se abstuvo a raíz de que su hermano era uno de los nombres sobre la mesa.
