El Gobierno de Pedro Sánchez parece no tener duda alguna en querer contar con Indra para hacer el recuento de votos en las próximas elecciones nacionales, que presumiblemente se celebrarán a final de 2023. Una decisión del Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Interior, que no ha tardado en sembrar la polémica.
En apenas unos meses, los ciudadanos españoles volverán a pasar por las urnas para escoger a su futuro presidente del Gobierno. Unas elecciones nacionales que vendrán muy condicionadas por la actual crisis económica y energética provocada por el IPC y la guerra entre Ucrania y Rusia, así como por el evidente desgaste del Gobierno nacional y la llegada de Alberto Núñez-Feijóo a la dirección del Partido Popular.
Unas elecciones nacionales en las que, sin embargo, la polémica no solamente estará centrada en los principales partidos políticos y sus acuerdos, sino también en el sistema que regule la celebración de los comicios a nivel nacional. Una gestión que llevará a cabo la empresa española Indra, sin que esto suponga una «tranquilidad» para gran parte de la ciudadanía española.
INDRA, SEÑALADA POR SU VINCULACIÓN CON EL GOBIERNO
Así pues, el gobierno de España ha escogido a Indra para ser la empresa que lleve a cabo el proceso de las elecciones que tendrán lugar en este año en el país, siendo un punto de relevancia para la empresa en los comicios. Una elección polémica desde los inicios, debido a que la propia empresa presentaba tarde la documentación pertinente para acceder a la licitación gubernamental.
Algo que parecía «perdonar» el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska, que decidía adjudicar este contrato a Indra, a pesar de su retraso en la presentación de la oferta ante el contrato, justificando que es una labor excesivamente importante como para desatender cualquier oferta que se produzca de cara a los próximos comicios. «Teniendo en cuenta que el servicio a contratar es fundamental para el correcto desarrollo de los procesos electorales y un retraso en su tramitación podría afectar a las elecciones que deben celebrarse en 2023» justifican desde el departamento de Marlaska, tal y como ha podido saber el diario El Debate. Palabras con las que el departamento de Interior justifica el pago a Indra de cerca de 40 millones de euros.
Una justificación que, sin embargo, parece no ser suficiente para algunos sectores de la población española. Tampoco para líderes de la oposición, que cuestionan la elección tomada por el Gobierno nacional. Especialmente, debido a la vinculación de la empresa escogida con el Gobierno de España, que cuenta con cerca de un 28% del capital social de la empresa, siendo el Estado un «accionista de referencia» en la compañía.
«El Gobierno encarga a Indra la gestión de las próximas elecciones, y ello a pesar de haber presentado la documentación tarde» lamenta el diputado Pablo Cambronero «Pregunto: ¿se presentaron otras empresas? ¿Se ha elegido a Indra por ser una empresa controlada por el Gobierno?».
Unas dudas que vienen fundamentadas en las acciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la legislatura, y que cada vez más vinculan a Indra con el Gobierno nacional. Y es que, a pesar de que el Gobierno se convirtió en parte fundamental de la empresa desde el desastre de Bankia, durante el mandato de Mariano Rajoy , Indra gozó de una libertad que aparentemente no parece ser igual en el Gobierno de Pedro Sánchez, mucho más encima de la empresa. Un interés del socialista, así como un control del Ejecutivo sobre la empresa, que ahora coincide con la elección de Indra como la gestora de las próximas elecciones de 2023.
