Tal como ocurrió con la implementación de la Ley del solo sí es sí, que comenzó a beneficiar a cientos de reclusos que habían sido condenados por la comisión de delitos sexuales, ya se comienzan a ver las consecuencias de la entrada en vigencia de la modificación del delito de malversación que podría salvar a más de un político, de diversos bandos, de caer en prisión.
La advertencia la ha hecho el abogado penalista José María de Pablo, miembro del despacho Mas y Calvet, quien ha utilizado su cuenta de twitter para mostrar un documento en el cual se lee cómo en una causa se ordena al Ministerio Fiscal que analice si la modificación de este delito podría generar el sobreseimiento de alguno de los investigados por ese delito.
Aunque en el documento mostrado por el letrado no se dan mayores detalles de quién o quiénes podrían ser los beneficiados de esa causa en particular, el experto en su comentario hace la salvedad de podrían estar llegando las rebajas de las penas por la comisión del delito de malversación a la sede de la Audiencia Nacional, tal como ha ocurrido en otros juzgados del país, donde los jueces comenzaron a realizar revisiones de penas impuestas a personas que habían sido condenadas por haber cometido delitos de agresión sexual y que ha generado que más de 145 condenas hayan sido revisadas y hayan beneficiado a los agresores.
Esta polémica de la Ley del solo sí es sí puso en la mira a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por ser la promotora del texto, cuyas consecuencias, según la líder de Podemos, es responsabilidad de «jueces machistas» que, según ella, están haciendo una mala interpretación del texto legal.
Sin embargo, la modificación de las penas por el delito de malversación, que ahora solo contempla 4 años de prisión para aquellos políticos que lo hayan cometido, pero sin ánimo de lucro personal, serán todas del Gobierno de Pedro Sánchez, que impulsó la reforma para mantener «contentos» a sus independentistas socios de gobierno, que exigieron este regalo, a cambio de aprobar los presupuestos generales del Estado del 2023, que fueron finalmente aprobados a finales del año pasado. Hasta que se aprobó la reforma del Código Penal, las penas contempladas por la comisión del delito de malversación era de hasta 8 años de prisión.
«Dada la posibilidad que la nueva regulación pudiera afectar al delito de malversación, por los que se investiga, se acuerda dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, para que en el plazo de 5 días informe si, a la vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre, interesa el sobreseimiento de alguno de los investigados, y, en todo caso, para que proceda conforme alguna de las posibilidades previstas en el art. 799 de la LECRIM», dice el texto señalado por el abogado penalista José María de Pablo.
Uno de los cambios en la ley es que ahora contempla que debe existir el ánimo de lucro para que sea considerado que hubo delito, pues anteriormente solo con que existiese un daño al patrimonio del estado por parte del político ya se consideraba que había un delito de malversación, lo que pone además un pero importante en las causas, pues es considerado un retroceso en la lucha contra la corrupción.
De hecho, el abogado cuando hace su advertencia en twitter dice claramente que el documento al que se refiere en su publicación les llegó «en un conocido procedimiento por corrupción que afecta a políticos de todos los colores», por lo que ya se podría estar ante los primeros casos de beneficios contra corruptos de la administración, gracias a la reforma del Código Penal que sacó adelante el Gobierno, junto a la eliminación del delito de sedición, para mantener contentos a sus socios independentistas.
Tras la aprobación de esta reforma, el Gobierno salió a decir que no creían que esto fuese a significar que comenzarían a haber rebajas en las condenas por corrupción, desde el momento en que entrara en vigor la reforma del Código Penal, pero hay que recordar que lo mismo ocurrió con la Ley del solo sí es sí, que el propio Consejo General del Poder Judicial hizo la advertencia sobre las consecuencias, que fueron desoídas por el Ejecutivo, que prefirió sacar adelante el texto, para complacer a la ministra de Igualdad, Irene Montero y a todos los ministros de Podemos, y que ahora tiene en alerta a todo el país, debido a que más de 145 agresores sexuales se han visto beneficiados por el texto.
Para cuando se aprobó dicha reforma fue la ministra portavoz Isabel Rodríguez una de las primeras que salió a decir que confiaban en que se aplicaría efectivamente la ley, pero que esperaba que esto no supusiera una rebaja en las penas de aquellas personas que ya hayan sido condenadas por el delito de malversación.
De todos modos la reforma del Código Penal que contempla la nueva modificación de las penas por el delito de malversación ha entrado en vigencia esta semana, por lo que habrá que esperar unos días a ver quiénes serán los beneficiados del nuevo «desliz» legal del Gobierno de Pedro Sánchez.
