El juez José Luis Calama ha decretado la entrada en prisión provisional sin fianza de Pompeyo González Pascual, jubilado de 74 años y principal sospechoso del envío de las seis cartas con material explosivo a diferentes organismos públicos entre noviembre y diciembre del pasado año.
Entre ellos, la Moncloa, Ministerio de Defensa, la Embajada de EEUU y Ucrania, el centro de satélites de la base de Torrejón de Ardoz y la empresa de armamento Instalaza, que vende material militar a Ucrania.
Al sospechoso, que pasó a disposición judicial esta mañana y se acogió a su derecho a no declarar, se le atribuyen seis delitos de terrorismo, dos de ellos agravados debido a que entre los destinatarios de las cartas se encontraban el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La fiscalía también ve delito en la fabricación y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista. Por todos ellos, el sospechoso podría enfrentarse a una pena de 20 años de prisión, según el auto del juez del caso, José Luis Calama, titular del nº4 del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Calama no ha encontrado indicios de que el investigado pertenezca o colabore con alguna banda o grupo terrorista. En cambio, la instrucción advierte que tanto el contexto en el que se llevaron a cabo las acciones como los destinatarios, muestran “el objetivo de alterar gravemente la paz pública, transmitiendo el mensaje de que nos encontramos ante una acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa; como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa”.
El auto del juez se aleja así de la hipótesis que vinculaba los envíos de material explosivo con grupos supremacistas prorrusos, tal y como sospechaba la inteligencia estadounidense, según las informaciones del New York Times publicadas el pasado 22 de enero.
De acuerdo con el artículo, en los últimos meses la inteligencia estadounidense puso el foco en el Movimiento Imperial Ruso (MIR), vinculado a grupos de extrema derecha de varios países europeos, entre los que se encontraba España.
Según las autoridades estadounidenses y europeas citadas por el New York Times, el M.I.R podría tener vínculos con la inteligencia rusa a través de unidades como el G.R.U, al que se le arroga el envenenamiento del agente doble Serguéi Skripal y su hija en 2018 o la colaboración con el derribo del avión Malaysia Airlines en Ucrania en 2014, entre otros acontecimientos. La Policía Nacional no se ha pronunciado al respecto.
Pompeyo González fue detenido por la Policía Nacional el pasado miércoles 25 de enero en su domicilio en Miranda del Ebro (Burgos), en el marco de la Operación Konvert. El arresto tuvo lugar dos meses después de que se iniciara la instrucción del caso, tras la explosión de la carta enviada a la embajada ucraniana en la que un guardia de seguridad resultó herido.
El trabajador, así como los responsables de seguridad del resto de los organismos receptores de las cartas, prestaron declaración el 22 de diciembre ante el juez.
Las investigaciones policiales advirtieron que dos de los paquetes contenían un matasellos del Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Valladolid. La trazabilidad inversa de las cartas llevada a cabo por los agentes permitió localizar el envío de las cartas en varios buzones de Correos en Burgos.
Estas, además, fueron enviadas con un sello de tirada limitada que contenía la estampa del Monte Santa Trega (Pontevedra), que se expedían únicamente en dos estancos de Burgos.
El modelo de sobre en el que fue enviado el material pirotécnico también ha ayudado a la Policía a acotar la búsqueda del supuesto autor de los hechos. En cuanto al contenido de las cartas, la información aportada por Amazon a la investigación confirmó la compra de material explosivo por parte Pompeyo González a través de la plataforma digital en los meses previos a los ataques: nitrato potásico, cable con mecha, interruptores, cobre, bombillas incandescentes y material de ferretería.
Además, la Policía encontró en el domicilio del sospechoso materiales que podrían haber sido utilizados para la elaboración de las bombas. El juez ha visto indicios de huida en el sospechoso, así como un alto riesgo de reiteración delictiva. Ambas circunstancias, apreciadas conjuntamente, han supuesto para la instrucción una razón de peso para adoptar la medida cautelar solicitada por el Ministerio Fiscal.
