Comienza el 2023 y para los funcionarios de prisiones se suma una lucha más a la lista de peticiones que hacen al Gobierno de Pedro Sánchez y en especial al ministro Fernando Grande – Marlaska. Ahora piden que se les considere agentes de autoridad, debido a las situaciones de alto riesgo a las que están sometidos permanentemente al ejercer sus cargos.
Esta petición surge a propósito del más reciente episodio ocurrido el pasado 25 de febrero, cuando un funcionario de la cárcel de Zuera, ubicada en Zaragoza, recibió un sobre bomba, que había llegado a su oficina hace dos semanas y que no había sido abierto por que le resultó sospechoso.
Es por ello que se unieron los sindicatos de la Policía Nacional y el de la Guardia Civil para pedir al Gobierno que les reconozca el rango de agentes de la autoridad, por lo que piden que se les incluya en la nueva ley de Seguridad Ciudadana, de manera que se consideran crítica, para garantizar la protección y seguridad de los funcionarios de las prisiones de todo el país.
«Desde las asociaciones de los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso Jucil y Jupol, alzamos nuestra voz en señal de solidaridad, con los funcionarios de prisiones, en defensa del reconocimiento de este colectivo como agentes de la autoridad, y solicitamos tal reconocimiento a las autoridades competentes, para que se tenga en cuenta en la nueva ley de Seguridad Ciudadana», expresaron los miembros de los sindicatos en un comunicado conjunto que hicieron llegar a los medios de comunicación.
Pese a que el artefacto explosivo había llegado a la prisión hace dos semanas, no fue sino hasta el miércoles que el propio funcionario que aparecía como destinatario y que pertenece al Centro Sindical Independiente de Funcionarios (CISIF) decidió pasar el sobre por un escáner ubicado en la entrada del penal, para verificar el contenido y se percató de que en el interior había lo que presumía que era un explosivo, porque en las imágenes se apreciaban unos cables que resultaron sospechosos.
Al percatarse del contenido, el funcionario optó por sacar el sobre del recinto penitenciario, hasta el área del estacionamiento hasta que llegaron los uniformados. El artefacto fue detonado por los funcionarios de la Guardia Civil, quienes tras la detonación, recolectaron las piezas restantes del artefacto, para enviarlos a Madrid, con la intención de que sean analizados, como parte del proceso de investigación para determinar responsabilidades.
«CISIF ha condenado el ataque al funcionario y delegado de prisión y ha exigido al Ministerio del Interior que se reconozca, sin más demora, la condición de agentes de autoridad de los funcionarios de prisiones , además exige que mejore las condiciones laborales de los trabajadores de las instituciones penitenciarias», señalaron los funcionarios a través del comunicado.
Durante años, los funcionarios de prisiones han tenido que batallar con las diferentes autoridades que han estado a cargo del poder en España, debido a las condiciones en las que deben desempeñar sus funciones, pues están constantemente sometidos a situaciones de riesgo, debido a las agresiones que sufren y que son cometidas por los reclusos a los que deben cuidar cada día.
Una de las solicitudes que más se han empeñado en hacer los funcionarios es la dotación de pistolas taser para poder neutralizar a los reclusos en los momentos en los que se arman revueltas en los centros de reclusión, pero desde el despacho de Grande -Marlaska han optado por no hacer caso a esta petición, a pesar de cada año son muchas las agresiones que sufren los funcionarios por parte de los reclusos.
Solo durante el año pasado, hubo una semana en la que se denunciaron por lo menos siete agresiones graves contra los funcionarios de prisiones; de hecho uno de los casos fue el de un recluso que intentó cortarle el cuello a un funcionario, con una lata, sin que ninguna autoridad del Ministerio del Interior interviniera en la situación.
Los funcionarios de prisiones solicitan además un incremento en el número de efectivos que están a cargo de las cárceles del país, para que se puedan minimizar el número de agresiones de las que son víctimas cada semana los trabajadores penitenciarios, que semana tras semana denuncian la inacción del despacho que dirige el ministro Fernando – Grande Marlaska y destacan que a pesar de estar constantemente reportando las situaciones de riesgo a las que están sometidos, las autoridades del Gobierno los ignoran y ni siquiera consideran la opción de convertirlos en agentes de autoridad.