Desde hace varios años, tras la llegada al poder de Pedro Sánchez, un grupo de exfuncionarios chavistas, disidentes de la dictadura de Nicolás Maduro, se han instalado en el país, para escapar de las responsabilidades penales que deben enfrentar; pero hay dos en especial que tienen cuentas pendientes con la justicia, por haber sido señalados por presuntamente violar los derechos humanos de cientos de venezolanos cuando ocupaban cargos de poder en el país suramericano.
Se trata de Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela y el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres. Ambos están en el país, ella desde en pleno trámite de solicitud de asilo político y él recién liberado exministro de Relaciones Interiores y Justicia y exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos; dos de las fichas claves del chavismo, que están en la mira de los organismos que tiene abiertos procesos judiciales contra funcionarios venezolanos en el ámbito de la justicia internacional.
Ortega Díaz llegó a España, procedente de Colombia, en octubre de 2021, tras haber obtenido allí el estatus de refugiada y tras su llegada al país formalizó la solicitud de protección internacional (asilo) con el argumento de que en el país suramericano corría peligro, por ser una supuesta perseguida política del régimen de Nicolás Maduro y de que estando en España estaría más cerca del tribunal de La Haya, donde ha denunciado a la dictadura venezolana de la que formó parte hasta el verano de 2017, cuando decidió rebelarse y manifestarse en contra de la dictadura chavista.
Tras su llegada a España, desde Washington fueron enviados documentos, directamente al Ministerio de Interior, con al menos 23 casos de presos y perseguidos políticos en los que habría influido Ortega Díaz desde que se convirtió en fiscal general de Venezuela, entre 2007 y 2017, cuando fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente.
La relación entre Ortega Díaz y la familia de Rodríguez Torres ha sido muy cercana, pues fue justamente la exfiscal chavista quien denunció las agresiones que supuestamente había sufrido Zuleima Medina, esposa del general y exministro del Interior, en 2019, cuando funcionarios del cuerpo de Contrainteligencia Militar del régimen de Nicolás Maduro la detuvieron.
Para ese entonces, Luisa Ortega Díaz denunció que las agresiones se produjeron con la intención de intimidar a los militares, pues el régimen de Nicolás Maduro habría ido contra el exministro, por haber detectado que estaba presuntamente implicado en planes conspirativos para derrocarlo.
Ahora, llega a España el mayor general Miguel Rodríguez Torres, gracias a la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien logró que el régimen chavista lo dejara en libertad y lo expulsaran del país. Ha sido el propio exministro quien publicó un video en el cual agradece al expresidente español por su gestión para que lo dejaran en libertad.
Ambos están ahora en pose de chavistas arrepentidos, vendiéndose como figuras que adversan a Nicolás Maduro y han escogido España para el exilio, tras haber sido señalados de haber violado los derechos humanos de cientos de venezolanos cuando ocuparon sus cargos dentro de la dictadura. Esto, con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez que les ha permitido instalarse en el país, so pena de los señalamientos que hay en su contra y sabiendo que en el país hay cientos de venezolanos que han sido víctimas de los atropellos de estos exfuncionarios chavistas.
Tras la llegada de Miguel Rodríguez Torres a España, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni el de Interior han querido dar información al respecto. En Moncloa.com solicitamos detalles sobre el arribo del exministro chavista al país y la respuesta recibida fue que no tenían conocimiento alguno de los detalles.
Después que se supo que Miguel Rodríguez Torres había llegado a España, algunas de las víctimas que huyeron de Venezuela por su culpa han decidido organizarse para actuar, de manera legal, en su contra y procurar que sea la justicia española la que les pueda dar la justicia que en Venezuela les ha sido negada.
Fuentes jurídicas explicaron que en el caso de ambos exfuncionarios chavistas, si les llegase a ser concedido el asilo político, esto no los protege de ser procesados penalmente por delitos que hayan cometido en contra de víctimas del chavismo que estén en España y que tengan la nacionalidad española, por lo que en caso de que haya denuncias en su contra, las autoridades españolas podrían proceder a juzgarlos por los delitos que hayan cometido cuando ejercían cargos relevantes en Venezuela.
El estatus de asilado solo los protegería del régimen de Nicolás Maduro, pero no de la justicia española, ni de la justicia internacional, en caso de que haya expedientes en su contra en algún organismo del ámbito penal internacional.
No obstante, en España ninguna autoridad se ha querido pronunciar sobre la llegada y permanencia de estos exfuncionarios chavistas, señalados por sus víctimas de haber violado sus derechos humanos cuando ocupaban importantes cargos dentro de las dictaduras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
