En el nuevo capítulo de la investigación sobre el desfalco de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) que está en manos de la justicia española, se abre la posibilidad de que sea citado a declarar ante la Audiencia Nacional el dictador venezolano, Nicolás Maduro, quien formaba parte de la compañía estatal venezolana para la época en la que se habrían cometido las operaciones fraudulentas que ahora son investigadas.
Todo parece indicar que, de acuerdo con las declaraciones del ex viceministro venezolano, Javier Alvarado Ochoa, se le ha solicitado al juzgado que investiga la causa que citen a Maduro, pero según una fuente de la Audiencia Nacional, todo dependerá de la decisión que tome la juez María Tardón, encargada del caso PDVSA.
Según han reportado otros medios españoles, la defensa del ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Ochoa, piden a la titular del Juzgado 3 de Instrucción que cite, en calidad de testigo, a Nicolás Maduro y a otro ex gerente de la estatal petrolera identificado en la causa como César Rincón.
El argumento para pedir que Nicolás Maduro sea citado es que de acuerdo con los hechos que están investigando, el dictador venezolano figuraba como uno de los miembros de la junta directiva de la compañía venezolana en el año 2012, por lo que tendría algún tipo de responsabilidad por los hechos que se investigan, que están basados en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
El escrito que consignó la defensa del ex viceministro Ochoa también señala que en el caso de la citación que deben extender a Rincón, sería por haber ocupado altos cargos en la compañía petrolera venezolana y otra filial conocida como Bariven, entre 2009 y 2015, que serían justamente los años en los que se habrían cometido los actos irregulares que son sujeto de investigación en los juzgados españoles.
En España, el expediente que tiene que ver con PDVSA tenía cuatro piezas y esta sería la primera de ellas, que tiene que ver precisamente con un presunto caso de lavado de dinero. En esta causa, la propia compañía petrolera se constituyó como como querellante y en ella se investigan a más de 20 personas, entre jurídicas y físicas, que estarían presuntamente vinculadas con el lavado de activos cometidos en territorio español.
La querella de PDVSA en España está dirigida contra el ex viceministro Javier Ochoa Alvarado; los ex responsables de compras de PDVSA Alfonzo Eliézer Graviña y José Luis Ramos Castillo; el ex gerente de compras en la filial Bariven Christian Maldonado Barillas; Rafael Reiter Muñoz, considerado la «mano derecha» del ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y contra varios miembros de la familia Rincón y otros empresarios petroleros.
En concreto, PDVSA apunta a la existencia de una «organización criminal» formada por diversas personas y un entramado empresarial que habría llevado a cabo «diferentes operaciones de disimulación y camuflaje con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito» que al menos en parte se habría blanqueado en España mediante la compra de inmuebles y la creación de sociedades.
En una segunda pieza, la Audiencia Nacional indagaba en la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a «fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela», como Corpoelec.
En este caso, la denuncia señalaba al ex viceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, su mujer Milagros Coromoto Torres y José Trinidad Márquez y Katilin Miguelina Mijares, así como a diversas personas jurídicas vinculadas a ellos. Sin embargo, la Audiencia Nacional archivó esta línea de investigación hace unos meses al no encontrar «indicios suficientes de posible actividad delictiva».
Este nuevo elemento en la causa de PDVSA surge justamente en un momento en el que España ha retomado las relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro, tras haber nombrado embajador en Venezuela y una embajadora en España, enviada directamente por el régimen venezolano, con la misión de que el Gobierno de Pero Sánchez le abra las puertas en la Unión Europea, pese a las sanciones que mantienen en el organismo regional contra los funcionarios del régimen.
España recientemente ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, después de más de tres años en los que las relaciones entre ambos países estuviese anulada, debido a que el Gobierno de Pedro Sánchez fue uno de los 52 países que reconocieron al exdiputado Juan Guaidó como presidente interino del país suramericano, en enero de 2019.
