Hasta las ONG’s internacionales se preocupan por las dificultades para acceder a la vivienda en España

Las complicaciones que hay en España para acceder a la vivienda ha hecho que organizaciones de la talla de Amnistía Internacional levanten la voz para apoyar un proyecto legislativo con el cual se le busque solución a la situación, debido a que durante los últimos cinco años se estima que el precio de los alquileres se ha incrementado hasta en 41%.

Es por ello que han decidido emprender una campaña a través de las redes sociales, para recolectar firmas digitales para apoyar la iniciativa que se discute en el Congreso de los Diputados, de una ley «que de verdad ponga límites al abuso en los precios de los alquileres».

La organización parte del hecho de que el acceso a la vivienda digna es un derecho que está consagrado en la Constitución española, en su artículo 47, que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

«El tema de la vivienda es un derecho humano, pero la realidad es que hoy en día, como está la situación, no es accesible porque hay muchos problemas, tanto para la compra como para el alquiler y es por eso que queremos aprovechar, porque esta ley que está debatiéndose en el Congreso de los Diputados no puede ser una oportunidad perdida», expresó Nuria Berro, portavoz de Amnistía Internacional y coordinadora de la campaña.

Desde el organismo recuerdan que ya España ha sido condenada ocho veces por parte del Comité de Derechos Sociales, Económico y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por vulnerar el derecho a la vivienda y además de las condenas, dos relatores de Naciones Unidas y la comisaria de Derechos Sociales en Europa advirtieron que en España hacía falta una ley de protección.

Para Amnistía Internacional este es el momento de procurar que salga adelante la legislación que ayude a que mejore la situación en España, por lo que han elaborado un documento con tres peticiones básicas, que acompañarán con la campaña, cuyo punto principal es exigir la mayor cantidad de garantías para que las personas tengan acceso a la vivienda.

Uno de los puntos del documento es que haya garantías de que no habrá personas que se queden en la calle por desalojos. Amnistía maneja cifras de que diariamente se producen por lo menos 100 desalojos al día en el país, de personas que se quedan en en situación de sinhogarismo.

Por otro lado, piden que se regulen los precios de las viviendas, pues para la organización es alarmante el hecho de que cada vez es mayor el porcentaje que las familias deben dedicar al pago de la vivienda, bien sea por alquiler o por hipotecas. «Hemos visto con preocupación que en el caso de España, las familias tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, mientras que en el porcentaje en los países de la región es de un tercio, y si lo llevamos a los colectivos más vulnerables, como las personas jóvenes, es más grave la situación», explicó la portavoz de Amnistía Internacional.

No obstante, el otro punto del documento hecho por la organización señala que es importante el aumento del parque público de viviendas, pues en el caso de España es solo del 1,6%, cuando en países del entorno está por el orden del 40%, lo que hace que la oferta sea muy reducida.

Berro advierte que hay organizaciones como el Observatorio de la Emancipación cuyas cifras señalan que solo el 15,7% de los jóvenes españoles se han podido emancipar ante la poca opción de compra que hay en el país y que la mayoría de los que han podido hacerlo, lo hacen con la opción de compartir piso, por lo que la edad media de las personas que comparten piso ya llega a los 34 años.

«También queremos hacer énfasis en el caso de los colectivos de mujeres y que la ley tenga una perspectiva de género reforzada, debido a que en la mayoría de las familias monoparentales, son de mujeres y que la mujer, en general tiene el mayor dato de paro, salarios más bajos, son las mujeres quienes enfrentan el mayor riesgo de exclusión y de pobreza, por lo que es importante que aspectos como este se tomen en consideración en la ley», expresó la coordinadora de la campaña para mejorar el precio de las viviendas que ha comenzado a desarrollar Amnistía Internacional.

El organismo apuesta porque en esta oportunidad la ley que está en el Congreso de los diputados aborde de manera integral los aspectos más importantes para tratar de resolver el tema de la vivienda en España, pues consideran que es un problema tan importante como el derecho a la salud pública y que por lo tanto debería de abordarse con la misma intensidad con la que se defiende este derecho.