La estrategia política de la dictadura de Nicolás Maduro es cada ve más clara: la reactivación de su agenda internacional, impulsada por el canciller Yván Gil, quien hasta hace poco estuvo como encargado de negocios de Venezuela ante España y ahora está encargado de reactivar las relaciones internacionales del régimen venezolano y de «lavar» su imagen, para dejar atrás todos los episodios de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última década.
Justamente de eso es lo que se está encargando el canciller venezolano, quien recientemente sostuvo una reunión con el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien asumió el cargo en octubre de 2022, tras la salida de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien antes de abandonar el cargo dejó claro en sendos informes la responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro en la constante violación de los derechos humanos de sus ciudadanos y de sus presos políticos.
Esta ha sido la segunda reunión que sostiene el canciller Yván Gil con el representante de la ONU para los derechos humanos, pues en enero el representante del organismo internacional viajó hasta Venezuela, atendiendo a una invitación que le hizo el dictador venezolano, Nicolás Maduro.
Tras la primera visita de Turk a Venezuela, el representante de la ONU señaló, tras reunirse con más de de 125 miembros de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y representantes de organizaciones de víctimas provenientes de todo el país, que la situación en el país suramericano sigue siendo compleja. «En conversaciones francas con las autoridades, planteé cuestiones relacionadas con el espacio cívico, las condiciones de detención y los retrasos judiciales, entre otras, animándolas a dar pasos significativos hacia la reforma de los sectores de la justicia y la seguridad, y a tomar la iniciativa en el fomento de la confianza con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, escucharlas, incluirlas de forma significativa en el diálogo y responder a su difícil situación, en particular de las víctimas», habría dicho Turk después que culminó su visita oficial al país.
Sin embargo, para la dictadura venezolana el foco estuvo puesto en todo momento en las supuestas consecuencias que han dejado las sanciones impuestas contra los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, que según el discurso chavista, serían las responsables de la crisis económica y social que hay en ese país.
No obstante, desde su retorno de España a Venezuela, el canciller Gil está enfocado en este discurso, donde lejos de reconocer las responsabilidades de Venezuela en todos los hechos que se le atribuyen, cometidos durante las últimas dos décadas en las que el chavismo ha tenido el poder, se están enfocando en el plan de victimización frente a las actuaciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra funcionarios del régimen, a quienes han congelado los bienes que tenían depositados en bancos en el exterior y contra las empresas petroleras del Estado.
Pero además de las gestiones de Gil para lavar la imagen internacional de Nicolás Maduro, en cuanto a la violación de derechos humanos ha sido enviar a la Corte Penal Internacional un escrito con el cual pretenden defenderse de todas las denuncias que han sido presentadas contra el régimen venezolano, por los casos de violaciones de derechos humanos cometidos en el país suramericano durante los últimos 10 años.
El temor del chavismo en que dentro de la Corte Penal Internacional se le dé curso y prospere la denuncia presentada contra el dictador venezolano en 2018, por la comisión de torturas y persecuciones. En esta oportunidad han emitido un comunicado en el que se victimiza el régimen, asegurando que están en un estado de indefensión ante la CPI durante todo el proceso, y se atreven a vincular a la Fiscalía del organismo internacional con organizaciones de derechos humanos que trabajan en Venezuela.
