La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha situado este lunes en tres días la demora media para conseguir una cita en la Atención Primaria, cuyos médicos verán reforzada su «capacidad diagnóstica». En declaraciones a Canal Sur Radio, la consejera ha expuesto que en este momento el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continúa las negociaciones en las diversas mesas sectoriales y técnicas con organizaciones sindicales, colegios profesionales y sociedades científicas, y con los propios profesionales de la salud, a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), para abordar una mejora de la asistencia sanitaria en atención primaria.
Una de las cuestiones que hay sobre la mesa es que el fortalecimiento de la atención primaria pase por una mayor capacidad diagnóstica por parte de los médicos de cabecera, lo que hará que la derivación al hospital también sea menor. Por ejemplo, según ha apuntado, se trata de contar con ecógrafos o que se puedan realizar analíticas en centros de urgencia de atención primaria.
De otro lado, la consejera ha querido dejar claro que es «rotundamente falso» que se estén derivando pacientes a la sanidad privada. «Cero paciente» que haya recurrido a la sanidad pública ha sido derivado a centros privados, según ha recalcado. La consejera ha defendido la orden que tiene por objeto la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria –incluidos servicios de atención primaria– en centros sanitarios.
Ha indicado que se recoge lo mismo que ya se recogía en la primera orden que se elaboró en el año 1998 y en las sucesivas actualizaciones durante los anteriores gobiernos del PSOE-A. Se trata, según ha añadido, de un marco normativo que fija precios máximos para que cuando la administración tenga que hacer un concierto específico, las empresas que quieran acceder a esos contratos tengan los precios máximos.
«Este Gobierno no va a privatizar nada», según ha sentenciado la consejera de Salud y Consumo, quien ha preguntado al PSOE-A si cuando durante sus gobiernos se emitían estas órdenes su intención era «privatizar» la sanidad. Ha indicado que datos como los 4.000 millones de euros más para sanidad respecto al año 2018 avalan la apuesta del actual Gobierno andaluz por el sistema sanitario público.
