Los abogados llevan mucho tiempo en pie de guerra contra las distintas administraciones y el motivos son los pagos de los turno de oficio. El pago de este tipo de servicios, que se ofrecen de forma gratuita para los clientes, son costeados por el Estados o los organismo de la Justicia correspondientes, el problema es que estos pagos parece ser que están tardando más en llegar de los esperado y distintas asociaciones y consejos de abogadas se han puesto en pie de guerra por esta cuestión. Este es el caso del Consejo Valenciano de Colegio de Abogados, quienes han explicado que el pago del turno de oficio correspondiente al sexto bimestre podría retrasarse hasta cuatro o cinco meses, según sus estimaciones. El problema es que este no es un caso aislado ni es la primera vez que este produce tipo de retrasos, dado que en verano del año pasado los abogados ya se pusieron en pie de guerra por esta cuestión.
Los pagos del turno de oficio son uno de los problemas que los abogados que prestan estos servicios vienen sufriendo desde hace mucho tiempo. Son muchos los Colegios de abogados que están en pie de guerra contra las correspondientes Consejerías de Justicia con el fin de que se lleven a cabo estos pagos siguiendo los plazos correspondientes. El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, han denunciando que los pagos del turno de oficio correspondientes correspondientes al sexto bimestre de 2022 podría llegar a retrasarse entre cuatro o cinco meses. Según ha destacado este Consejo, la razón por la que se ha producido este retraso es por la «necesidad» de que la Conselleria de Justicia previamente dicte las resoluciones que habiliten los pagos los pagos del presupuesto 2023.
los retrasos en los pagos del turno de oficio serán de cuatro a cinco meses
Sin embargo, estos no son los únicos profesionales que han tenido problemas sobre esta misma cuestión. Durante el pasado mes de julio del año 2022, el pleno del Consejero General de la Abogacía decidió convocar una concentración como protesta por los impagos correspondientes al turno de oficio por parte del Ministerio de Justicia. Y es que, el departamento que dirige Pilar Llop llevaba en ese momento varios meses de retraso en los pagos de estos servicios a los Colegios de Abogados, quienes debían abonarlos a los letrados que prestaran estas funciones. Así, el 12 de julio del año pasado y con motivo del Día de Justicia Gratuita y Turno de Oficio, los distintos Colegios decidieron llevar a cabo distintas concentraciones a modos de protesta por esta cuestión. Desde Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla salieron a reclamar los pagos estos servicios.
Finalmente, estas protestas tuvieron su efecto y el Ministerio de Justicia transfirió, a mediados de agosto de ese año, 6,6 millones de euros al Consejo General de la Abogacía. Se trata del dinero correspondiente a los turnos de oficios prestados durante los meses de mayo y junio. Así, este Consejo, tras recibir esta partida de dinero, se lo remitió a los diferentes Colegios de manera inmediata y ellos a su vez a los correspondientes abogados. Con dicho pago en ese momento se ponían al día de los impagos, aunque para llegar a este puntos hubo muchos meses de desencuentro entre los Colegios y el departamento de Pilar Llop. El problema es que tras ponerse al día de pago, los retrasos en los pagos del turno de oficio se han vuelto a producir y esta vez no será hasta, como pronto, finales de marzo cuando se produzca las retribuciones.
A ello se suma el hecho de que estos retrasos van contra la última modificación que aprobó el Ministerio de Justicia respecto al Reglamento de Justicia Gratuita. Con estos cambios, el departamento que dirige Pilar Llop está obligado a realizar los pagos del turno de oficio cada mes, una cuestión que no han cumplido en ningún momento. Sin embargo, este no es el único problema que tienen los letrados con el Ministerio de Justicia.
ESTE NO ES EL ÚNICO PROBLEMA ENTRE LOS ABOGADOS Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA
Pilar Llop se comprometió con los letrados a unas subidas salariales que, hasta el momento, no se han producido. Esto se ha traducido en huelgas y protestas que la ministra de Justicia no sabe cómo sofocar porque ella misma se comprometió por escrito a llevar a cabo esas subidas. El resultado final es simple: la imagen de la magistrada sigue arrastrándose por el suelo mientras el Gobierno no le da ni el más mínimo auxilio dado que la ministra de Hacienda le ha reprochado a nivel interno a la de Justicia que no puede comprometer dinero del Estado sin tener en cuenta su criterio. Ahora mismo, los letrados tienen el no de Montero y el sí por escrito de Pilar Llop. Pero quien tiene la llave de la caja es la primera.
