La Ley del solo sí es sí sigue creando polémica por las consecuencias que ha dejado en la reducción de las penas impuestas a los agresores sexuales, justo esta semana en la que se discutirá la reforma del texto, propuesta por el PSOE y que tiene a Podemos en posición de combate. La sentencia más reciente de la que se tenga conocimiento es justamente una emitida por el Tribunal Supremo en el cual se le reduce en tres años la pena a un agresor sexual que abusó de una trabajadora sexual junto a dos conocidos.
La Sala Penal del tribunal Supremo decidió bajar de 13 a 10 años de prisión la condena del agresor y de 7 a 6 años de prisión, en el caso de uno de los acusados, y 6 años y 6 meses a 5 años y 6 meses, en el del otro que fueron sus colaboradores en la agresión cometida contra la trabajadora sexual.
De acuerdo con el relato del máximo tribunal, el agresor supuestamente habría contratado los servicios de la trabajadora sexual en Valencia, a través del móvil. Cuando la víctima llegó al piso al que la habían citado, la madrugada del 14 de marzo de 2021, fue recibida por su agresor junto a los otros dos amigos y cuando ella se negó a prestar los servicios frente a las otras dos personas, el agresor principal reaccionó con violencia, le introdujo el pene en la boca y le dijo que tenía que cumplir con su trabajo.
La sentencia del Tribunal Supremo destaca que, en su informe sobre la incidencia en el caso de la nueva Ley, el Ministerio Fiscal señaló que los hechos atribuidos al acusado principal tenían prevista, en el momento de los hechos, una pena comprendida entre 12 y 15 años de prisión, mientras que, en la actualidad, tras la entrada en vigor de la reforma, la pena se encuentra comprendida entre 7 y 15 años. Concurriendo una circunstancia atenuante analógica, la pena quedaría comprendida entre 7 y 11 años, por lo que la Fiscalía entiende que es más favorable, y que, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el hecho concreto enjuiciado, la pena debería ser la de 10 años de prisión.
Con estas nuevas rebajas, la cifra de agresores sexuales beneficiados por la aplicación de la Ley del sólo sí es sí ya supera a las 700 personas, de las cuales por lo menos un 10% de los agresores beneficiados han terminado en libertad, sin importar las víctimas, ni las consecuencias que ello pueda ocasionar.
Por el contrario, desde Podemos el discurso se mantiene en que las consecuencias son responsabilidad de los jueces a los que han calificado de machistas y que ha sido por ello que se han beneficiado más de 700 agresores sexuales, aunque aseguran que son la minoría y que los beneficios de la ley son mayores.
Todo esto ha generado una nueva guerra interna en el seno del Gobierno, a pesar de los intentos del propio Pedro Sánchez de hacer ver que todo marcha sobre ruedas dentro del Ejecutivo, aunque haya reconocido que los efectos de la ley son «indeseables», pues de momento solo la parte de Podemos que se mantiene dentro del Gobierno es la que ha pretendido negar los efectos adversos de la aplicación de esta ley.
Esta misma semana se discutirá la reforma propuesta por el PSOE en la que no ha participado Podemos y que contará con el respaldo del Partido Popular para salir adelante en el Congreso de los Diputados. El partido liderado por Ione Belarra reconoció abiertamente que se opondrá a la reforma, a pesar de que el partido de Gobierno ha dicho que durante todo el tiempo que se preparó la reforma de la ley, Podemos no hizo ninguna propuesta para tratar de enmendar los errores del texto vigente.
Podemos se ha afincado al máximo y ha llegado a decir que el PSOE estaría traicionando al feminismo al impulsar la reforma de esta ley, que ha sido una de las principales bandera de lucha del partido morado para mantener su influencia dentro del Gobierno, pues les ha servido de tapadera, porque mientras la economía del país está al borde de la crisis, todos los focos han estado puestos sobre las ministras Ione Belarra e Irene Montero, por la defensa que hacen de la Ley del solo sí es sí.
Todo ello ha generado la mayor tensión que han tenido dentro del gobierno de coalición desde que iniciara la legislatura de Pedro Sánchez en 2019, y justo sucede a pocos meses de las elecciones, con las que el PSOE intentará mantenerse en el poder y Podemos batallará por no perder la influencia que ha ganado, a pesar de la crisis de liderazgo que enfrentan.
