El Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos han acordado unificar las directrices que enviarán a los partidos políticos con vistas a la fiscalización de los gastos de campaña en las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo.
Representantes de todas las instituciones españolas de control externo se han reunido este lunes en Madrid, en la Sala de Plenos del Tribunal de Cuentas, para preparar su trabajo de fiscalización en este año electoral.
El Tribunal de Cuentas y los representantes de las instituciones de control externo han acordado homogeneizar los criterios y los procedimientos de fiscalización que tendrán que seguir las formaciones políticas a la hora de presentar sus contabilidades electorales relativas a los procesos electorales autonómicos y locales que tendrán lugar el 28 de mayo de 2023.
TCU: LAS MUNICIPALES Y CINCO AUTONÓMICAS
Al Tribunal de Cuentas le compete realizar las fiscalizaciones de los procesos electorales locales (principalmente las municipales que se convocarán en todo el país), así como de los autonómicos de aquellas comunidades que carecen de órgano de control externo propio (Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia), mientras que en el resto de autonomías el examen lo harán las instituciones autonómicas. En el caso de Castilla-La Mancha, que acaba de recuperar su Cámara de Cuentas, esta fiscalización aún la hará el Tribunal desde Madrid.
Cada institución de control externo deberá publicar una instrucción que contenga estos criterios y procedimientos de fiscalización en su respectivo ámbito competencial, referidos a la admisión de ingresos y gastos electorales, límites máximos de gastos y propuestas de reducción de las subvenciones electorales, entre otros aspectos.
Y lo que han acordado en esta reunión es que todas las instituciones, sea cual sea su ámbito, emitirán las mismas directrices.
El próximo 28 de mayo de 2023 está prevista la celebración de elecciones en los más de 8.000 ayuntamientos de España, así como en otras entidades locales de ámbito regional como son las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco, los Cabildos Insulares canarios, Consejos Insulares de Baleares y el Consejo General de Arán.
También se celebrarán elecciones a las Asambleas de Ceuta y Melilla, y elecciones a las Asambleas legislativas en las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y La Rioja.
CONTABILIDAD SEPARADA
Aunque todos los comicios son el mismo día y la campaña dura lo mismo en las distintas convocatorias, los partidos deben presentar dichas contabilidades de forma separada para cada uno de los procesos, ya que la financiación electoral corresponde a distintas Administraciones públicas y también, en la mayor parte de los casos, su fiscalización se realiza por órganos de control externo diferentes.
La remisión de las contabilidades de los procesos electorales que serán competencia del Tribual de Cuentas se realizará por medios a través de la sede electrónica de la Institución. Este procedimiento ya se puso en marcha con éxito en las elecciones locales y autonómicas de 2019 y contribuyó a la mejora de la eficiencia y una mayor agilidad en el control de los resultados.
Según destaca el Tribunal, «las actuaciones dirigidas a promover la coordinación y la colaboración entre las Instituciones fiscalizadoras potencian el enriquecimiento recíproco en materia de fiscalización y la homogeneización de los criterios y procedimientos para el desarrollo de sus respectivas competencias, reforzando el control a nivel global y añadiendo valor a sus resultados».
Siguiendo con esta «buena sintonía y colaboración», el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo se han emplazado a nuevas reuniones antes de los comicios. A final de año, el Tribunal de Cuentas deberá acometer además la fiscalización de las elecciones a las Cortes Generales y ya en 2024 se encargará de los comicios al Parlamento Europeo.
