Las condiciones de la detención en las que se encuentran las mujeres recluidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche han sido denunciadas por la organización Mundo en Movimiento, que en su más reciente informe al que ha titulado “Represión y encierro. Análisis interseccional de la violencia en el internamiento de personas extranjeras”, advierte que la mayoría de las mujeres que permanecieron detenidas en ese lugar recibieron maltrato por parte de las autoridades del centro.
Este estudio que fue elaborado con los datos recogidos durante 2021 y 2022 señala que 69% de las detenidas fueron capturadas por mantenerse en el país en situación irregular, a pesar de que 90% desempeñaba alguna actividad económica para subsistir en el país. Un dato curioso para la organización es que 65% de las detenidas en este centro se trataba de mujeres provenientes de países de América Latina y que el otro 19% tenían su origen en países de Europa del este.
Los investigadores de la ONG determinaron que 53% de las mujeres migrantes que estuvieron en el CIE de Aluche se dedicaban a la prostitución y que aquellas que no eran heterosexuales sufrieron algún tipo de vejación por parte de las autoridades del centro durante el tiempo que estuvieron recluidas.
Hay que recordar que estos lugares fueron creados para agilizar los procesos de devolución de migrantes irregulares a sus países de origen y que de acuerdo con la normativa vigente en el país, el tiempo máximo de reclusión en estos centros es de 60 días, pues en el caso de que los migrantes no logren ser identificados por las autoridades de sus países, deben ser puestos en libertad.
«Sabemos que en 2021 el total de las deportaciones forzosas desde el territorio español fue de 3.594 y que 1.841 personas fueron internadas en un CIE (1.824 hombres y 17 mujeres), de las cuales 927 fueron deportadas», señala el reporte elaborado por Mundo en Movimiento. La organización señala que estas cifras indican que la mayoría de las deportaciones que se llegaron a hacer en el país en ese periodo se hicieron a personas que no pasaron por el CIE, sino que fueron devueltas a sus países directamente desde las comisarías de la Policía Nacional tras ser detenidos, mientras que quienes sí llegaron a pasar por los calabozos del CIE, solo fueron expulsados del país la mitad de ellos.
«Es decir, el Estado privó de libertad a 847 personas por motivos ocultos, distintos a los previstos en la ley y, además lo hizo en centros que, por su propia configuración, suponen la vulneración de muchos otros derechos fundamentales, como se puede observar en este informe y en otras publicaciones de las entidades y los colectivos que defendemos los derechos de las personas migrantes, desde el Defensor del Pueblo y desde otras instituciones nacionales e internacionales, como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura o los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)», señala el informe elaborado por esta ong.
Las cifras dadas a conocer señalan que un total de 977 personas, 915 hombres y 62 mujeres, fueron internadas en el CIE de Madrid en 2021 y 2022. Para la organización otro de los datos relevantes obtenidos durante la investigación que realizaron fue que al menos el 66% de las mujeres detenidas por las autoridades y llevadas al CIE tenían a su cargo familiares, lo que suponía una situación aún más compleja, debido a las condiciones en las que quedaban los parientes durante el tiempo de la reclusión o tras su expulsión de España.
«Estas mujeres llevaban residiendo en el territorio español una media de seis años cuando
fueron internadas. Al menos el 65% de ellas llevaba más de un año, pero llama la atención
que 15 de las 62 mujeres (24%) llevaban más de cinco años, ocho llevaban más de 10 años
(13%) y tres mujeres habían estado residiendo en el territorio 20 años antes de ser
internadas en el CIE (5%)», por lo que la actuación de las autoridades además resulta preocupante cuando intenta expulsar del país a personas que llevan tanto tiempo residiendo en el país, en lugar de permitirles acceder a alguna de las alternativas que contempla la legislación para obtener la residencia legal en España.
