La Sala de lo Penal sufre su primera baja desde que el CGPJ no puede hacer nombramientos discrecionales.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha sufrido este jueves su primera baja desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no puede hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial por estar en funciones –situación en la que lleva desde 2018–, debido a la jubilación del magistrado Miguel Colmenero, lo que eleva a 80 las vacantes en los altos tribunales.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara la jubilación forzosa del magistrado por cumplir la edad legalmente establecida este 13 de abril.
Fuentes jurídicas indican que con la salida de Colmenero se produce la primera baja en la Sala de lo Penal, que pasa de 15 a 14 magistrados. Según recoge la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, esta sala debería estar compuesta por 15: un presidente y 14 magistrados.
Con la jubilación de Colmenero ya son 22 las vacantes en el Supremo, que sufre bajas en casi todas sus Salas. La Sala de lo Civil tiene 8 de los 10 magistrados que le corresponden; la de lo Contencioso-Administrativo cuenta con 21 de los 33 que debería de tener y en 2023 espera una nueva jubilación; la de lo Social, con 8 de los 13 que le corresponde, en julio sumará otra vacante; y lo Militar tiene 6 de los 8 magistrados que debería tener y en septiembre contará con uno menos.
Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que en total ya son 80 las vacantes en la cúpula judicial, porque a las 22 del Tribunal Supremo se añaden las registradas en la Audiencia Nacional (1), las audiencias provinciales (24) y tribunales superiores de justicia (33).
LETRADOS DE REFUERZO
Ante este escenario, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado febrero solicitar al Ministerio de Justicia –dirigido por Pilar Llop– que autorizase la creación de 15 nuevas plazas de letrado para dar apoyo a dos de las Salas del Supremo que acumulan mayor número de vacantes.
La Comisión explicó que, en concreto, es necesaria la creación de 8 plazas de letrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y 7 en la Sala de lo Social. La función de esos letrados sería asistir a las secciones de enjuiciamiento mediante el estudio y la documentación de asuntos pendientes, permitiendo así que se dicte un mayor número de sentencias.
Según el informe del Gabinete Técnico del TS, sólo entre esas dos salas se dictarán en el año 2023 un total de 1.230 sentencias menos –570 en Contencioso y 660 en Social– de mantenerse la situación actual, sin refuerzos. A finales de marzo, el CGPJ avisó a Bruselas de que el Ministerio de Justicia le había avanzado que iba a «autorizar» los 15 letrados de refuerzo para el Gabinete Técnico del Supremo.
