El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, procesado en la causa ‘Kitchen’, en la que se ha investigado la presunta operación parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ha solicitado al juez que instruye el caso que expulse de la causa a las formaciones políticas PSOE y Podemos al entender que se vulnera su derecho a un proceso con todas las garantías y que se da «una evidente ruptura de la igualdad de armas procesales» porque estos partidos ostentan «la triple condición de parte procesal (acusación popular), mayoría parlamentaria (Poder Legislativo), y Gobierno (Poder Ejecutivo)».
En un escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, se acusa a esos partidos de llevar a cabo un «proceso paralelo» y pone como ejemplo la comisión de investigación sobre ‘Kitchen’ que desarrolló sus trabajos en el Parlamento mientras una parte de la investigación judicial realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 se encontraba bajo secreto de sumario.
A su juicio, basta con leer las sesiones celebradas en el Congreso «para observar que los representantes de los partidos políticos Podemos y PSOE utilizaron información procedente del presente procedimiento en dichas sesiones».
Al hilo, recuerda el escrito que Martínez, tras leer las conclusiones de ese órgano parlamentario en febrero de 2022, entendió que se «vulneraban sus derechos fundamentales al honor, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías» por lo que interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, la defensa de Martínez menciona las publicaciones en medios de comunicación relativas a sus chats personales que el Juzgado incorporó a la plataforma virtual Cloud y señala que esa filtración de conversaciones que nada tenían que ver con la causa vino de alguna de las partes personadas en el presente procedimiento, «cuestión que está siendo objeto de investigación a instancia de esta parte.
En relación a esos chats, que el propio juez ordenó poco después de las publicaciones que fueran retiradas de la plataforma virtual tras un escrito del propio Martínez, la defensa señala que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en sesión de control del Pleno del Congreso de los Diputados de 15 de marzo de 2023 acusó a su mandante de «romper ordenadores» y «sustraer pruebas de corrupción para evitar la acción de la justicia».
Añade que en otra ocasión, el responsable de Interior dijo que ellos no utilizaban fondos reservados «para evitar actuaciones judiciales». Por eso, entiende que Grande-Marlaska abiertamente acusa a Martínez de la comisión de los delitos objeto de investigación en la pieza número 7 de ‘Tándem’ «sin referencia o salvedad alguna de la presunción de inocencia y, sobre todo, sin tener en cuenta la condición de parte procesal de los partidos políticos PSOE y Podemos».
Así las cosas, la representación legal del ex número dos de Interior considera que esta «permanente confusión y solapamiento de funciones e intereses» entre quien, por un lado, es parte en el procedimiento como acusación popular y al mismo tiempo forma la mayoría parlamentaria e integra el Gobierno de coalición que, a través del Consejo de Ministros, debe tomar decisiones como la desclasificación de documentos secretos e incluso la interpretación de cuestiones esenciales para la defensa, «vulnera de manera manifiesta el derecho a un proceso con todas las garantías». «Dicha vulneración ha provocado y provoca indefensión a esta parte», mantiene.
Esa triple condición, incide, genera «una evidente ruptura de la igualdad de armas procesales y una confusión de intereses en la actuación de dichas partes procesales y miembros del Ejecutivo y del Legislativo, hasta el punto de que la investigación parlamentaria se presenta como una suerte de proceso paralelo y condena anticipada, evidentemente sin ningún tipo de garantías (…)para los investigados».
Al hilo, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha señalado que la igualdad de armas es una característica inherente de un juicio justo, y que requiere que cada parte tenga «una oportunidad razonable de presentar su caso en condiciones que no la coloquen en desventaja frente a su oponente».
Y añade que ese mismo tribunal en el caso Agrokompleks contra Ucrania en 2011 subrayó que el principio de independencia judicial «impone obligaciones a todas las demás autoridades estatales de respetar y acatar las sentencias y decisiones de los tribunales y abstenerse de interferir en las causas judiciales».
Insiste así en que las declaraciones vertidas por el ministro o por diputados suponen una injerencia porque «interfieren y contaminan, de forma evidente, la función jurisdiccional que corresponde, de forma exclusiva, a los jueces y magistrados que forman el Poder Judicial».
«Máxime cuando los miembros del Ejecutivo que forman parte de los partidos políticos personados como acusación en el presente procedimiento, deben tomar decisiones de evidente trascendencia para el mismo, como es la desclasificación o no de determinados documentos que forman parte de los Secretos de Estado», asevera, para luego advertir de que «el Estado, en definitiva, no ha sido neutral en el desarrollo de la instrucción».
En este sentido, la defensa de Martínez vaticina que con la inminente celebración de elecciones autonómicas y locales así como la cercana celebración de elecciones generales «aflorarán toda clase de reproches a conductas ilícitas de los rivales políticos» y se aprovechará «más que nunca esa triple condición de acusación popular, mayoría parlamentaria –con la creación de una nueva comisión de investigación– y Gobierno de coalición, en perjuicio del derecho de esta parte a un proceso con todas las garantías».
En su escrito, Martínez menciona el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 para indicar que resulta irónico que sobre la acusación popular recoja que «se considera que los partidos políticos y los sindicatos, por su peculiar inserción en el orden constitucional como organizaciones de relevancia pública y por el especial riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político, deben estar también excluidos del ejercicio de esta acción».
Por eso, entiende que «esa sensata afirmación» lleva a pensar que la acusación de PSOE y Podemos en Kitchen es «una evidente infracción de los artículos 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del artículo 7.2 del Código Civil, «que imponen a las partes la obligación de actuar dentro del proceso bajo el principio de buena fe procesal y proscriben el abuso de Derecho».
Así, y para evitar «juicios paralelos» solicitan al magistrado Manuel García Castellón que expulse del proceso a esas formaciones políticas «para no perseverar en la lesión de derechos fundamentales». Y adelanta que esta petición se realiza también a efectos de un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, ante el TEDH.
