El Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid acordó el pasado viernes la puesta en libertad del que fuera presidente de la Gremial del Taxi de Madrid y de la Unión Nacional de Asociaciones Libres de Autopatronos y Empresarios del Taxi, José Antonio Parrondo, después de su detención por un presunto delito de estafa.
En un auto, el titular del Juzgado, el magistrado Jaime Serret, decretó la libertad condicional sin fianza de Parrondo, para quien llegó a dictarse un auto de busca y captura después de que no compareciese al llamamiento judicial.
Fue el pasado 10 de abril cuando el juez instó a las autoridades a que procediesen a la detención y presentación ante el Juzgado de Parrondo. Cuatro días después, el pasado viernes, el magistrado pudo tomar declaración al expresidente de la Gremial del Taxi y acordar su libertad condicional.
Todo ello a raíz de la denuncia presentada por ServiLegal Abogados contra Parrondo y la sociedad Flota Azul Cars a instancias de un hombre que habría sido presuntamente estafado a través de un anuncio de venta de licencias de VTC «que son las que utiliza Uber y Cabify para prestar servicio».
El cliente del bufete, según consta en la citada denuncia, «contactó con la parte denunciada» al estar «interesado en la compra de dos licencias». «De esta forma, los denunciados se ganaron la confianza para que mi mandante les entregara 62.000 euros en total a cambio de dos licencias de VTC, realizando el pago por la compra de las licencias, que nunca se han entregado», relata.
En este contexto, el despacho detalla en su escrito que la presunta víctima «ha venido insistiendo durante cinco meses en la entrega de las licencias, sin que hasta la fecha se haya dado escrito de cesión alguno, ni haya constancia de trámite de cambio de titularidad».
Así las cosas, ServiLegal apunta que después de realizar «consulta oficial en Transportes» descubrieron que las autorizaciones de VTC «no son de la parte vendedora, desconociendo si dichas autorizaciones siquiera existen de verdad».
En declaraciones, el director del despacho, Ignacio Palomar Ruiz, ha sostenido que «la acción para evadir la justicia» por parte de Parrondo «era notoria». «Agradecemos a las fuerzas del orden su ayuda en el presente caso, y celebramos la eficacia del juzgado que instruye nuestro proceso penal. Esperamos que este incidente haga entrar en razón al investigado y que devuelva lo que no es suyo sin demora, pues se está jugando años de prisión», ha apostillado.