Los miembros de la Plataforma de Afectados por la okupación y la inquiokupación manifestaron su rechazo contra la nueva ley de viviendas que pretende impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez, de la mano con Podemos y advierte que las autoridades ignoran hablar del tema deliberadamente, lo que consideran que propiciará que continúen ocurriendo estas situaciones en todo el país.
Estas personas señalan que comprenden perfectamente el problema de la vivienda y la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias que realmente tienen la necesidad de cubrir la necesidad de obtener un lugar donde vivir, pero señalan que esta responsabilidad no se le puede atribuir a terceros, al pretender que sean los propietarios quienes resuelvan esta situación.
Esta ley, impulsada por Podemos y que ahora es respaldada por el PSOE y los demás socios de Gobierno, busca ponerle un freno a los grandes tenedores de propiedades, según señaló Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma, quien destacó que el problema es que por ninguna parte se habla de los pequeños propietarios que se ven afectados por mafias que se dedican a buscar inmuebles vacíos por todas las ciudades, para ocuparlos o para alquilarlos y posteriormente dejar de pagar los alquileres.
Los afectados instan al Gobierno a que sean las distintas administraciones quienes asuman sus responsabilidades en materia de integración de las personas y colectivos en la sociedad, así como valorar y solucionar sus posibles dificultades sociales, aportando recursos que mejoren la calidad de vida y prevengan la exclusión social.
La aprobación de esta ley en este momento ha generado ruido en varios sectores que consideran que se hace solo por la presión electoral que tiene el Gobierno en este momento, donde pretende ganar apoyos en nichos de población sensibles, como los pensionados, los funcionarios y ahora con la población vulnerable que no tiene acceso a la vivienda, debido a los altos costos de los alquileres y las dificultades para poder acceder al mercado hipotecario, debido a los índices de ingresos económicos.
«Esta es una ley que está mal hecha de forma y de fondo. Nosotros hemos intentado conversar con la ministra Belarra desde 2019 para exponerle cuál es la situación y no nos han recibido. También hemos enviado desde hace 22 meses le hemos pedido a la ministra de Justicia, Pilar Llop y nunca nos han querido recibir para que se enteren de todo lo que pasa y de cómo cientos de personas se han visto afectados por este problema de la okupación», expresó Bravo a Moncloa.com
Ya hace algunas semanas atrás la propia ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra había advertido que no era una ley perfecta, pero que era necesaria su aprobación, por los que los críticos señalan que aprobarla sin analizar correctamente cuáles podrían ser las consecuencias podría ocasionar el mismo impacto que ha tenido en el país la Ley de sólo sí es sí que ha dejado en libertad a más de 100 agresores sexuales y que ha provocado la reducción de las penas de otros mil implicados en casos de agresiones sexuales, y que ahora el Gobierno pretender solucionar con una reforma del texto y con el perdón a las víctimas que ha pedido el presidente Pedro Sánchez.
El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación señaló que esta es una ley garantista para proteger a las familias vulnerables, con lo que ellos están de acuerdo, pero señalan que son los Servicios Sociales los que se deben hacer cargo de buscar soluciones para estas personas y no los propietarios de viviendas, pues consideran que de acuerdo con lo que contempla la ley, los grandes tenedores de propiedades estarán obligados a ceder sus inmuebles para alquileres de interés social.
«Las estimaciones que hemos hecho es que en España hay aproximadamente 80 mil viviendas okupadas y alquiokupadas y es un fenómeno que ha crecido mucho desde 2015, pero ahora el Gobierno se saca una ley que ni siquiera habla del tema de la okupación, cuando todo el mundo sabe cómo operan las mafias y que se están creando franquicias de okupas por todos lados», expresó Bravo.
En el boletín que los miembros de la Plataforma hicieron llegar a los medios de comunicación hablan además de temas como el allanamiento, la usurpación o el impago de las rentas, que tienen múltiples casuísticas y agentes implicados, y que si bien, la ley no deja constancia de ellas ni sus implicaciones, así como las propuestas para revertir la situación de los propietarios de las viviendas, quienes según la legislación actual deben de afrontar el impago de las rentas, los costes de suministros, los impuestos y los gastos judiciales para recuperar su propiedad.
La plataforma hace un llamado a todas aquellas personas que se vean afectadas por las okupaciones a ponerse en contacto con ellos para organizarse y buscar estrategias para tratar de impedir que se apruebe esta ley que no contempla la okupación como un delito. Los interesados pueden ingresar a la página www.leyantiocupas.com y ponerse en contacto con ellos a través de las redes sociales o llamarlos a través del 642 456 426.
