Mientras Podemos y el PSOE celebran la aprobación de la nueva Ley de Viviendas, los miembros de la Plataforma de Afectados por las Okupaciones consideran que este texto legal propiciará las invasiones de inmuebles en el país, debido a que no contempla este problema ni ofrece garantías a los pequeños propietarios, dándole luz verde a las mafias que se dedican a ocupar inmuebles para que con tan solo declararse como familias vulnerables puedan vivir, con impunidad, donde les apetezca.
Esta organización, que lleva años tratando de buscar garantías legales para proteger a los pequeños propietarios que se han visto afectados por la invasión de sus viviendas, ha hecho una vigilia frente al Congreso de los Diputados la noche previa a la aprobación de la ley, con la intención de llamar la atención de los parlamentarios, una vez más, para que reconsideren las consecuencias que podrían traer el texto legal impulsado por Podemos y avalado por el PSOE, que han decidido sacarlo como una medida electoral para ganar votos, de cara a las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo y las generales que serán en noviembre.
Ricardo Bravo, portavoz de la organización de afectados por las ocupaciones, señaló a Moncloa.com que una de las consecuencias de esta ley de viviendas sería la «legalización» de las mafias que se dedicas a invadir inmuebles de pequeños propietarios y que esto creará un efecto de «llamada», lo que podría ocasionar que se comiencen a dar cada vez más casos.
El portavoz de los afectados aseguró que ya introdujeron una petición en la Unión Europea para que conozca de la situación e interceda por los derechos de los afectados ante el Gobierno de España, que justo antes de finalizar la legislatura ha decidido meterse con el tema de la vivienda, impulsando una ley que ellos consideran que vulnera los derechos de los pequeños propietarios víctimas de las ocupaciones.
«Hemos pedido a todos los partidos políticos, que sí bien es cierto que creemos que es necesario que se respeten los derechos de las familias vulnerables, también sean respetados nuestros derechos. Podemos entender la situación, pero esa no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del Estado y son ellos los que se tienen que encargar de las familias vulnerables, no de los pequeños propietarios; lo que están planteando es la solución fácil», expresó Bravo en conversación con Moncloa.com
En relación con la vigilia que hicieron la noche del miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados, los afectados por las ocupaciones se quedaron esperando por los parlamentarios hasta las 2 de la madrugada, pero solo fueron atendidos por un representante del Partido Popular y por el diputado Edmundo Ball de Ciudadanos y reiteraron que tanto el PSOE como Podemos los han ignorado, a pesar de las múltiples oportunidades en las que les han solicitado reuniones para conversar sobre la situación.
Asimismo, Bravo respondió a las informaciones que señalan que las cifras de ocupaciones han disminuido en el país, tal como lo señaló el Ministerio del Interior en sus estadísticas publicadas recientemente. Advirtió la realidad es que existe una cifra negra de casos no denunciados ante las autoridades, debido a que las víctimas prefieren utilizar otros mecanismos para procurar el desalojo de sus propiedades, porque saben que la vía judicial es poco efectiva y muy lenta.
«Cada cifra de esas lleva una interpretación. ¿Ha cambiado algo para que no sucedan las ocupaciones? No. Esas estadísticas son las que son porque quienes sufrimos una ocupación ya no denunciamos y buscamos una fórmula más rápida de resolver, por lo que obviamente el Gobierno va a decir que las cifras se han reducido, pero esa no es la realidad», expresó Ricardo Bravo.
La Ley de viviendas que fue aprobada contempla poner un tope al precio de los alquileres, que no podrán aumentar más de 2% en 2023, 3% en 2024 y a partir del 2025 los aumentos estarán indexados al IPC; pero además, el Gobierno pretende solucionar el problema de la vivienda en España obligando a las promotoras privadas a incluir 40% de viviendas de interés social en sus proyectos nuevos y de ese porcentaje la mitad deberá estar destinado a los alquileres preferenciales, como alternativa para solucionar el hecho de que durante toda la legislatura de Pedro Sánchez no se hizo nada al respecto y ahora, en plena precampaña electoral se ha querido utilizar el tema de la vivienda como ficha de canje.
