Los funcionarios de la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha decidido solicitar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska la aplicación inmediata de las jornadas de trabajo de 35 horas semanales, que fue acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco de los Presupuestos Generales del Estado 2023, y que de acuerdo con los uniformados, todas las instituciones del Estado están obligados a cumplir.
Esta petición formó parte de una lista de tres aspectos que los uniformados de la Guardia Civil esperan que las autoridades del Ministerio del Interior tomen en cuenta durante los próximos meses. Los otros aspectos que solicitan considerar son la jubilación anticipada a los 60 años y la equiparación salarial que advierten que todavía no se ha logrado.
El anuncio se dio en el marco de la celebración de XXI Asamblea General Anual celebrada en días pasados en Murcia, en la que participaron más de 150 uniformados de los que trabajan en esa región del sur del país. «Centrados en nuestra región destacan la exigencia de aumento de las plantillas sobre todo operativas (Seguridad Ciudadana, Trafico, SEPRONA, Servicio Marítimo, etc.) congeladas desde hace años y que impiden prestar un servicio de calidad a los ciudadanos, la antigüedad de los vehículos policiales o el estado de ruindad y falta de mantenimiento de muchos acuartelamientos destacando el de Cartagena con cornisas y voladizos apuntalados desde hace años y sin una solución en el horizonte», señalaron los uniformados en un boletín que fue compartido con los medios de comunicación.
Los uniformados que forman parte de la AUGC esperan que con el cambio dentro de la directiva y con la llegada de Mercedes González a la institución se comiencen a evaluar todas las peticiones que tienen, de manera que se les vaya dando respuesta a cada una de ellas, debido a que durante toda la gestión de María Gámez no fueron atendidas.
Desde la AUGC expresaron que le tienden la mano tanto al Coronel Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil en Murcia como a la nueva delegada del Gobierno, Caridad Rives, para solucionar aquellos problemas diarios de los guardias civiles que al mismo tiempo afectan al servicio que se presta a los ciudadanos.
Esta asamblea que se celebró en Murcia ocurrió posterior al primer encuentro que los uniformados sostuvieron con Mercedes González tras su designación como directora de la Guardia Civil, a consecuencia de la renuncia de María Gámez, quine prefirió dar un paso al frente para salir de la institución debido a la investigación que se abrió en contra de su esposo, Juan Carlos Martínez, por supuestamente haber recibido fondos irregulares, de manera indirecta, por parte de la Junta de Andalucía, entre 2009 y 2011, proceso que aún está en manos de la justicia, que recientemente decidió imputar al esposo de la ahora exdirectora de la Guardia Civil.
«El mando de personal tuvo que rectificar al afirmar que este acuerdo excluye a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuestión rebatida por AUGC y donde finalmente nos dieron la razón, sin embargo la DGGC no tiene intención de avanzar hacia el siglo XXI perpetuando una Guardia Civil del siglo pasado», señalaron los miembros del sindicato de uniformados.
Este cuerpo uniformado recientemente hizo llegar a las autoridades del Ministerio del Interior un “Plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática de la Guardia Civil”, que incluye medidas que pretenden implementar dentro de la Guardia Civil y que han sido anunciadas por el mando de personal.
«Estas medidas incluyen un plan de gobernanza, un plan de acción ética profesional, un protocolo de buenas prácticas, un sistema de información interna y por último, un observatorio de conducta ética. En definitiva se trata de cuestiones que afectan al código deontológico y que AUGC venía demandando, sin embargo habrá que esperar para ver si estas acciones son eficaces y si contarán con una verdadera participación de los representantes de los guardias civiles a través de las asociaciones profesionales», expresaron los uniformados en su página web.
Estos anuncios vienen como parte de la respuesta del organismo de seguridad a los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos funcionarios de la Guardia Civil, especialmente de sus altos manos, como el caso Mediador.
