Feliu (ANC) pide al Govern un fondo para financiar gastos y querellas derivados del caso Pegasus

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha pedido este viernes al Govern la creación de un fondo para financiar gastos derivados de la investigación de teléfonos móviles de víctimas potenciales del caso Pegasus y de las querellas que se presenten.

En su intervención en la comisión de investigación en el Parlament sobre el espionaje a independentistas, ha argumentado la necesidad de crear el fondo para sufragar los gastos que surjan de la investigación de los teléfonos móviles para «aclarar cuántas víctimas hay y no abandonar las personas que sufren esta inseguridad a su suerte«.

También ha reclamado financiación para dotar a las personas espiadas de defensa jurídica y asistencia técnica y psicológica «para evitar que se queden sin recursos ni ampara» así como para reparar posibles daños.

Además, ha trasladado que les gustaría que el Govern hiciera «campañas de concienciación sobre el riesgo de ser espiado» y pusieran herramientas a disposición de la sociedad civil para dificultarlo.

«El espionaje ilegitimo contra miembros de la sociedad civil supone un abuso flagrante de los derechos fundamentales y merece una investigación a fondo para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, pero el Estado nos lo deniega», ha lamentado Feliu, tras precisar que, como mínimo, seis personas de la ANC fueron espiadas con Pegasus, aunque cree que potencialmente pueden haber más.

Se trata de los expresidentes de la entidad Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie; de dos miembros del secretariado –Sònia Urpí y Arià Bayé–; del activista territorial Jordi Domingo, y del experto en ‘blockchain’ Jordi Baylina.

Según Feliu, ninguno de ellos ha recibido ninguna comunicación oficial y desconocen si hubo una orden judicial, pero cree que fueron espiados «por defender la independencia de manera pacífica«.

Tras repasar todas las acciones que han llevado a cabo para explicar en diferentes ámbitos, también el internacional, el espionaje al independentismo catalán, ha alertado de que esto «puede pasar a todos» sin necesidad de ser un cargo electo, un miembro del Govern o un activista.

En su opinión, lo ocurrido muestra que hay «un interés evidente en criminalizar al movimiento independentista catalán, pese a que siempre se ha caracterizado por su pacifismo y por defender valores democráticos».

«No se puede invocar la seguridad nacional como pretexto para eliminar la transparencia y el rendimiento de cuentas, y tampoco como carta blanca para justificar vulneraciones de derechos fundamentales«, ha sostenido, tras acusar a estamentos judiciales de estar creando un relato para asociar el movimiento independentistas al terrorismo –literalmente–, que cree que se podría usar para legitimar el espionaje.

También ha llamado a «luchar conjuntamente ante los abusos del Estado para ser más efectivos» y para que las medidas que emprendieran fueran más fructíferas.

En la comisión también ha intervenido el presidente de Òmnium, Xavier Antich, que ha anunciado que han presentado nuevas pruebas periciales en la querella por Pegasus que constatan que, como mínimo, cuatro personas de la entidad fueron infectadas: la periodista Txell Bonet, mujer del expresidente de la entidad Jordi Cuixart; el exvicepresidente de Òmnium Marcel Mauri; el miembro de la junta Jordi Bosch, y una representante del equipo legal e internacional, Elena Jiménez.

Tras asegurar que es el caso certificado de infección con Pegasus más grande del mundo y puede ser muy superior, ha alertado del efecto multiplicador que conlleva haberles espiado por toda la red de entidades con las que trabajan: «Es una vulneración de derechos exponencial y masiva de las sociedad civil. Espiando a Òmnium se ha espiado a Amnistía Internacional, relatores de la ONU y a Front Line Defenders«, entre otros.

«Espiar y reprimir a la sociedad civil es especialmente grave cuando quién comete estas barbaridad es un Estado supuestamente democrático», ha señalado Antich, que cree que con ello buscan un efecto disuasorio entre los activistas.

En su opinión, el espionaje a independentistas es «la enésima herramienta represiva del Estado» utilizada contra el movimiento, y ha defendido que el caso, en una democracia plena, habría derivado en una crisis de estado y se hubiera impulsado una investigación independiente y asunción de responsabilidades.

El diputado del PSC Oscar Aparicio ha cuestionado los «absolutismos y apriorismos» utilizados por Feliu y Antich en sus intervenciones al referirse al Estado y les ha pedido que los aparcaran.

Desde ERC, el diputado Rubén Wagensberg ha destacado la importancia de que Feliu y Antich hayan podido explicarse en la Cámara como líderes de la ANC y Òmnium, y además de sostener que «el espionaje es una forma de represión«, ha avisado de que genera indefensión.

«Una democracia no consolidada tiene miedo de la disidencia y mira de combatirla por todos los medios, y si no lo hace debería facilitar la investigación, ser transparente y dar todas las explicaciones posibles. Esto no pasa en el Estado», ha lamentado el diputado de Junts Josep Rius acompañado del diputado Quim Jubert, que se considera otro de las víctimas del espionaje con Pegasus.

La diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha criticado la negativa de algunos ministros de comparecer en la comisión, y no ve inconveniente en que los comparecientes se hayan referido al Estado en sus intervenciones: «El CNI actúa a las órdenes del Gobierno».

Por parte de los comuns, el diputado Lucas Ferro ha preguntado a Feliu y Antich por el impacto que ha tenido sobre sus organizaciones el hecho de haber sido espiados, y ha criticado que se pueda cuestionar su testimonio.

El diputado de Cs Nacho Martín Blanco ha afeado a los dirigentes de la ANC y Òmnium dar «lecciones de democracia cuando fueron el brazo civil del golpe de estado de 2017», y tras acusarles de falta de rigor, ha defendido que los estados deben defenderse de posibles ataques a su integridad territorial.